Megaminería y urgencia ambiental en Chubut

Por Mempo Giardinelli. En la Provincia de Chubut se verifica en estos días un fuerte rechazo al proyecto que el Ejecutivo Provincial presentó en la Legislatura hace dos meses, llamado de «rezonificación», pero que en realidad esconde la absoluta permisividad para la megaminería a cielo abierto, ya rechazada en otras ocasiones por el pueblo chubutense.

Este proyecto está siendo expresamente rechazado una vez más en las calles de Trelew, Esquel, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Lago Puelo y muchas otras localidades de la provincia.

La respuesta creció la última semana, luego de que entre el 18 y el 23 de enero pasados el gobernador Mariano Arcioni organizó una serie de exposiciones y videoconferencias de las que participó el Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, supuestamente mostrando «el alineamiento extractivista que le baja Alberto Fernández al gobierno provincial», según interpretaron medios afines que también difundieron una reunión de Arcioni con Sergio Massa, quien habría expresado «total apoyo al proyecto».

Lo cierto es que hoy en Chubut, como en otras ocasiones, parece haber mucha gente pasándose de la desesperación a la lucha, porque ­–como explica Juan Pablo Nievas, Licenciado en Ciencias Biológicas y docente, y miembro de la Fundación Ceferino Namuncura– «el gobierno provincial y en particular el gobernador Arcioni ya no pueden tapar la espantosa realidad que vivimos en esta provincia, donde en los últimos 3 años hubo apenas 180 días de clase presencial en nuestras escuelas públicas, y donde los docentes perciben sus salarios con dos o tres meses de demora, no cobran aguinaldos o sólo algunos pocos y en cuotas, y no es extraño encontrar chicos y chicas con dificultades para leer».

En todo Chubut circula profusamente una carta abierta dirigida a los gobiernos provincial y nacional, en la que se denuncia «el intento de aprobar como sea, aun sin licencia social, la actividad minera metalífera en los departamentos de Gastre y Telsen», ubicados ambos en la meseta centro-norte chubutense. Allí corren peligro dos pequeños poblados: Gan Gan, con sólo 500 habitantes, un microclima benigno, antiguos viñedos y un manantial de aguas termales; y nuevamente Gastre, donde en los 90 y desde Buenos Aires el menemismo pretendió instalar un basurero nuclear internacional, disparate que fue frenado por la gran movilización popular de l@s chubutenses desde Esquel al Atlántico, pero que igual dejó huellas nocivas: si hace 60 años Gastre tenía 3.000 habitantes, hoy tiene sólo 600.

Por su lado Carlos Silvestri, referente local del Manifiesto Argentino Chubut, sostiene que «la actual crisis financiera de la provincia golpea más fuertemente en la zona de la Meseta central y norte, que es la apuntada por las mineras extranjeras como ideal para sus futuras, hipotéticas explotaciones. En esas regiones es histórica la crisis en las actividades productivas tradicionales, que son poco diversas. La desertificación es un proceso que afecta a muchas zonas de la meseta, donde la despoblación aumenta desde hace décadas y eso explica cierto impacto del canto de sirena del empleo que prometen las mineras”.

«La oposición a la megaminería y al proyecto de zonificación se ha generalizado», opina asimismo Silvia de los Santos, abogada litigante en casos de interés público, de Comodoro Rivadavia. «El actual proyecto impulsado por el gobierno provincial se titula ‘Desarrollo industrial metalífero sustentable’ y sus promotores son el gobernador Arcioni y el vice, Ricardo Sastre, pero la oposición a la megaminería, o sea la minería metalífera a cielo abierto, es cada vez más sólida y rechaza todo modelo basado en lógicas patriarcales, economicistas, predatorias y cortoplacistas, que no contemplan las autodeterminaciones de los pueblos en el diseño de un futuro en el que la calidad socioambiental del territorio sea prioritaria».

Es claro que el gobierno de Arcioni y sus medios afines propagandizan la idea de “minería sustentable”. Pero «ésa es una expresión falaz –razona desde Esquel Lino Pizzolon, especialista en Ecología Acuática, del Observatorio del Agua de la Universidad Nacional San Juan Bosco (UNSJP)­– y es falaz porque es imposible que sea sustentable una actividad que utiliza explosivos para detonar millones de toneladas de tierra, emplea químicos contaminantes, demanda millones de litros de agua potable, contamina el aire, provoca cambios irreversibles en el ecosistema y en la sociedad, y se desarrolla hasta agotar los minerales que busca».

Consciente de la amenaza, el pueblo chubutense ha empezado a manifestarse en las calles y, asombrosamente, con apoyo y concurrencia de instituciones académicas, técnicas, educativas, políticas, sociales, gremiales, sanitarias y hasta religiosas, que no sólo repudian el accionar prepotente del Gobierno, sino también el engaño electoral del año pasado, cuando Arcioni y Sastre hicieron campaña proclamando su rechazo a la megaminería y a todo quebranto ambiental.

Lo cierto es que el proyecto megaminero del gobernador –al que en estos días adhieren inesperadamente diputad@s provinciales de todos los partidos, algunos ya denunciados por cobro de coimas o por presentar documentos científicos falseados– traiciona sus promesas de campaña. «Nada se planteó de manera participativa ni democrática, y no se consultó a las instituciones científicas y universidades locales con vasta experiencia en investigaciones en la meseta. Tampoco a organizaciones socioambientales ni a comunidades de pueblos originarios», puntualiza desde Puerto Madryn el Dr. Leonardo Venerus, biólogo investigador del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CCT CONICET-CENPAT).

Lo cierto es que se nota, cada vez más, que la megaminería en Chubut no cuenta con aprobación social. «Pese a la propaganda del gobierno –añade Venerus– hay incluso sectores empresariales y alguna parte de la prensa local rechazando la megaminería y el proyecto de zonificación de Arcioni, y da gusto ver a las comunidades originarias de la meseta central, e instituciones académicas y tecnológicas como la UNSJP, la UTN, la Universidad del Chubut, el Conicet y las tres regionales provinciales del INTA, coincidiendo con la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica Metodista y muchas otras organizaciones sociales y políticas de todo Chubut».

Ahora también tiene estado parlamentario el Segundo Proyecto de Iniciativa Popular –una forma de democracia semidirecta estipulada en la Constitución provincial–, avalado por más de 30.000 firmas que reclaman prohibir de forma definitiva toda posibilidad de megaminería.

«Hoy somos una provincia desahuciada cuya población ha hecho esfuerzos enormes para atravesar la pandemia con un sector público moroso y una sociedad desalentada, pero todavía nadie sabe con claridad por qué el Estado provincial está quebrado –dice Venerus– ni adónde fue el dinero que generó la descomunal deuda externa que pesa sobre Chubut, ni por qué el Estado no destinó recursos a promover el desarrollo de zonas que sistemáticamente mantuvo en la marginación». Y eso que desde hace años Chubut es la cuarta provincia más exportadora del país (según el INDEC y gracias a la explotación de petróleo, pesca, lana ovina y aluminio) detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, aunque a diferencia de ellas tiene una ínfima parte de la población del país, lo que deja en claro que el problema es el sistema económico local.

«Hay muchísimos estudios sociológicos en América Latina y en Argentina que demuestran que la actividad minera tiene múltiples efectos negativos sobre toda sociedad. Es un negocio transnacional que promueve la pérdida de las identidades culturales, ejerce influencias antidemocráticas en la prensa y en el Estado, y además afecta la superficie terrestre, contamina el aire, los suelos, el agua superficial y los acuíferos, produce alteraciones en el microclima, afecta flora y fauna local y regional y genera impacto escénico durante y post explotación», completa Pizzolon.

Y «también la Sociedad Argentina de Pediatría ha advertido sobre cómo la explotación minera puede afectar gravemente la salud de las personas a corto, mediano y largo plazo», subraya la Dra. Silvana Dubois, Especialista en en Terapia Intensiva Pediátrica, médica de planta en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Zonal Trelew, y explica que «niñ@s que absorben este metal 6 veces más que l@s adult@s pueden presentar pérdida de coeficiente intelectual, trastornos psiquiátricos, déficit de atención, diarreas, desnutrición, convulsiones e incluso muerte en casos más graves».

La cancelación del cuestionado proyecto del gobierno chubutense parece ser la única solución a este conflicto que crece día a día. Sólo prohibir definitivamente la megaminería en todo el territorio y en todas sus etapas podría poner fin al permanente y peligroso conflicto social de esta provincia patagónica.