Para Macri, la salud mental es cosa de locos

El Ministerio de Salud de la Nación derogó una resolución que instaba a fijar un «límite máximo de camas» con la finalidad de reducir las internaciones en los comúnmente llamados «manicomios». Además, la aplicación de la ya golpeada Ley nacional de Salud Mental quedará en manos de Andrew Santiago Blake, un público opositor a la norma que se debe impulsar. 

InfoBaires24 dialogó en exclusiva con Mario Molina, ex presidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA) y de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), quien explicó que se está llevando adelante una política de ajuste en todos los rubros de la salud.

«Desde que comenzó este Gobierno, el Ministerio de Salud ha ido cerrando programas y no renovando contratos de los trabajadores. Por ejemplo, en Chaco y en Misiones había personal dedicado a trabajo comunitario y atención primaria de la salud, que fue reducido en un 70%».

El escenario es de achique y empobrecimiento

En el caso puntual de la salud mental, se desconoce la Ley nacional de Salud Mental porque prima un paradigma «biologista» pero además, porque se defienden los intereses de las clínicas psiquiátricas privadas; un negocio que la Organización Mundial de la Salud define como “la mayor de las violaciones a los derechos de las personas con padecimiento mental, que es el acceso a los servicios de salud”.

Para la Asociación Pensamiento Penal (PP), “cuestionar la reducción de camas de los servicios monovalentes dilata la posibilidad de externación de los sobrevivientes de salud mental de los neuropsiquiátricos, y perpetúa y legitima el encierro y la alienación de los pacientes, cuando el Estado debiera crear políticas y disponer programas de inclusión social y atención primaria y comunitaria de las personas con este tipo de padecimiento”.

Molina explica que esta Ley representa «una amenaza para los psiquiatras biologistas que ven en la internación y medicalización el único remedio para las problemáticas de salud mental. La ley prevee otras alternativas como el trabajo en comunidad».

«A su vez, la ley tiene un decreto reglamentario que ha creado instancias como es la Comisión Nacional Interministerial de salud mental que este gobierno ha anulado. La misma estaba integrada por usuarios, instituciones, y representantes de todas las carteras (educación, trabajo, desarrollo social), y una vez por mes se reunían para avanzar en las políticas de esta materia».

Según consigna Página 12, al derogar la resolución 1484, el Ministerio de Salud dispuso ahora la creación de una Comisión ad hoc que tendrá a su cargo “la elaboración de normas de habilitación de los establecimientos de Salud Mental y Adicciones”.

La facultad para convocar a los integrantes de esa comisión fue delegada en el director nacional de Salud Mental, Andrew Santiago Blake, declarado y ferviente opositor a la Ley Nacional de Salud Mental y a la Ley 448 vigente en la Ciudad de Buenos Aires.

«Todos nos opusimos a la designación de este doctor, porque nos parecía alarmante su posición desde que era funcionario de la Ciudad», recuerda Molina, e insiste en que la misma línea se sigue en el distrito actualmente, donde el director de Salud Mental también expresó públicamente que no suscribe a la ley nacional.

«El escenario es de achique y empobrecimiento», alerta, por lo que organizaciones, instituciones y profesionales de la salud llaman a una conferencia de prensa este sábado a las 10hs en la sede central de ATE, Av. Belgrano 2527 Capital Federal.