Mónica Macha, senadora por el FPV-PJ, cuestionó el hecho ocurrido el 4 de julio, donde efectivos policiales realizaron allanamientos en casas de trabajadores de la respectiva fábrica recuperada y actual cooperativa, Acoplados del Oeste en Merlo.
El pasado 4 de julio por la noche, efectivos policiales realizaron allanamientos en los domicilios particulares de cuatro miembros de la fábrica recuperada y actual cooperativa Acoplados del Oeste (ex Petinari) en Merlo. La medida fue dispuesta por el Juez Fernando Capello, titular del Juzgado n° 2 de Morón, con la supuesta intención de buscar bienes que habrían sido retirados ilegalmente de las instalaciones de la fábrica.
La senadora del FPV-PJ, Mónica Macha cuestionó los procedimientos y aseguró que “la medida es absolutamente ridícula ya que los bienes que buscaban eran maquinaria pesada, incluso una grúa de más de 20 metros de largo y que pesa 5 toneladas, que como es evidente es imposible que se encuentre en una casa de familia. Esta serie de allanamientos busca amedrentar a los trabajadores y sus familias para que desistan de pelear por su genuina fuente de trabajo. La desproporción y la irracionalidad de la medida nos hace pensar en la denuncia de los trabajadores sobre una connivencia entre el Juez y la familia Petinari. Están usando al poder judicial como herramienta de presión y disciplinamiento de los trabajadores”.
Macha, quién expresó formalmente ante la Legislatura su preocupación y su repudio a los allanamientos, aseveró que “estamos frente a un gobierno que persigue a los trabajadores y trabajadoras, que le quita derechos todos los días y que degrada su calidad de vida.
Tenemos que ponerle un freno a Macri para defender los derechos de los trabajadores porque así no se puede seguir viviendo. Todos los días perdemos derechos, todos los días hay una nueva embestida contra las mayorías populares”. aseguró la senadora.
Vale recordar que la Legislatura provincial aprobó a inicios de este año la expropiación de la planta para ser entregada a la cooperativa para su explotación comercial. Sin embargo, la Gobernadora Vidal vetó la ley poco tiempo después, con lo cual el conflicto sigue abierto.
Los trabajadores de Acoplados del Oeste vienen dando una extensa y dura lucha por conservar sus fuentes de trabajo. Desde el año 2012, cuando empezaron a sufrir el atraso en los pagos de sus sueldos y la amenaza de despidos masivos, hasta el 2014 en que la empresa cerró, dejando a los trabajadores en la calle y adeudándoles sumas millonarias en concepto de sueldos, contribuciones y indemnizaciones.
