Lula preso: En Brasil también la derecha va por todo
La Policía Federal brasileña allanó el domicilio particular del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y lo llevó bajo custodia a prestar declaración, en el marco de la investigación por corrupción en la petrolera estatal Petrobras, informaron hoy fuentes oficiales.
También fueron allanadas la casa de uno de sus hijos y otras residencias cuya propiedad se le atribuye a su familia.
Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Sergio Moro, quien instruye la causa sobre una red que se apropió ilegalmente de unos 2.000 millones de dólares de las arcas de la petrolera.
Según confirmó la Policía Federal, los agentes se presentaron a las 6 de la mañana en la residencia de Lula, en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, en la periferia de San Pablo.
Dentro del mismo operativo, también fueron allanados la sede del Instituto Lula, que dirige el ex presidente; una finca de la localidad paulista de Atibaia y un apartamento en el balneario de Guarujá, entre otros lugares.
Las autoridades sospechan que tanto la finca como el apartamento en Guarujá pertenecen en realidad a Lula, aunque figuran a nombre de otras personas allegadas al ex mandatario.
La mismas fuentes policiales confirmaron a la prensa que también ha sido allanada la residencia en San Pablo de uno de los hijos de Da Silva, que está bajo sospecha de haber actuado participado de los hechos por los que se investiga al ex presidente.
Las autoridades judiciales, que investigan a Lula por sospechas de «ocultación de patrimonio» y «lavado de dinero», han manifestado que hoy mismo ofrecerán detalles sobre la operación en una rueda de prensa.
Mientras tanto, esta mañana Lula era conducido hacia la sede de la Policía Federal en San Pablo para prestar declaración. Hacia allí también se encaminaban en estas horas legisladores afines al líder del Partido de los Trabajadores (PT), para expresarle su solidaridad.
El diputado Carlos Zarattini, del Partido de los Trabajadores (PT), dijo que Lula estaba siendo víctima de «persecución política».
En la misma línea se había pronunciado ayer la presidente del Brasil, Dilma Rousseff, quien opinó que su antecesor y mentor político, Lula, está siendo objeto de un «impeachment cautelar» para evitar que en 2018 vuelva a presentarse como candidato a presidente. También es blanco de la operación Paulo Okamotto, presidente del Instituto Lula.
La operación fue bautizada “Aletheia”, en referencia a la expresión griega que significa en «búsqueda de la verdad».
En total, unos 200 agentes federales y 30 auditores fiscales cumplen 44 órdenes judiciales, que incluyen incautaciones y obligación para declarar en Río de Janeiro, San Pablo y Bahía.
Legisladores «lulistas» se dirigían en estas primeras horas de la mañana a la sede de la Policía Federal en San Pablo, donde Lula debe declarar, para expresar solidaridad con ex mandatario.
La situación del ex presidente pareció agravarse ayer, cuando fue difundida en una revista la presunta declaración del ex senador oficialista Delcidio Amaral, que habría revelado informaciones sobre corrupción en Petrobras a cambio de mejorar su situación judicial.
Según esa información, publicada por la revista Isto E, Amaral dijo en esa «declaración premiada» que el ex mandatario «ordenó» sobornar a algunos de los detenidos a cambio de su silencio y de que no colaborasen con la justicia.
Sin embargo, esa declaración fue desmentida no sólo por el Gobierno y por el propio Lula da Silva, sino también por Amaral, quien afirmó en un comunicado que no se acogió al beneficio de «declaración premiada» para obtener una condena más leve a cambio de información.
