Ley Abrazo en la provincia de Buenos Aires. Una iniciativa presentada por la diputada Lucia Portos para evitar la revictimización en los casos en los que se investigue violencia sexual.
Teniendo en cuenta el alto grado de revictimización y malos tratos que reciben las personas que denuncian violencia sexual en los procesos penales, la diputada provincial Lucia Portos (FPV) presentó el proyecto de Ley Abrazo, que fue acompañado con las firmas de legisladores de un amplio arco político.
Para presentar el Proyecto se realizó un video del que participaron las periodistas Luciana Peker y Flor Alcaraz, la activista feminista Femigangsta y la actriz Thelma Fardin.
El proyecto de ley busca proteger a las personas de la repetición de la violencia durante un proceso penal donde se investigue o juzgue violencia sexual. Señala que: «en los procesos por delitos contra la integridad sexual de las personas no podrá admitirse prueba referida al comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima o de un testigo.» A su vez, establece reglas para evitar inferencias sobre el consentimiento estereotipadas tales como que «no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual».
Los códigos procesales deben establecer reglas que no permitan avanzar sobre la intimidad de las personas, así como inferencias sobre la existencia de consentimiento sin base probatoria. Los argumentos estereotipados son discriminatorios y dejan desprotegidas a las personas en la sustanciación de los procesos donde se investiga y juzga la violencia sexual.
La Cámara de Diputados de la PBA tiene la obligación constitucional de aplicar los tratados internacionales de derechos humanos, en este sentido la CEDAW y la Convención Belem Do Pará ponen especial énfasis en el deber de los Estados en remover estereotipos de género, así como el derecho a ser valorada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
Por esta razón se propone este conjunto de reglas procesales que eviten la apertura de líneas de investigación que indagan sobre la vida y el pasado sexual de las víctimas habilitando el maltrato y la humillación de quienes denuncian o de niñas y adolescentes donde estos delitos deben ser investigados de oficio. La revictimización funciona con un peso muy fuerte disuadiendo a las personas de realizar denuncias, cuando estas defensas, tan ineficientes -pues no tienen relación con la conducta juzgada- como dañinas, son permitidas dentro del proceso.
