Levantan una carpa blanca para pedir “humanidad”
Una nueva carpa blanca se levantó en la ciudad de Córdoba, para reclamar al intendente Ramón Mestre, que reciba a 57 operadoras de trolebuses que fueron despedidas en represalia por haber hecho un paro por aumento salarial.
Viviana Chiatti y su compañera Graciela Caliva, desde hace 12 días cumplen una huelga de hambre en una carpa blanca montada frente a la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, para pedirle “humanidad” al intendente radical Ramón Javier Mestre, de la Alianza Cambiemos.
Son dos de las 57 operadoras de trolebuses despedidas “ilegalmente” por Mestre días atrás, en represalia por el paro de 9 días que llevaron adelante junto a trabajadores del transporte de la capital cordobesa, contra una paritaria cerrada por UTA a nivel nacional que solo les dio un 8 por ciento de aumento para este año, según denunciaron.
Viviana y Graciela acumulaban más de veinte años de antigüedad, cada una, como conductoras en la empresa de transporte municipal TAMSE: de los 68 cesanteados –sin indemnización– por la comuna, el 84 por ciento son mujeres. “Hay una clara discriminación de género, un ensañamiento con las mujeres porque fueron las que se pusieron al frente de la lucha, las que consensuaron con los compañeros, las que fueron voceras”, apunta a este diario Ana Morillo, de la comisión de Género y Violencia Laboral del SUOEM, sindicato de empleados municipales, que forma parte de la Comisión Intersindical de Mujeres de Córdoba, que agrupa a más de veinte gremios de las cuatro centrales, las dos CGT y las dos CTA, que está acompañando la lucha de las guerreras del volante.
En la carpa son cinco las trolebuseras que esperan que Mestre las reciba, para abrir una instancia de negociación que termine en la reincorporación de las despedidas, muchas de ellas jefas de hogar, con hijos pequeños a cargo, que se han quedado no solo sin trabajo, también sin cobertura integral de la obra social. “Somos cinco mujeres que tenemos historias de guerreras de la vida, que hemos sufrido violencia de género, discriminación, hambre y frío y que le estamos haciendo frente a esta situación. Es muy duro lo que está pasando. Este Gobierno busca llevar a todo un pueblo a la esclavitud. Nos despidieron por defender nuestros derechos”, señaló Graciela a Página 12. Este miércoles está previsto un festival artístico para apoyarlas.
El 31 por ciento de los 183 despedidos después del paro es personal femenino, cuando, en realidad, las 130 operadoras de la Tamse representaban solo el 6 por ciento de quienes conducen el servicio público de transporte de pasajeros de la capital cordobesa.
En alianza con los medios locales –que reciben abundante pauta oficial–, el intendente jugó a demonizar a las conductoras, cara visible del conflicto, para convertirse en el “salvador” y el “disciplinador”, frente al malestar que generó entre los usuarios del transporte público la medida de fuerza, que se extendió por más de una semana. Los videos en los que se ven a las operadoras de trolebuses bailando cuarteto se viralizaron y replicaron en páginas web y canales de noticias con clara intención de estigmatizarlas y desautorizarlas.
Los trolebuses llegaron a la ciudad de Córdoba en 1989 de la mano de otro intendente radical, Ramón Bautista Mestre, padre del actual, que sorprendió al incorporar al sistema de pasajeros local –siempre desbordado–, una flota de enormes vehículos eléctricos importados de Rusia, y anunciar que serían operados por mujeres. Toda una innovación, en un gremio –la UTA– donde los varones son mayoría y a ellas les cuesta tanto acceder a un puesto de trabajo.
En la carpa blanca, frente al edificio municipal, viven desde el 14 de julio, Graciela Caliva, de 47 años, madre de cinco hijos, el más pequeño de 6 años, y único sostén de su hogar; Susana Cardoso, de 54 años y con cinco hijos, el menor de 21; Sandra Márquez, de 50 años, con un hermano discapacitado y su madre a cargo; Viviana Gómez, de 47 años, cuyos padres también dependen económicamente de ella, y Viviana Chiatti. Las cinco tienen entre 22 y 25 años de servicio en TAMSE.
El conflicto que derivó en el despido de un total de 182 empleados de las tres empresas privadas de transporte y la municipal TAMSE comenzó a principios de junio, cuando se conoció la paritaria acordada a nivel nacional por el sindicato: 21 por ciento, fraccionado en 3 partes. Pero hasta el 31 de diciembre solo cobrarán el 8 por ciento, apuntó a este diario el técnico electromecánico Luis Almada, delegado de trolebuses de la UTA.
Almada también acompaña el acampe de las cinco guerreras. “Rechazamos la forma en que se aplicaba la paritaria. Decidimos el paro en asamblea, con las bases. Fueron 9 días en total y terminó con 182 despidos, con causa y hasta con el descuento de los días de huelga. El 9 de junio se firmó un acta acuerdo con las empresas: como representante del gremio la suscribió el secretario de Interior de UTA nacional, Jorge Kiener. El lunes 12 nos llaman para que levantáramos el paro y todos los trabajadores quedaban adentro. Al día siguiente se levantó. La UTA nacional juntó firmas para desaforar a los delegados, utilizó a los despedidos para sacarnos los fueros”, relató Almada la secuencia del conflicto. Por entonces, Mestre estaba sacando a la calle el servicio de transporte con gendarmes, inspectores y choferes nuevos con carnets express. Y ninguno de los cesanteados –entre ellos las 57 conductoras– fue reincorporado.
Fuente: www.pagina12.com.ar
