LAWFARE EN EL CONURBANO -Parte 1-

El armado de causas políticas no es sólo patrimonio de Comodoro Py. En el conurbano está la cloaca que “empapeló” a cientos o miles de pibes, consolidó el narcotráfico y sirvió al macrismo para perseguir a militantes sociales y dirigentes peronistas. El caso Moreno.

  El lawfare no es sólo patrimonio de jueces de Comodoro Py. Son muchos los ensayos prospectivos de esta técnica judicial que datan sus orígenes en técnicas militares complejas, originadas en Estados Unidos y China, de una guerra no cinética –no militar- para aplastar enemigos mediante el uso de técnicas psicológicas y de propaganda.

Todo se combina: fake news –falsas noticias-, manipulación de la opinión pública, encuestas tendenciosas y campañas del miedo, como la estigmatización religiosa, clasista de los sectores populares, sexistas, y por supuesto, políticas. Esas tácticas militares se adaptaron en Sudamérica para voltear los gobiernos de Lula y Dilma en Brasil, desgastar al gobierno de Cristina y derrotar a Scioli –apoyándose en cuestiones objetivas para profundizar las divisiones del frente político-; y otras situaciones como en Ecuador, Venezuela entre otros.

Los medios de comunicación concentrados de empresas locales o extranjeras son monopolios que cumplen ese papel. Emiten contenidos y construyen estrategias comunicacionales que sirven a la estrategia de sometimiento, no sólo para una maniobra como el encarcelamiento o sometimiento de la dirigencia opositora, sino para construir tendencias de opinión pública. Son tres patas de una alianza: la política, la judicial y la mediática.

Un universo muchísimo más grande que el de Amado Boudou , Julio De Vido y otros notables políticos y funcionarios kirchneristas. Las investigaciones sobre los grupos ilegales de inteligencia en AFIP (¡Hasta a Messi le espiaron y birlaron la clave fiscal!), Oficina Anticorrupción (Laura Alonso investigando a Diputados Nacionales), UIF, BCRA y otros son espantosos casos de aparatos para perseguir.

Pero poco se dice públicamente de algo totalmente confirmado, de la oficina de inteligencia paralela que hubo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de un alto funcionario. Desde allí se estimulaban denuncias a las organizaciones sociales a través de un 0800, especialmente en períodos en que se llevaban adelante movilizaciones y planes de lucha. Se habrían organizado distintos expedientes que luego fueron causas direccionadas a allanar, procesar o directamente detener a dirigentes sociales.

Es vox populi que el conurbano está lleno de causas armadas desde este mecanismo a organizaciones sociales mediante el método de la denuncia estimulada. “Te mandan a trabajar y no queres, denuncialos”; “tenés miedo que te den la baja, denuncialos”. Cuando creció el hambre mediante la aplicación de una política de endeudamiento nacional y apertura del mercado interno que demolió el aparato productivo y los trabajos formales e informales, crecieron las movilizaciones por programas sociales y alimentos.

La Ley de Emergencia Social que consiguieron las organizaciones sociales y que fue votada por unanimidad en el Congreso Nacional en 2016 otorgó las altas a los movimientos populares, pero las bajas eran potestad del Ministerio. Con firma del 70% reglamentario de los integrantes de las Unidades Productivas donde estaban asentados los planes proponían y Desarrollo Social disponía. Era el Ministerio el que daba la baja. Decenas de miles de programas sociales fueron dados de baja por el Ministerio, estimulando las denuncias, que se volvían sobre las propias organizaciones. En la oficina de inteligencia las ordenaban y luego orientaban las denuncias a los juzgados que se generaban automáticamente cuando el beneficiario denunciaba. En algunos casos, dirigentes de Cambiemos, con información en la mano, llevaban a los beneficiarios estimulados por el Ministerio a denunciar a los dirigentes barriales de movimientos sociales.

 Ahí la cuestión en la real politik territorial, donde la estigmatización de los pobres llenó de presos por prisiones preventivas. Se puede decir que siempre fue así: los únicos que van presos son los ladrones de gallinas, mientras que los de guantes blancos son impunes.

Pero una mirada atenta, dice que luego de la derrota del proceso político de 2003 al 2015, el más inclusivo de los últimos años –con sus contradicciones, por supuesto- trajo no sólo presos políticos en la etapa macrista, acusados por corrupción en el marco de una feroz persecución política, sino también un fenomenal crecimiento de la población carcelaria en el conurbano. En cuatro años la Provincia de Buenos Aires pasó de 25 mil a 50 mil presos, la mayoría con prisiones preventivas, en un marco de crecimiento de la exclusión social, la pérdida de trabajos y la degradación del sistema educativo. Cabe recordar las declaraciones de la Gobernadora Vidal sobre que los pobres no llegan a la Universidad; los cierres de escuelas en todo el territorio y la degradación edilicia y funcional de los establecimientos, con casos resonantes como la explosión de la Escuela 49 de Moreno, pero con otros casos como la electrificación de un docente en La Plata, caída de techos, pérdidas de gas y otros problemas, que mantuvieron cerradas durante gran parte del año a cientos de escuelas.

   La pelea de las organizaciones gremiales docentes y estatales tuvo un capítulo judicial importante. En Moreno, la fiscal Gabriela Urrutia fue acusada de proteger a las autoridades de Cambiemos provinciales y locales y para ello, detuvo y procesó a un perejil llamado Cristian Javier Ricobene por “homicidio culposo” que había intervenido en la reparación de la pérdida de gas en la Escuela 49, que causó la muerte de Sandra Calamano, de 60 años y Rubén Rodríguez, de 45. Familiares y vecinos denunciaron a la fiscal por no poner guardia en el edificio del Consejo Escolar. Las cámaras de la zona registraron que un grupo de personas retiró cajas llenas de papeles que podrían ser importantes para la investigación. En defensa del pobre gasista, los familiares alegaron que “sus servicios no contemplan fugas en cañerías, sólo la revisación de los artefactos”.

   Desde el SUTEBA sostuvieron  oportunamente que “más allá de la culpabilidad que puede tener o no el gasista, la explosión de la escuela es responsabilidad del gobierno bonaerense, por desoír los numerosos reclamos que los gremios habían presentado previamente, exigiendo respuestas a los problemas de infraestructura que padecen las instituciones educativas de la provincia. El interventor del Consejo (Escolar) tiene responsabilidad en lo que ocurrió. Y las autoridades provinciales también, por no escuchar los numerosos reclamos que habíamos hecho”. Dos meses antes habían presentado un informe al ex Director General de Cultura y Educación Gabriel Sanchez Zinny, sobre la situación de infraestructura de las instituciones bonaerenses -35% roturas en techos y filtraciones, 21% sin instalaciones mínimas-.

   La cobertura judicial connivente con la política, parece haber tenido un capítulo local en este caso, bien explícito. La concejala Claudia Assef, de Cambiemos –familiar del candidato a Intendente Aníbal Assef- había pedido la intervención del Consejo Escolar, cuestión que le habían cedido desde el gobierno de Vidal, cuyo objetivo era el manejo de los fondos. El resultado fue una escuela explotada. Su delfín Santiago Nasif, el interventor, tuvo elevación a juicio con una imputación menor por parte de la fiscal Gabriela Urrutia y su instructor Walter Velazquez, quien tuvo una actitud totalmente distinta respecto de la detención de las dirigentes locales del Movimiento Argentina Rebelde, actualmente detenidas desde el 12 de octubre de 2018. Se acusó a María del Carmen Bordón y Rosa Ojeda de Extorsión y amenazas por presiones a beneficiarios de programas sociales para cobrar una parte de sus Salarios Sociales Complementarios. Las dirigentas de la organización integrante de la CTA Autónoma fueron acampantes durante varias semanas en el conflicto del Consejo Escolar y su detención fue dos meses luego de la explosión de la escuela, en el marco de 14 operativos más en todo el Partido. Los dirigentes de la organización sostuvieron oportunamente que el objetivo era desmovilizar a la sociedad en medio del conflicto docente y de la comunidad toda, castigando y persiguiendo a los activistas y dirigentes.

El Chino y Marote, de 25 y 21 años, son Víctor Damián Avila y Christian Núñez, fusilados por la espalda el 7 de noviembre de 2014 en Cuartel V por el Prefecto Raúl Bonifacio Guerrero. La CORREPI (Comisión de lucha contra la Represión Institucional) denuncia que “durante cinco años de perseverante lucha, la causa fue mutando, como lo fueron haciendo los personajes del aparato judicial que intervinieron en la investigación. Más que con la defensa del Prefecto, tuvimos que confrontar con la fiscal María Gabriela Urrutia, conocida colaboracionista del armado de causas y perpetradora de la impunidad en causas de gatillo fácil, que se negó a investigar el doble homicidio y dos veces decretó el archivo de la causa. Después de varias apelaciones y una denuncia ante la Fiscalía General, logramos el cambio de Fiscal”. https://argentina.indymedia.org/2018/10/17/en-moreno-se-vive-una-fuerte-persecucion-a-luchares-populares/

 El caso de la fiscal Urrutia es conocido en los juzgados de Moreno y el área de influencia de Mercedes, Morón y San Martín, donde jueces y fiscales se desentienden de sus actuaciones por considerarla “una militante de derecha” que proveyó coberturas a grupos de poder local, provinciales y nacionales, especialmente en los años de gobierno de Macri y Vidal.

 Un par de cámaras de la localidad son apoyo de la tarea, que también despliegan portales que levantan información nacional. Los medios de Capital, con sus corresponsales o con móviles enviados, inundan el espectro local o repiten las convocatorias a la guerra santa de un par de charlatanes de medios nacionales de la tarde y noche, los mismos que realizan la tarea de pedir las detenciones que les encargan también en Comodoro Py. No son pocos los que dicen que los vínculos entre estas autoridades judiciales y los servicios de inteligencia, son fuertes. Además de la relación con el aparato político macrista local, que no logró ganar las elecciones, pero que habría utilizado todas las técnicas de escuchas, fake news, identidades falsas en redes sociales y otras técnicas para perjudicar a los candidatos peronistas locales, sumergidos en una interna fuerte.