Larreta, el negocio del hambre o cómo sostener una campaña política a costa de los chicos
Para comprender el poder que posee la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, es preciso desmenuzar cada uno de los “kioskos” que tiene abiertos en CABA.
Mucho se ha hablado en el último tiempo de los negocios inmobiliarios que el PRO lleva adelante, con la ayuda del aparato estatal porteño y el aporte millonario de interesados con fines de lucro. Pero rara vez la linterna de la justicia alumbró el oscuro entramado que se tejió en el servicio de alimentación de los colegios públicos.
A días del inicio de clases en el distrito, el Gobierno de la Ciudad llamó a licitación pública para definir qué empresas se encargaran de la comida que llega a las escuelas de CABA. Según informó el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la misma tiene un presupuesto total de $50.055.347.712, y para el 2022 el monto calculado es de $12.104.107.845, cuatro veces más que el presupuesto destinado a Infraestructura Escolar.
El manual de la estafa permitida
Plazos irrisorios
Las empresas tienen tiempo para presentar las ofertas hasta el 11 de marzo, es decir, menos de un mes desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Recaudar y desincentivar, en un paso
Sólo para participar de la licitación, cada empresa debe abonar por anticipado 795 mil pesos. Este valor, más que elevado, no será devuelto en ningún caso, “aun cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o se rechazaran todas las ofertas”. Así las cosas, no sólo logran desalentar a nuevos participantes a la convocatoria sino que, además, permite a la gestión de Larreta recaudar constantemente buenas sumas de dinero, provenientes de las históricas empresas que, con o sin intención, aportan a la campaña del hombre que apunta a 2023 con objetivos de expansión.
Intervenir el sistema de puntaje
Cada empresa cuenta con una puntuación que brinda el propio Ministerio de Educación de la Ciudad, consignó El Cohete a la Luna. Dentro de los requisitos con mayor puntuación, se encuentran que la empresa ya sea proveedora del GCBA y, más aún, su antigüedad brindando el servicio de comedores. Hasta este punto, la lógica va de la mano con la justicia. Pero la propia gestión se encarga de quebrar esa unión: no se puntúa si la empresa tuvo sanciones durante la licitación anterior o no.
Esto quiere decir que empresas como Lamerich S.R.L., que en la primera y única semana presencial del ciclo lectivo 2020 intoxicó a más de 100 estudiantes de seis escuelas donde es proveedora de “alimento”, no sufrirán ninguna reducción de puntaje. No importa la salud, sino el negocio.
Menos comida y de peor calidad
A comienzos de la década del ’30 se establecieron los comedores escolares, cuya ley 11.597, sancionada el 2 de agosto de 1932 por el Congreso de la Nación, les dio estabilidad. En esos años el menú iba entre carbonada, guiso, polenta con estofado, tallarines, legumbres, carne y pescado. Cada almuerzo constaba de entrada, plato principal y postre, que variaba entre dulce de membrillo, batata o queso, sémola con leche, compota o frutas frescas, y que se completaba con 150 gramos de pan.
En la actualidad, el refrigerio consta de un sándwich de paleta y queso, más una barrita de cereal, y una vianda ultraprocesada.
Cómo destruir la estafa y mejorar la calidad de la comida
Desde el Observatorio exhortaron a ponerle fin a este negocio invitando a “un debate democrático” sobre un aspecto tan central como es la alimentación de los estudiantes. “Se debe promover la Ley N° 6376 de Promoción de la Economía Social incorporando a los trabajadores de la economía popular que producen alimentos, garantizar una verdadera alimentación (nutritiva y abundante) para les estudiantes y fortalecer una escuela pública de calidad”.
