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Larreta, pará la mano: la Justicia frenó la construcción de torres en Costanera Sur

Triunfó el pedido del pueblo. La Justicia porteña le dio la espalda a Horacio Rodríguez Larreta al hacer lugar a un amparo colectivo presentado por organizaciones sociales que pedía la nulidad del convenio urbanístico para habilitar un emprendimiento inmobiliario en unos terrenos situados en la Costanera Sur.

En julio de 2021, vecinos elevaron el recurso colectivo ante el juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 10, a cargo de Aurelio Ammirato, para frenar el acuerdo urbano sobre el predio de España 2230/40 que permitió la construcción de una decena de torres de 145 metros de altura.

La causa judicial fue impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (La Defe).

“Cuestionamos la falta de participación ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final”, argumentaron en el escrito en referencia al convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa constructora IRSA.

Cabe marcar que, previo al convenio, el predio no tenía el permiso necesario para la construcción de viviendas en altura dado que solo estaban autorizados usos deportivos ya que allí iba a levantarse la Ciudad Deportiva Boca Juniors, algo que nunca ocurrió.

La sentencia

Ammirato, en la sentencia, sostuvo que el procedimiento administrativo que condujo a la firma del convenio urbanístico “está viciado”, en tanto omitió la instancia participativa que la ley impone. En ese sentido, prosigue remarcando que este “vicio” del trámite se traslada al convenio que “es su consecuencia y a la ley que lo aprobó”.

Así las cosas, resolvió hacer lugar parcialmente a la acción de amparo entablada “admitiendo en parte la pretensión formulada en la ampliación de la demanda, y, en consecuencia, acogiendo la impugnación del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA”.

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