La violencia política en la ley de protección a la mujer
Hoy el Boletín Oficial, publicó las modificatorias que amplían conceptualmente los tipos de violencia en contra de las mujeres en Argentina.
El uso y costumbre, en su fase negativa, se hace sentir en el ámbito de la política, social, partidaria, cuando la mujer quiere participar activamente y se convierte en una víctima de las prácticas misóginas que despliegan una virulencia capaz de subsumir en el anonimato a las congéneres agredidas.
Así es que el sentido de las modificaciones se basan en una precisión sobre lo que se entiende por violencia. » Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón» Detalla la ampliación de la Ley 27533.-
A la vez que agrega: » Artículo 3°- Modifíquese la ley 26.485, incorporando al artículo 5°, el siguiente inciso: 6) Política: La que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones.
Artículo 4°- Modifíquese la ley 26.485, incorporando al artículo 6°, el siguiente inciso: h) Violencia pública-política contra las mujeres: aquella que, fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, y/o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros.»
