Se cumplen 4 años del encarcelamiento de Milagro Sala, detenida por acampar en una plaza. En la persecución contra la dirigente social se observa con nitidez la trampa del lawfare, que organiza procesos judiciales de apariencia legal con el objetivo de eliminar opositores. Lo mismo sucedió en las causas contra Cristina Kirchner y algunos de sus funcionarios, o contra Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil.
Por Claudio Siniscalco
Desfalcos, huevazos y acampes integran el variado menú de acusaciones en el marco de las 15 causas en las que fue procesada la líder de la Tupac. Pero claro, por algo había que empezar. Una vez que la tuviesen presa, nuevas acusaciones se irían sumando.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo explica de este modo: «Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 por haber participado de una protesta: un acampe frente a la casa de gobierno de la provincia de Jujuy. A partir de su detención hubo un entramado de “acusaciones consecutivas”, esto es, un despliegue de causas judiciales y un contexto de vulneración de la independencia judicial destinados a sostener la privación de libertad de Sala de manera indefinida, tal cual lo definió el Grupo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, en octubre de 2016″.
“De nosotros no van a tener ningún acto de violencia, si nos quieren reprimir que hagan lo que quieran. Nosotros le vamos a responder poniendo la otra mejilla”. La frase fue pronunciada por Milagro Sala el 14 de diciembre de 2015, cuando comenzó junto a otras 16 organizaciones un acampe en la Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy, en reclamo de una audiencia con el gobernador Gerardo Morales. Y sus palabras fueron un anticipo de lo que vendría: hicieron lo que quisieron, sin necesidad de que ella se los pidiera.
Entramado de acusaciones consecutivas
El acampe duró más de un mes y el juez Raúl Gutiérrez ordenó la detención de Sala, llevada a cabo el 16 de enero de 2016. Por esos días, el juez Gastón Mercau dictó también la detención de la dirigente, acusada de liderar una asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, una denuncia realizada por el gobierno radical de la provincia. (En esa causa, conocida como “Pibes Villeros”, Milagro Sala fue condenada a 13 años de prisión en enero del año pasado).
Pero eso no era todo. En febrero de 2016 el juez Pablo Pullen Llermanos también ordenó su detención, esta vez acusándola de haber encubierto un crimen en 2007. El mismo juez le dictó prisión preventiva por lesiones graves, por un hecho ocurrido en 2006, y otra prisión preventiva por privación ilegítima de la libertad.
En el mismo año -2016- la líder de la Tupac fue condenada a tres años de prisión en suspenso por una protesta en la que le arrojaron huevos al entonces senador Gerardo Morales. Finalmente, en otro proceso conocido como “Megacausa” se investiga un supuesto desfalco de 700 millones de pesos, vinculado con la construcción de viviendas sociales.
Múltiples arbitrariedades
El CELS hace un raconto de los graves atropellos que se cometieron contra Milagro Sala. En julio de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado que adopte medidas alternativas al encarcelamiento. El Estado incumplió esa decisión y la Comisión dio intervención a la Corte IDH. En noviembre de ese año, nuevamente un órgano del sistema interamericano ordenó al Estado argentino adoptar de manera inmediata las “medidas de protección que sean necesarias” para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala. La Corte IDH señaló que se debía implementar el arresto domiciliario en su casa o cualquier otra medida que resultara “menos restrictiva de sus derechos”, como “una tobillera o la retención de su pasaporte”.
Milagro Sala, sin embargo, fue trasladada en esa oportunidad -el 15 de diciembre de 2017- a la casa del dique La Ciénaga. El arresto domiciliario que cumplió en esa oportunidad es asimilable a las condiciones de detención en la prisión de Alto Comedero, por lo que una vez más el Estado incumplió con la medida establecida por la Corte IDH.
En enero de 2018, cuando estaba por cumplirse el plazo máximo de dos años para mantener a una persona en prisión preventiva, la Sala Penal del Superior Tribunal de Feria resolvió la prórroga extraordinaria de esa medida privativa de la libertad por un año más. De esta manera, el Poder Judicial jujeño escribió un capítulo más sobre la violación de las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia. La arbitrariedad de la decisión, además, se configura en la falta de justificación de que una orden así sea adoptada.
El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU advirtió ese vacío argumental en todas las causas penales en contra de Sala: ninguna autoridad judicial pudo explicar que hubiera peligro de fuga o que pudiera entorpecer la causa
En agosto de 2018 la CSJN había ordenado a la justicia jujeña cumplir la decisión de la Corte IDH de noviembre de 2017: Sala no debía estar encarcelada porque su vida y su salud estaban en riesgo. Sin embargo, de manera intempestiva, el juez Pablo Pullen Llermanos ordenó el traslado inmediato de Milagro Sala a una cárcel federal en la provincia de Salta, en horas de la madrugada. El lugar elegido ya había sido señalado por la CIDH como inadecuado. El juez también dispuso una serie de medidas excepcionales para su alojamiento, que muestran su animadversión. El Estado provincial de Jujuy en ningún momento cumplió de forma cabal con las medidas provisionales dictadas por la Corte IDH.
En diciembre de ese año, 2018, el Tribunal en lo Criminal 2 de Jujuy absolvió a Milagro Sala en la causa “Balacera de Azopardo”. La acusaban de instigación para cometer un homicidio y se dieron situaciones de presión por parte del Poder Ejecutivo sobre los magistrados.
El 14 de enero de 2019 Milagro Sala fue condenada a 13 años de prisión por asociación ilícita, fraude y extorsión, en un juicio («Pibes Villeros») sobre el que sus defensores denunciaron irregularidades destinadas a incriminarla. Es el cuarto juicio que afronta desde que fue detenida. Se trata de una causa iniciada en enero de 2016, que comenzó con vicios procesales, al punto de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria dijo que el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputaron y por no informarle adecuadamente los delitos por los que fue acusada. Esas violaciones de los derechos de Milagro Sala nunca se subsanaron.
Distintos acusados, la misma práctica
El lawfare, o guerra jurídica, se aplica de igual manera más allá de las personas y de los países. Causas armadas, shows televisivos, procesos sin argumentos y condenas sin pruebas fueron y son realizados por los aparatos político-mediático-judiciales que responden a las clases dominantes en las más diversas geografías.
Sin embargo, los casos más familiares para nosotros son los vinculados a la persecución contra el kirchnerismo, en nuestro país, y al golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y la condena a prisión contra Lula da Silva en Brasil.
El dos veces presidente del gigante sudamericano fue condenado a nueve años y medio de prisión -y a 12 años en segunda instancia- por haber recibido un departamento en Guarujá por parte de una empresa contratista del Estado, hecho que nunca le probaron.
Luego de no aportar pruebas, un fiscal dijo que «El hecho de no figurar como propietario es un forma de ocultar su propiedad». Consideró esa especulación personal como una prueba y la utilizó para determinar que Lula era el jefe de un esquema de corrupción en el marco de una organización criminal.
“Como considero este proceso ilegítimo y la denuncia una farsa, estoy aquí solo por respeto a la Ley y a nuestra Constitución. Yo esperaba que el Ministerio Público, en su presencia, presentara la prueba jurídica, el título de propiedad. Entonces, lo que quiero es que termine con las conjeturas y me diga cuál es el delito que cometí», sostuvo Lula frente al juez Moro.
Claro, el magistrado no podía decirle que el delito que cometió, y por el que iba a ser condenado, fue haber sacado de la pobreza a más de 30 millones de brasileños.
