De la quiebra a la estatización
Por Julián Mauro Saud y Santiago Mouradian
En junio de 2010, Ciccone Calcográfica S.A. registraba enormes deudas con privados y principalmente con el Estado Argentino. La empresa debía a la AFIP la suma de 239 millones de pesos. El 15 de julio de 2010, a pedido de la AFIP, el Juez Cosentino del Juzgado Comercial N° 8 decretó la quiebra de la empresa. En ese momento, la Sociedad de Estado Casa de Moneda le hizo saber a la AFIP que contaba con la capacidad operativa para continuar con la explotación comercial de Ciccone Calcográfica S.A. Pero, curiosamente, el Juez Cosentino decidió privilegiar la propuesta de una empresa privada. El 17 de agosto la empresa Boldt S.A. propuso alquilar la planta y, tan solo una semana después, el Juez le otorgó el arrendamiento por un año por el valor de 4 millones de pesos. Cosentino desestimó así la oferta de la Casa de la Moneda y la opinión de la AFIP, el principal acreedor.
Cuando el Juez Cosentino concedió el arrendamiento a Boldt S.A. giró la operación a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) ya que la operación superaba el monto de 200 mil pesos. La CNDC es un organismo dependiente de la Secretaría de Comercio, que en ese momento dirigía Guillermo Moreno, y debía establecer si el alquiler de Boldt S.A. implicaba una concentración económica indebida. La CNDC emitió una resolución en la que afirmó que Boldt S.A. incurrió en “posición dominante” por alquilar las máquinas de su competidor. Es decir, dado que Ciccone y Boldt son empresas que se dedican a la impresión de papeles de seguridad, la Secretaría de Comercio entendió que esta operación concentraba el mercado. Por este motivo, en diciembre de 2010 la CNDC aplicó una multa de 15 mil pesos diarios a la empresa Boldt S.A. hasta que abandonara la planta.
Mientras tanto, los Ciccone no se quedaron quietos. Aquí aparece en la historia The Old Fund, cuyo titular era Alejandro Vandenbroele. The Old Fund fue el grupo que se encargó de buscar inversores para pagar las deudas millonarias de Ciccone Calcográfica S.A. El primero de septiembre de 2010, la asamblea de Ciccone Calcográfica S.A. resolvió de forma unánime aceptar la renuncia al directorio de toda la familia Ciccone y nombrar al frente de la compañía a Alejandro Vandenbroele, el titular de The Old Fund. Unos 60 años después de la fundación de la imprenta, el nombre Ciccone Calcográfica S.A. cambiaba por el de Compañía De Valores Sudamericana (CVS). Según la documentación aportada por Vandenbroele a la causa, se firmó ante escribano un preacuerdo confidencial entre él y Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone. En dicho acuerdo, a Vandenbroele le cedían el 70 % de las acciones; y el otro 30 % seguía en manos de la familia Ciccone. La clausula más importante del acuerdo afirmaba que, sin mediar explicación, ese 70 % podía volver a manos de Reinwick. ¿Por qué? El plan era mostrarle al Juez Cosentino que el socio mayoritario de CVS ya no era un Ciccone, es decir, ya no había sido partícipe de los desmanejos que llevaron a Ciccone Calcográfica S.A. a la quiebra. De otra forma, no sería posible que el Juez acepte levantar la quiebra.
Así, el 3 de septiembre de 2010 CVS efectuó una presentación solicitando el levantamiento de la quiebra y pidió también que se dejase sin efecto el arrendamiento de Boldt S.A., el cual a su vez estaba siendo evaluado por la CNDC. Ese mismo día, el 3 de septiembre de 2010 The Old Fund hizo un primer pago de 567 mil pesos en concepto de honorarios impagos a la sindicatatura de la quiebra (es decir, al órgano de administración y representación de los acreedores). Un segundo pago con el objetivo de levantar la quiebra fue efectuado por Miguel Castellanos el 24 de septiembre de 2010. En representación de la firma London Supply, Castellanos depositó una suma de casi 2 millones de pesos. A raíz de estos dos primeros pagos (el de Castellanos y el de The Old Fund), el 19 de octubre del 2010 el Juez Cosentino dio la conformidad para el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica S.A. Boldt recién se retiraría de la empresa en junio de 2011, ocho meses después del levantamiento de la quiebra y seis meses después de la multa de la CNDC.
Con esta jugada, los Ciccone se libraron del arrendamiento de Boldt y evitaron que, en un futuro, Boldt pudiera adquirir la empresa. Luego de levantar la quiebra, se ejecutó el pre-acuerdo y Reinwick recuperó la totalidad de las acciones de le habían cedido a Vandenbroele. Al fin y al cabo, después de la quiebra todo quedó casi igual que al principio. Los Ciccone (ahora Ciccone-Reinwick) seguían siendo dueños de la imprenta, ahora llamada CVS. Su competidora privada Boldt no había logrado apropiársela. Los Ciccone pasaron de tener una millonaria deuda con el Estado a tener una deuda semejante con The Old Fund y los inversores allí agrupados. Cabe señalar que, durante esta quiebra y posterior salvataje, los Ciccone se habían librado también (al menos por ahora) del Estado: gracias al Juez Cosentino, la Casa de la Moneda no había podido meterse en la imprenta del clan.
A través de los inversores que consiguiera The Old Fund (algunos de los cuales probablemente fueron aportados por los mismos Ciccone), la deuda que dio origen a la quiebra debería ser saldada de acuerdo al plan de pagos de la deuda fiscal acordado. Además, The Old Fund necesitaba inversores para poner en funcionamiento la compañía y recuperar su productividad después de esa quiebra. En total, se necesitaron unos 50 millones de dólares. Si bien todavía no se sabe con exactitud de dónde vienen los fondos por ese valor, lo cierto es que el famoso empresario español Raul Moneta se los adjudica. Otras empresas que aportaron aportado a levantar la quiebra fueron Dusbel y European Avisory Panel L.L.C (vinculadas a Reinwick) y Cooperativa Marítima del Sur (vinculada a Jorge Britos, titular del Banco Macro). The Old Fund también se comprometió, en el mismo acuerdo con los Ciccone, a pagarle 50 mil dólares mensuales a cada uno de los dueños originales por su experiencia en el rubro (“know how”).
Tras el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica S.A., el 25 de octubre del 2010 la AFIP envió una nota al entonces Ministro de Economía Amado Boudou. En dicha nota, se pedía opinión para el otorgamiento o no de una reestructuración especial de los pagos que CVS adeudaba a la AFIP. En la nota decía que “El temperamento de su respuesta será determinante en el trámite que se lleve adelante acerca el tema”. El 8 de noviembre de 2010, Boudou contestó al requerimiento de la AFIP con una nota antecedida por un dictamen de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos. La nota de Boudou, que fue preparada por esa misma Subdirección, lleva las iniciales de quien la confeccionó: el Dr. Capdevilla. La nota no analiza ni propone nada respecto del plan propuesto. En la nota sugirió que el trámite tenía que proseguir de conformidad con las atribuciones que son propias al Administrador Federal, que debería velar porque no haya mengua del interés fiscal. En la nota de Boudou se realizaron también consideraciones respecto a la política del gobierno de sostener el empleo y cuidar las actividades estratégicas (en referencia, sobre todo, a aquellas que pueden sustituir o evitar importaciones vinculadas a la salida de divisas).
Finalmente, el titular de la AFIP Ricardo Echegaray denegó el plan solicitado, ya que dicho plan era ilegal. Si es cierto que “el temperamento” de la respuesta de Boudou era determinante en el trámite, se deduce que no sólo la nota no fue una ayuda para la tramitación de un plan de pagos ilegal en la AFIP, sino que al menos fue importante para el rechazo del mismo. Más adelante, la AFIP aceptó otro plan de pagos de CVS (en ese caso legal), sobre el cual ya no pidió la opinión de Boudou. A partir de entonces, CVS comenzó a tener autorización para ser contratada por el Estado. Así, consiguió imprimir billetes en conjunto con la Casa de la Moneda.
Como es de público conocimiento, el 7 de agosto de 2012, a través del decreto 1338/2012, el Poder Ejecutivo Nacional intervino la empresa CVS por el término de 60 días, con el objetivo de asegurar la continuidad de las actividades y la preservación de sus activos y de su patrimonio. El 29 de agosto de 2012, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.761, a través de la cual se declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación a CVS. La estatización tenía como objetivo el auto abastecimiento de la producción de billetes. Una actividad tan importante tenía que quedar en manos del Estado, y no de privados como Ciccone o Boldt. La propia historia política de Ciccone Calcográfica S.A. y, en el 2011, la crisis de los billetes ya había señalado claramente el poder que detentan quienes imprimen billetes.
Para entonces, la figura del vicepresidente ya estaba totalmente cuestionada en los medios y se intentó instalar la idea de que la expropiación consistió en una forma de encubrir a Boudou. Sin embargo, y como veremos a continuación, la expropiación no impidió que el Juez Lijo investigara a Boudou y finalmente lo procesara. En la sesión que concretó la estatización, Aníbal Fernández le salió al cruce a los demás senadores: “Todos queremos saber quiénes son los dueños, pero para eso hay que meterse adentro”.
En el 2010, y con el extraño favor del Juez Cosentino, Boldt S.A. logró alquilar la planta Ciccone Calcográfica.
Pero “el sueño del pibe”, manejar la timba y la fábrica de plata, quedó truncado
Boldt S.A., los reyes de la timba
Duhalde, Binner, Solá, Massa, Reuteman, Scioli son sólo algunos de los nombres que se evocan cuando se menciona a Boldt S.A., la imprenta industrial fundada en 1933 que a partir de los ‘90 se transformó en la gran empresa del juego en Argentina. Hoy, Boldt S.A. (a través de la sub-empresa Boldt Gaming S.A.) administra el 72% del negocio del juego en toda la Argentina. Todos los dirigentes políticos mencionados tienen vínculos espúreos con esta empresa, a quien dieron el negocio lúdico con adjudicación directa, sin llamar a ninguna licitación y a quien se lo renuevan permanentemente sin consultar a nadie. Todo comenzó en el ‘93, cuando la Provincia de Buenos Aires resolvió incorporar máquinas electrónicas para jugar on line a la quiniela en las agencias bonaerenses. El contrato fue otorgado directamente, sin licitación, a Boldt S.A. En 1999, “el Cabezón” Eduardo Duhalde, prorrogó ese contrato sin mediar tampoco ninguna licitación pública. Así se expandió Boldt S.A. hacia los juegos de azar, el software y hardware vinculado con esta actividad y los centros de turismo.
En Santa Fe, el binnerismo le dio a imprimir las boletas únicas del nuevo sistema electoral a una sociedad entre Boldt y Clarín y por supuesto, lo hizo por contratación directa, sin licitar. Es en esta Provincia donde cuentan con las apuestas y con varios casinos.
Pero hay un nombre que es casi un sinónimo de Boldt: Daniel Scioli. Antonio Tabanelli es el presidente de Boldt S.A., pero Guillermo Gabella, uno de los directores, es tan importante como el. Gabella, ingresó como empleado de la Cámara de Diputados en 1997, el mismo día que Scioli, y ofició como su empleado. Luego fue empleado de Boldt S.A. Cuando Scioli llegó a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, Gabella se convirtió en accionista y director de la empresa. Es decir, Gabella es el hombre de Scioli dentro de Boldt.
En el 2010, y con el extraño favor del Juez Cosentino, Boldt S.A. logró alquilar la planta Ciccone Calcográfica S.A. Pero “el sueño del pibe”, manejar la timba y la fábrica de plata, quedó truncado tanto por la recuperación de la capacidad de impresión de la Casa de la Moneda como por la estatización de CVS (ex Ciccone). Una patada al hígado para Boldt, que ve al Estado Nacional como la única teta de la que no lo dejan mamar tranquilo. Después de perder la oportunidad de imprimir billetes por perder la licitación contra la Casa de la Moneda en alianza con impresores brasileros, la ira contra el gobierno nacional se transformó en estrategia, así se explica la actitud de Gabella al atacar a Boudou. Su objetivo final es anular cualquier obstáculo que dificulte el ascenso de Scioli al poder.
La crisis de los billetes de $100
En el año 2010, los medios multiplicaban las colas en los bancos y cajeros automáticos por la falta de billetes. Con la economía en expansión, el Banco Central requirió emitir moneda a la Sociedad del Estado Casa de la Moneda, pero ésta se encontraban imprimiendo billetes en tres turnos diarios y no tenía modo de satisfacer esa necesidad. La Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone), era la única opción, pero dado que acababa de salir de la quiebra, aún no estaba en condiciones de poner a su planta en funcionamiento, por lo que se abrió una compulsa de precios. Se presentaron la Casa de Moneda de Chile, la firma Boldt y una Unión Transitoria de Empresas (UTE) compuesta por la Casa de Moneda de Brasil y la de Argentina.
El Banco Central optó por la UTE, que garantizaba precio y plazos de entrega. De todos modos, el abastecimiento no llegó con la fluidez esperada y dejó como lastre el surgimiento de una serie diferente de billetes. La situación que llevó a Argentina a imprimir sus billetes fuera del país es conclusión de una política de desguace de la Casa de la Moneda. En 2001, el gobierno de la Alianza, incorporó en dos gerencias estratégicas de la Casa de la Moneda a dos empleados de la firma Boldt, principal competidor de Ciccone. En el 2003, antes de terminar su gestión, Duhalde le quitó a la Casa de la Moneda la exclusividad para producir documentos de seguridad y billetes y desde entonces, la empresa estatal perdió todas las licitaciones de productos de gráfica de seguridad como cartones de bingo, productos de lotería nacional, padrones de elecciones, etc. La mayoría de estas licitaciones las ganó, como era de imaginar, Boldt.
Martín Redrado, quién era titular del Banco Central y fue desplazado por este gobierno, trabajó sistemáticamente en el desmantelamiento de la tercera línea de producción de la Casa de la Moneda, achicando la capacidad para imprimir billetes. Redrado sostenía que debían imprimirse en el exterior, quería unos billetes más caros y complejos que requerían inversiones por alrededor de $800 millones. Sin embargo, Katya Daura, actual titular de la Casa de la Moneda y ex interventora de Ciccone, sostiene que esa inversión era innecesaria: “La empresa estatal fue capaz de reparar con sus técnicos e ingenieros, con repuestos de industria nacional y con un presupuesto de 400 mil pesos, la maquinaria que era considerada chatarra”. Las inversiones estrafalarias que Redrado quería, eran sólo una maniobra para detener la puesta a punto de la Casa de la Moneda y poder ceder a otros la impresión de billetes.
En el 2012, el Banco Central aprobó la emisión de 1200 millones de billetes de distinta denominación a través de un contrato con la Casa de la Moneda. La Casa de Moneda produjo 800 millones de billetes con sus propias instalaciones y los restantes 400 millones mediante el alquiler de las instalaciones de la CVS. Pese al estado mediático que el Caso Ciccone ya tenía entonces, el Estado necesitó utilizar la empresa CVS para emitir billetes. Como se puede ver el interés por parte del Estado de la empresa Ciccone no era antojadizo, ni nuevo. La empresa posee el único establecimiento del país con capacidad técnica suficiente para el proceso de impresión de billetes, imprescindible para la circulación monetaria.
http://hamartia.com.ar/2014/12/03/de-la-quiebra-a-la-estatizacion/
