El mapa judicial en Argentina ha escondido los errores gruesos de la crisis institucional que arrastra. Alejados de las realidades del Pueblo, buscan sobrevivir en el sistema de privilegios, sin importarles la Justicia, la democracia y menos aún las instituciones.
Odian la política pero negocian privilegios, se llenan con exposiciones sobre la «Independencia Judicial» pero el mapa del delito en buena medida es por la pobreza del «servicio de Justicia». Las estructuras de los Poderes Judiciales en cada provincia, son refugios para la práctica del nepotismo ilustrado e impune.
No quieren que la prensa los señale como un engranaje desestabilizador de la democracia, aunque sean de modo evidente los autores de la llegada del law fare que tanto lucieron durante los 4 años del macrismo que los protegió.
La Justicia sube al estrado, peleado consigo misma; con sus causas pendientes, con la vara distinta sobre pobres y sobre ricos; donde no son los menos, aquellos magistrados y jueces que se esconden detrás de sus sentencias y quieren quedarse allí como incuestionables.
La alergia al popular
El sistema jubilatorio del país endeudado, del hambre que arrasa con la población infantil -tan poco protegida- ese mismo esquema que no logra llenarse con trabajo registrado y que tiene a los fueros laborales como veletas de los vientos empresariales, nos pone ante un mundo aparte de los dolores sociales como: la desocupación, la inflación, el costo de vida, la falta de medios básicos para una vida digna, etc.
Sucede que el señor o los señores y doñas del martillo en mano, machacan la misma cabecita a la que miran siempre con la lupa de la portación de rostro, prejuzgan; no juzgan y sus interpretaciones de las bibliotecas partidas al medio con la espada del rey Salomón, siempre deja al pobre mal parado.
Magistrados y jueces, sus funcionarios judiciales y demás escalafones del lujo judicial, nos inoculan que para no ceder a la tentación deben estar mejores pagados que cualquiera de nosotros y así evitar que en el roce cotidiano de la calle, el super, el colectivo y todos esos espacios de nuestra vida pública, los pueda contaminar.
Los argumentos que esgrimen para dejar de ser como todos los mortales, hacen a la discusión actual sobre la jubilación de quienes luego de llegar a esa etapa de la vejez, son capaces de volver a ocupar un cargo, con tal de tener poder sobre otros. Hay que comprender lo que no quieren ceder las jerarquías judiciales que poco se relacionan con los intereses ciudadanos y el bienestar judicial; la carrera en los estamentos de este Poder, desvirtúan el fin profundo del respeto por la igualdad ante las obligaciones tributarias y yerguen sobre la población del país, ventajas que luego ostentan al momento de atender al común de las personas que recurren a la «Justicia».
Así es como las oligarquías y élites provinciales del sistema judicial, accionan contra los gobiernos populares, cuyas agendas propenden al igualitarismo tan rechazado por el ámbito en cuestión. En el judicial, pueden ser «conservadores» porque lo que se guardan para sí; son todas las herramientas, medios y reglas que los blindan frente a una sociedad empobrecida, vulnerada e indefensa, tal como se demostró en los pasados cuatro años del macrismo con un tremendo mutismo nacional.
La corporación judicial se despierta
La postura orgánica de los magistrados y jueces, fue puesta de manifiesto en la reunión conjunta del Congreso de la Nación realizada el miércoles. En la misma representantes de la FAM -Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial- ahondaron en el rechazo hacia el proyecto legislativo para terminar con las jubilaciones de privilegio.
Ariel Ariza, presidente de la FAM y Marcela Ruiz, vicepresidenta primera, expusieron en el Congreso de la Nación. Ambos fueron invitados a exponer en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social.
La Federación manifestó sus objeciones respecto a los cambios de la Ley 24.018 y sus modificatorias – Régimen Previsional Especial de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.
La última Declaración, realizada por las autoridades de la institución argumento que no se ha tomado en cuenta la complejidad y la diferencia que tienen los sistemas previsionales en las provincias, y las asimetrías notorias en los salarios.
La FAM no comparte el cálculo del haber inicial que estipula el proyecto de ley porque va a generar una licuación de los haberes y una afectación de garantías.
La Federación no convalida la elevación de la edad jubilatoria de las mujeres porque es un retroceso que va en contra de todas las políticas de participación igualitaria que se vienen desplegando, y tampoco avala que no esté determinado cuál va a ser la movilidad de los haberes porque es un aspecto que queda en la indeterminación, entre otros puntos fundamentales. (fam.org.ar)
El pasado día 20 de febrero, la FAM, en su comunicado público expresó: «Los integrantes de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial se manifestaron en contra de la revisación sobre el sistema jubilatorio privilegiado que ostentan los magistrados, jueces y funcionarios judiciales: «hacemos público nuestro rechazo al proyecto legislativo de modificación del régimen jubilatorio presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, que atenta contra la independencia judicial y otras garantías constitucionales, y que ha sido elaborado sin considerar la realidad de los poderes judiciales provinciales y sin la participación de esta institución, única legitimada para representar los intereses de los más de 15.700 funcionarias/os y magistradas/os que la componen.
El proyecto en discusión agrava la ya acuciante situación de asimetría salarial entre las/os magistradas/os y funcionarias/os de los poderes judiciales provinciales y de CABA, que atienden el 85 % de las causas judiciales del país, cuyos sueldos y jubilaciones no son de privilegio y no se parecen en nada a lo que se expone a la opinión pública como los ingresos de “la justicia”.
Esta iniciativa presenta además una mirada sesgada que desconoce que las magistradas y funcionarias, como el resto de las mujeres, se han visto sometidas a innumerables restricciones en sus carreras profesionales. Este proyecto pretende eliminar la única compensación estructural a esa discriminación al subir la edad jubilatoria de este colectivo a los 65 años, a diferencia del resto de las mujeres de nuestro país.
Quienes trabajamos todos los días en los tribunales provinciales somos conscientes de la realidad económica del país. La vocación por la función pública se asienta sobre el compromiso de mejorar la vida y el bienestar de las sociedades en las que vivimos, por esa razón estamos siempre dispuestas/os a participar en todas las discusiones orientadas a esos objetivos. Este proyecto no mejora las condiciones de vida de nuestros conciudadanas/os ni resuelve los problemas que denuncia.
Hacemos un llamado público a los tres poderes del Estado a trabajar en la construcción de respuestas adecuadas y basadas en las realidades de todo el país que contribuyan a una salida rápida y definitiva de la grave situación económica que nos afecta a las/os argentinas/os»
A jueces, magistrados, funcionarios, etc, les encanta criminalizar la pobreza, pero chillan cuando se quiere igualar en obligaciones a los que aún se sienten una «casta» distinta, en la propia sociedad.
