La maniobra del Gobierno para presionar a los gremios a días de la marcha
La intención por parte del oficialismo es debilitar la marcha que se va a llevar a cabo el 21 de febrero. Para ello, se está buscando debilitar a quienes la convocan y, al mismo tiempo, aislarlos. Entonces, entró en juego el Ministerio de Trabajo, que comenzó a realizar una serie de auditorías a varios sindicatos que podrían ponerse en su contra.
La medida alcanzará a 80 gremios nacionales que fueron incluidos en la primera etapa de dicho relevamiento por encontrarse en falta con la Ley de Asociaciones Sindicales, que contempla sanciones económicas, suspensión y pérdida de la personería jurídica.
«No es con el sindicalismo sino con los que están fuera de regla», señalaron desde Trabajo
La primera víctima fue la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), conducida por Mirta Petrocini. La cartera conducida por Jorge Triaca está realizando una auditoría que se centra en la revisión de libros contables y balances.
“Es una señal a todos los gremios, que tienen que dar respuestas por sus acciones. No es con el sindicalismo sino con los que están fuera de regla”, señalaron desde Trabajo.
De encontrar irregularidades, el Ministerio remitirá las mismas a las áreas específicas (AFIP o UIF).
La maniobra de presión tiene como complemento el proyecto oficial de reforma institucional de los sindicatos.
