La Justicia obligó al Gobierno de la Ciudad a abrir un centro protegido para adolescentes
Un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario obligó el cierre de Casa Púrpura y desde esta semana funciona un nuevo centro de contención psiquiátrica en el predio del Hospital Alvear. El tercerizado Centro Preventivo Asistencial Casa Púrpura había sido denunciado 2013 por graves irregularidades.
Dos años después de comenzado el litigio judicial, un fallo de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario obligó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a rescindir el convenio con el Centro Preventivo Asistencial Casa Púrpura. El centro, que funcionaba como un hogar tercerizado para niños y jóvenes con alteraciones de salud mental, había sido denunciado por la Asesoría Tutelar de Menores e Incapaces en 2013 por graves irregularidades. La decisión de la Cámara también obligó al Ejecutivo porteño a habilitar un efector propio para jóvenes en situaciones especiales de vulnerabilidad. El nuevo centro, funciona ahora en el predio del Hospital Alvear con la dinámica de residencia protegida, a medio camino entre la internación psiquiátrica y la autonomía. Desde esta semana aloja a los 17 jóvenes que residían en Casa Púrpura.
“Lo novedoso de esta sentencia es que por primera vez un juez dictamina teniendo en cuenta los derechos y tratamientos. Contempla la perspectiva la nueva ley de salud mental en materia de derechos humanos y criterios de protección integral de la infancia. Hasta ahora sólo se habían pronunciado respecto a cuestiones edilicias” expresó a la Agencia de noticias Infojus Clarisa Adem, secretaria letrada de la Asesoría Tutelar ante el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario N° 1 de CABA.
Denunciamos varias veces. Trabajadores que pasaron por la institución efectuaron denuncias penales de lo que ocurría ahí adentro.
“Por un lado están esas causas penales, que son las más difíciles y por otro el juicio para que el gobierno rescindiera el vínculo con esta sociedad anónima, deje de pagarle y que les brinden un lugar adecuado a los chicos que residían ahí”, dijo Adem.
Agregó además que “Para llegar a esta instancia se hicieron varias mesas de trabajo, con el gobierno de la Ciudad, con gente de salud mental, con el consejo de los derechos del niño, con los defensores de menores que los chicos tienen por disposición judicial para buscar alternativas. No hubo acuerdo. Entonces el juez resolvió un sistema de vigilancia en la institución para que no sigan pasando atrocidades”.
Con el cumplimiento de esta sentencia, el Gobierno de la ciudad habilitó la segunda Residencia Protegida a Medio Camino para jóvenes, pública y mixta, que depende de la Dirección General de Salud. Cuenta con 19 plazas.
Estas residencias contemplan cierta independencia de los jóvenes, quienes trabajan, estudian y tienen sus tratamientos psiquiátricos extramuros. Los profesionales en el lugar acompañan sus tratamientos. Estos son los efectores que propone, por fuera de la mirada de manicomio, la nueva ley de salud mental. “Fue una batalla judicial importante. El juez dijo menos de esto para los chicos no y adoptó todos los criterios mencionados en la nueva ley. Obliga que se cumplan, ya no se acepta cualquier efector ni cualquier lugar para alojar a los chicos” concluyó Adem.
