La fiscal Cristina Caamaño quedará a cargo de las escuchas telefónicas
La Procuradora General Alejandra Gils Carbó asumirá los primeros días de julio la Oficina de Observaciones Judiciales (OJOTA), y eligió a la fiscal como supervisora de las intervenciones telefónicas legales.
Con la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, la presidente Cristina Kirchner le transfirió a la procuradora general Alejandra Gils Carbó el control de las escuchas telefónicas legales, a pedido de los jueces. Y la persona que estará al mando de la oficina conocida como OJOTA (Sistema de Observaciones Judiciales) será la fiscal Cristina Caamaño.
La ex OJOTA realiza registros de escuchas telefónicas solicitadas por los jueces y en la mayoría de los casos, los que realizan esa tarea de inteligencia son miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, cuando se trata de analizar casos de secuestros, son los agentes de inteligencia los encargados.
Caamaño quedará a cargo de la oficina entre el 2 de julio y el 6 de julio y comenzará con el trabajo de clasificar la información en confidencial, secreta, reservada o pública, según las distintas categorías.
En este sentido, el diario Buenos Aires Herald advierte que tanto Caamaño como Gils Carbó tendrán que hacer frente a lo que ellos denominaron «un Caballo de Troya»: los ex agentes de la SIDE que actualmente realizan esas tareas de inteligencia interna.
A fines de enero y a través de un mensaje grabado que se emitió por cadena nacional, Cristina Kirchner anunciaba que enviaría al Congreso un proyecto de ley para disolver la Secretaria de Inteligencia (SI) y crear en su reemplazo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El proyecto para reformar se analizó durante febrero –en sesiones extraordinarias- y la ley fue promulgada el 3 de marzo por el Presidente. Desde ese momento, la procuradora Gils Carbó ha venido manteniendo conversaciones con expertos y organizaciones de derechos humanos para ver cómo hacer frente a los desafíos, que fueron criticados por todo el arco opositor.
Caamaño quedará a cargo de la oficina entre el 2 de julio y el 6 de julio y comenzará con el trabajo de clasificar la información en confidencial, secreta, reservada o pública, según las distintas categorías. En su momento, asociaciones de jueces y fiscales se opusieron (sin éxito) y reclamaron que las intervenciones telefónicas fueran controladas por la Corte Suprema de Justicia.
Caamaño fue la fiscal responsable de la investigación del crimen de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero que fue asesinado en 2010 durante una manifestación de trabajadores tercerizados donde se exigía el pase a la planta permanente en la Línea Roca.
Meses después del crimen, el oficialismo creó el Ministerio de Seguridad, y Caamaño fue designada como segunda de Garré. Luego del cambio de rol de Garré, Caamaño volvió a su trabajo de fiscal. También fue una de las defensoras más ávida de la reforma del Código Procesal Penal.
