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La crisis social en Ecuador

El actual gobierno solo lleva 1 año de gestión

¿Cómo se deterioró tan rápidamente la figura del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso?. Actualmente el país esta bajo un «estado de excepción».

Los pueblos originarios como factor del cambio social

La CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, es una entidad que existe desde 1986 que se ha consolidado como un actor importante en la vida política de la nación. Fue esta Confederación la que lanzó la convocatoria por una mejora en las condiciones de vida la cuál ha concitado la adhesión de grupos de estudiantes y organizaciones de trabajadores. El consenso de los manifestantes opositores al gobierno se afirma en el deterioro del acceso a servicios y productos básicos por parte de los habitantes en condiciones de vulnerabilidad económica. Se estima que la inseguridad alimenticia, energética y de salubridad afecta a un 39% de los pobladores.

El precio de los combustibles

El reclamo por un control más estricto sobre el precio de los combustibles es una demanda que atraviesa el globo sin embargo pensado desde una nación «en vías de desarrollo», aún con su economía dolarizada (medida por la que el pueblo de Ecuador ha pagado un precio sobrevaluado) el ingreso de los trabajadores se encuentra muy desfasado con los precios establecidos tras la pandemia y en el contexto internacional de una guerra. No es necesario recordar como influye el precio del combustible en el costo de los productos.
El control de precios del combustible encabeza la lista de peticiones al gobierno, a lo que le sigue el control de precios sobre bienes de consumo básico como leche, arroz entre otros.

La generación de empleos

Las economías pauperizadas de los países en desarrollo y las políticas liberales se han convertido en el caldo de cultivo del empleo informal y su consecuente impacto en detrimento del acceso a los servicios sociales. Es por esto que se halla lógica en el reclamo de inversión en educación y salud pública.

La represión como respuesta a los reclamos populares

Medida de sello neoliberal por donde lo mires. Lasso decidió contestar a los reclamos y movilizaciones con armas de fuego. La CONAIE ha relevado los datos de heridos y asesinados por las medidas represivas adoptadas por el gobierno que desconoce tales crímenes pero acusa a quienes cortan rutas de terroristas y señala como responsables del desabastecimiento que sufren los ciudadanos.
Como medida complementaria el gobierno dispuso el estado de excepción en 6 provincias, incluida Pichincha que contiene al municipio de Quito.

Encarcelamiento del líder indígena, Leónidas Iza

Bajo el cargo de paralizar una vía publica aprendieron a Iza quien a la hora de responder sobre el propósito de las movilizaciones, que el gobierno señala como destituyentes, expresó: Queremos decirle al mundo que jamás nos propusimos aquello. Eso es una construcción propia del gobierno nacional para no dar respuestas a las demandas.
Nos hemos mantenido en el territorio ocho días y estos últimos tres hemos venido a Quito, y desde el primer día se dijo que nuestras demandas son los 10 puntos y esos 10 puntos no se tienen que confundir con un acto político de desestabilización.
Ni que pretendan posicionar que queremos botar al gobierno nacional.
Por lo tanto, si eso no sucede (el cumplimiento de las demandas), será el propio peso del gobierno nacional el que conduzca a cualquier otro momento político. Pero en este momento el movimiento indígena y los sectores populares nos hemos mantenido que debemos sacar una respuesta de los 10 puntos.

Lasso rompió las alianzas que le permitieron llegar a la presidencia lo que produce que podría motivar la lectura y sensación de amenaza a su gobernabilidad. Desde las dirigencia populares esperan el gesto de buena fé por parte del presidente de restituir los derechos constitucionales.

La misión argentina

La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos integrada por dirigentes sociales argentinos relevó cinco muertes a manos de fuerzas policiales, detenciones arbitrarias, secuestros y planificación de atentados contra líderes sociales y violación al derecho de protesta en Ecuador, durante el paro y los cortes del movimiento indígena.

El informe enumera “ataques armados por parte de organizaciones civiles y fuerzas policiales, basadas en violencia racista y anti-indigenista, censura y bloqueo mediático de la información, bloqueo del servicio de internet y redes sociales y hackeo a cuentas personales de líderes y lideresas indígenas y sociales”.

La misión que viajo desde Argentina para atestiguar lo que sucede en Ecuador se presentó ante la prensa en Quito. La delegación está integrada por el abogado Juan Grabois, dirigente de Patria Grande y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano; Marianela Navarro y Melisa Gargarello, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); Claudia Rocca, de la Asociación Argentina de Juristas; Nicolás Tauber Sanz, de LiberPueblo; María José Cano, de la CTA Autónoma; Alicia Montoya, de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores; y Pablo Garciarena, de XUMEK Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos.

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