La continuidad del apagón jujeño
Por Alma Rodríguez
Hace 47 años, en la localidad Libertador San Martín, en Jujuy, la empresa Ledesma ordenaba la realización de un corte de luz que hizo posible las operaciones por parte del aparato represor del Estado. Esto dejó como saldo la detención, secuestro y tortura de 400 personas -trasladadas, en principio, al centro clandestino de detención de Guerrero- de las cuales 33 continúan desaparecidas. La causa contra el empresario Carlos Blaquier, dueño de Ledesma S.A. y quien falleció el pasado 13 de marzo, constituye una de las mayores deudas pendientes con respecto al accionar de la justicia sobre los crímenes de lesa humanidad, ya que su participación en los hechos, ya demostrada, fue decisiva y fundamental.
En términos del proceso de judicialización en el ámbito penal, Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, y Alberto Lemos, el administrador general de la empresa en la etapa en que se cometieron las violaciones a los derechos humanos fueron procesados en noviembre de 2012 por privación ilegal de la libertad en dos causas, por los secuestros de 29 trabajadores y referentes sociales ocurridos entre marzo y julio de 1976. El procesamiento fue confirmado en 2013 por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Ante la apelación de las defensas, la Sala IV de Casación, tomó el expediente en diciembre de 2013. En marzo de 2015, los jueces se pronunciaron dictando la falta de mérito en beneficio de Blaquier y Lemos. El 8 de julio de 2021 y luego de seis años de demora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó por mayoría el fallo de Casación que había beneficiado con una falta de mérito a los responsables empresariales, considerando “arbitrario”. El fallo tuvo los votos mayoritarios de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, quienes sostuvieron que la decisión se “apartó en forma manifiesta de la solución normativa prevista para el caso, obstaculizando indebidamente el avance del proceso”. El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia al considerar que se debía dejar firme la falta de mérito, y Ricardo Lorenzetti no votó.
En la provincia de Jujuy, más del ochenta por ciento de la economía provincial se reparte entre seis empresas: Ledesma S.A., minera Aguilar S.A., Mineti S.A., Ingenio Río Grande, Cooperativa Tabacalera de Jujuy y Aceros Zapla S.A. Y el mismo nivel de concentración se da con respecto a la propiedad de la tierra de la cual el ingenio Ledesma posee 157.556 hectáreas. En esta estructura oligopólica, Ledesma maneja gran parte de la economía y el dominio sobre el territorio.
La llegada de Gerardo Morales al gobierno de la provincia no hizo más que continuar y profundizar las relaciones y los negociados con las grandes empresas como Ledesma que, como se sabe, representa el poder real hace más de un siglo. La llegada de Morales a Jujuy significó, también, la aplicación de las políticas económicas neoliberales propuestas por Cambiemos así como la aplicación e implementación de políticas represivas, de disciplinamiento y judicialización de la protesta.
Desde el primer día, Morales dejó en claro cuál es su postura con respecto a los derechos humanos: con Milagro Sala presa desde 2015 (junto con el aval de Macri primero y el silencio cómplice de Alberto Fernández después), Morales demuestra lo que es capaz de hacer si llegara a la gobernación nacional de la mano de Rodríguez Larreta.
Se ha dicho por estos días en algunos medios, y se viene anticipando hace tiempo en la provincia, que actualmente Jujuy representa un laboratorio para lo que se viene si ganan Bullrich o Larreta. La represión, detención y tortura padecidas allí durante estas últimas semanas no son más que otra forma de continuidad de lo ocurrido hace 47 años durante los años de dictadura cívico militar y el accionar de Morales no es más que otra forma de terrorismo de Estado disfrazada de “gobierno democrático” en la que imperan el atropello a los derechos, los negocios por la tierra y la explotación de litio.
La movilización de los diferentes sectores populares y sociales por el aniversario del Apagón en las distintas ciudades del país constituye un estado de alerta anticipado frente a quienes pretenden avasallar las políticas sociales inclusivas y los derechos humanos. Sólo la memoria, la verdad, la justicia y la movilización en las calles impedirán otro hecho como el ocurrido en Jujuy hace 47 años.
