La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había ordenado proteger su integridad física y psíquica a partir de la persecución judicial y política de la que es víctima en la provincia de Jujuy.
Tras la condiciones de internación, con custodia policial y otros destrátos que sufrió Milagro Sala por parte de las autoridades jujeñas, la CIDH pidió un nuevo informe al Estado argentino sobre su salud para realizar un atento seguimiento de la situación.
En el marco de esa resolución 23/177 del 2017, la CIDH le dio plazo al Estado argentino hasta el 13 de julio próximo para que presente sus observaciones sobre la situación actual de la dirigente social. Milagro Sala permanece internada en San Salvador de Jujuy por un cuadro de trombosis venosa.
Según lo expresado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, las autoridades políticas y judiciales de Jujuy tienen la obligación de cumplir con la medida provisional que benefició a Milagro Sala en tanto que su incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino.
El abogado Marcos Aldazabal, uno de los defensores de Milagro, dijo que Sala «está estable y un poco mejor, los anticoagulantes parecen hacer efecto»; sin embargo contó que notificaron a la dirigente «una resolución que ya nos habían dicho hace cinco días». Consideró que el juez «sólo busca hostigar, molestarla y transmitirle una mala noticia».
Respecto al pedido del gobernador Gerardo Morales de trasladar a Sala a la cárcel común, el abogado subrayó «es imposible» ya que «hay una medida vinculante de la Corte Interamericana». «Es una expresión de deseo de él (Morales), pero hay una medida que lo impide».
También destacó la visita del presidente: «Fue muy positivo el gesto de Alberto Fernández, a ella también le hizo bien».
