Apartaron a Bonadio de la causa Hotesur y lo reemplazará Rafecas

La Cámara Federal porteña apartó al juez federal Claudio Bonadio de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades de la empresa presidencial Hotesur, al hacer lugar a un pedido de nulidad planteado por uno de los imputados. El fallo pone en duda la imparcialidad del magistrado y plantea irregularidades en el sumario de la causa. EL FALLO COMPLETO

Tras el escandaloso operativo ordenado por el magistrado del caso Hotesur, Claudio Bonadio, con ayuda de la Policía Metropolitana, la Cámara Federal porteña decidió apartar al juez de la causa, que por sorteo recayó en el juzgado de Daniel Rafecas.

En un durísimo fallo que pone en duda su imparcialidad y plantea irregularidades en el sumario, la Justicia hizo lugar al pedido de nulidad realizado por la defensa de Romina Mercado, una de las imputadas del caso.

La resolución fue dictada por la mayoría de la Sala I de la Cámara Federal con la firma de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, en disidencia de Eduardo Farah. En el fallo, Freiler sostuvo que «llama la atención» que mientras «Bonadio dilata la decisión vinculada con su competencia para continuar entendiendo en este sumario, ha ordenado la producción de una importante cantidad de medidas de prueba, que implican una injerencia en los derechos de las personas -nos referimos a las órdenes de presentación dirigidas a varias empresas privadas y a organismos oficiales-, que -otra vez- han tenido una inusitada repercusión en los medios masivos de comunicación».

Ballestero, por su parte, enfatizó en los argumentos que brindó el juez comprometido, cuando solicitó la asistencia de peritos de la Corte sin el control de las partes involucradas en el expediente. «Las explicaciones que el juez de grado brindó al momento de contestar el planteo invalidante que motivó la formación de este incidente, denotan una situación aún más preocupante. Allí el juez indicó que la intervención de los peritos en cuestión tenía como objetivo ‘colaborar con el suscripto en cuanto al diseño técnico de los puntos de pericia si eventualmente se necesitara una'», dijo el camarista, al tiempo que advirtió “la ausencia de algún informe o declaración testimonial a través de la cual se haya incorporado al proceso el resultado de la colaboración brindada por los expertos»

A partir de estas posturas, ambos camaristas coincidieron en considerar que “de mantenerse el Dr. Bonadio a cargo de la presente investigación, no se encontraría garantizada la imparcialidad».

De mantenerse el Dr. Bonadio a cargo de la presente investigación, no se encontraría garantizada la imparcialidad, advirtieron los camaristas

Con respecto a las irregularidades planteadas, se trata principalmente del hecho de que el gobierno porteño haya pagado el desplazamiento de los efectivos de la Metropolitana para realizar el operativo. En primer lugar, en caso de realizar un procedimiento en otra jurisdicción que requiere de gastos, el juez debe pedirle los fondos al Administrador General del Poder Judicial, un órgano del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Sin embargo, su reglamento de viáticos solo permite otorgárselo a funcionarios judiciales; no así a las fuerzas de seguridad que los acompañen. Es la propia fuerza con sus recursos la que debe pagar el traslado, y no un Ejecutivo como lo hizo el gobierno encabezado por Mauricio Macri. Esto podría configurarse como un delito de malversación de fondos públicos.

Asimismo, la policía Metropolitana actuó en un marco de ilegalidad, debido a que no tiene dentro de sus funciones la potestad de intervenir en Santa Cruz, ya que su jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bajo estos argumentos, la Justicia determinó que el juez Claudio Bonadio, efectivamente, no puede seguir al frente de la causa Hotesur. Esta resolución le da sustento a una serie de denuncias y expedientes que se han abierto alrededor de este juez, que ha incurrido sistemáticamente en la práctica de ordenar medidas judiciales polémicas y mediáticas, en el mismo momento que se desarrollan los plenarios sobre su desempeño en el Consejo de la Magistratura.

No es un detalle menor el tinte claramente político que enmarca sus accionar al utilizar una fuerza de seguridad perteneciente a la oposición del Gobierno al que está investigando.

La dudosa performance del magistrado remite, inevitablemente, a su pasado ligado a los “jueces de servilleta”. Todavía es un misterio qué hizo Domingo Cavallo con la servilleta en la que, según denunció en 1996, el ex ministro del Interior, Carlos Corach, le escribió los nombres de los jueces federales que respondían a los deseos del gobierno de Carlos Menem. De esa famosa lista, algunos han caído en desgracia y otros se han retirado por decisión propia. Sin embargo, ciertos nombres siguen resonando con fuerza en la Justicia, y tienen a su alrededor un velo de impunidad y protección mediática. Entre ellos se encuentra Claudio Bonadío.

El cuestionado juez fue subsecretario de Corach en la Secretaría Legal y Técnica. En una ocasión, el ministro Cavallo contó, tal vez torpemente, que vio y escuchó cómo Corach le pedía que archivara una causa suya por presunto enriquecimiento ilícito.

Bonadio lidera el ranking de denuncias acumuladas a lo largo de su carrera; tuvo más de 51, pero la mayoría fueron curiosamente desestimadas. Hoy, sólo quedan ocho.

Una de ellas, es la de la curtiembre Yoma. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció que Bonadio tardó tanto que los delitos que se le imputaban a la empresa prescribieron. La denuncia era por uso irregular de subsidios por parte de la curtiembre. Emir Yoma, su dueño, había sido funcionario de Menem, además de su cuñado.

La ACIJ también denunció al magistrado por su accionar en la causa Tandanor, donde se vendieron ocho hectáreas para hacer edificios. La denuncia por defraudación al Estado y administración infiel fue elevada a juicio oral por Bonadio una vez que la causa prescribió.

Otra causa emblemática que tiene Bonadio en el Consejo de la Magistratura es la de pacientes hemofílicos contagiados con los virus del VIH, hepatitis B y C, por mala praxis médica. El juez tardó tres años en llamar a indagatoria a los imputados. Algunos de los pacientes murieron en el proceso.

Bonadio tardó tres años en llamar a indagatoria a los imputados en la causa por contagio de pacientes hemofílicos. Algunos de ellos murieron en el proceso

El senador Marcelo Fuentes denunció en la Justicia a Bonadio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a partir de los dichos de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien reveló que el juez era propietario del 20% de las acciones de una estación de servicio en Villa Ballester que adeudaba los balances de 2011 y 2012 ante la Inspección General de Justicia (IGJ). La empresa Mansue SA es de su hermano, Carlos Alberto Bonadio, y de otros dos accionistas. En teoría, ningún juez puede tener una empresa. Consignó que, además, el hermano de Bonadio es dueño de otra entidad, Lanús Gas SA, que se dedica a la misma actividad.

Como se puede constatar, las irregularidades han prevalecido en el pasado de Claudio Bonadio, y tal como expone el reciente fallo, también en el presente. Pese a esto, el magistrado es presentado por las corporaciones mediáticas como uno de los “perseguidos” bajo la pretensión de Cristina de “avanzar sobre la Justicia”, según consigna el periodista de cabecera de Clarín, Eduardo van der Kooy.

Fallo sala I de la Cámara Federal s/Bonadio apartamiento causa Hotesur