LA APDH REPUDIA LA DEROGACIÓN DE LA LEY 26.160 DE EMERGENCIA TERRITORIAL INDÍGENA
representa un ataque directo a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH – Argentina) repudia enérgicamente la derogación del presidente Javier Milei y su gabinete, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), del Decreto N° 805/21.-
El mismo, prorrogaba la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. Esta ley, vigente desde 2006, protegía los territorios de ocupación indígena al suspender desalojos y establecer relevamientos catastrales y jurídicos esenciales para la regularización territorial.
Esta medida representa un ataque directo a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales como el Convenio 169 “Organización Internacional del Trabajo” (OIT). Además, amenaza con desencadenar una escalada de violencia en los territorios, profundizando la conflictividad social y vulnerando aún más a las comunidades históricamente marginadas.
La APDH enmarca esta decisión en un modelo político represivo, impulsado por el gobierno de Milei y Bullrich, que prioriza el saqueo extractivista de los bienes comunes naturales en los territorios mediante el “Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones” (RIGI); reforzando una lógica de despojo que afecta no solo a los pueblos originarios, sino también a la justicia social y ambiental que garantiza el equilibrio ecológico indispensable para el futuro de todas y todos.
Llamamos a la sociedad, las organizaciones de derechos humanos, los movimientos sociales y expresiones político-partidarias a unir fuerzas para exigir la restitución de esta ley y defender los derechos territoriales indígenas. El Estado argentino debe asumir su responsabilidad de garantizar el respeto a estos derechos y de construir un país que promueva la equidad, la diversidad cultural y la sostenibilidad ambiental.
Por los territorios, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas. La derogación de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena es inadmisible.
