La APDH Córdoba denuncia que el gobierno de Llaryora pone en riesgo reservas naturales y sitios de Memoria

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba advirtió que la pavimentación del camino E-64, que une La Calera con la Ruta Nacional 20, a la altura de Malagueño, en realidad se trata de un intento de negociación por parte de Llaryora con el gobierno nacional de Javier Milei para que éste último le entregue a la provincia la Reserva Natural La Calera.

Este trazado, que atravesaría la Reserva Natural La Calera, perjudicaría un espacio que hoy conserva uno de los sectores de bosque nativo mejor preservados del Gran Córdoba, pero además es territorio del ex Tercer Cuerpo del Ejército, donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla durante la última dictadura.

Para la APDH, reconocido organismo de defensa de los Derechos Humanos a nivel nacional que tiene fuerte presencia en la provincia de Córdoba, lo que se presenta como una obra vial vecinal “es en realidad una puerta a la explotación inmobiliaria, como ha venido ocurriendo en terrenos similares de las Sierras Chicas. Desde hace décadas, esas tierras son apetecidas por las corporaciones inmobiliarias para urbanizar la reserva a fuerza de la instalación de countries o barrios cerrados, como hicieron en los campos aledaños a las ciudades de La Calera y a Malagueño.”

La entidad sostiene que “tampoco preocupa al gobierno que el 40% de la superficie de la Reserva se haya quemado espontáneamente el año pasado destruyendo zonas con bosques añejos irrecuperables, incendio que duró 15 días e increíblemente no podía ser detenido por el Plan de Manejo del Fuego provincial.”

Lo que en realidad se busca tapar

Pero más allá de lo ambiental, hay que resaltar que dentro de estos terrenos funcionó La Perla, el mayor centro clandestino de detención del interior del país durante la última dictadura cívico militar. Tal como explican desde APDH Córdoba: “Se calcula que más de 3.000 prisioneros de la sangrienta dictadura genocida pasaron por allí, y la mayoría se encuentran desaparecidos. Este camino interno que atraviesa los campos del Ejército fue justamente el que usaban los camiones que llevaban personas cautivas a ese centro para ser asesinadas y sus cuerpos ocultados.”

En ese marco, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó recientemente ante el Juzgado Federal N°3 de Córdoba un plan de búsqueda en sectores aún no explorados de la reserva, ya que se trataría de lugares claves para la reconstrucción de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En ese sentido, el organismo profundiza que: “Por la información disponible, es altamente probable que los cuerpos estén en los lugares indicados en ese plan de búsqueda.” Y sostienen que el sitio es una referencia simbólica por su toponimia sobre delitos de lesa humanidad por lo que “su destrucción e intervención implica un menoscabo y pérdida de incidencia colectiva, además de la negación de la identidad, las creencias, la historia y la dignidad de la población local, todo lo cual se conjuga en la relación entre territorio, cultura e identidad, que constituye una vulneración de derechos humanos universales.”

“Pero en vez de avanzar en este sentido de búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, el Gobierno de Córdoba busca pasar la página y terminar esta historia abriendo un plan de entrega de la reserva a las empresas de desarrollo inmobiliario tan cercanas al poder provincial”, denunciaron.

Lo que se solicita:

Tras todo lo detallado y ante este panorama, la APDH Córdoba solicita mediante una carta y comunicado al gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, que “no intervenga sobre la Reserva Natural La Calera pavimentando caminos o promoviendo su urbanización de cualquier otro modo». También, le solicitan al mandatario que “evite el daño material, moral, social y cultural que ello ocasionaría, ya que es de imposible reparación ulterior”.

En sentido categórico, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Córdoba piden que el gobierno provincial “se abstenga de tomar cualquier medida que pueda modificar el lugar, y por consecuencia impida la investigación en causas judiciales presentes y futuras. Que posibilite, arbitre y ofrezca los medios para que el EAAF pueda realizar una búsqueda sistemática y profunda, para encontrar los restos de los miles de cordobeses enterrados clandestinamente en esos terrenos de ex Tercer Cuerpo del Ejército, siendo una DEUDA no saldada para la sociedad.”

Por último, el organismo sentencia: “Tenga presente la reciente Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emitió con fecha 03/07/2025, que representa una manifestación contemporánea del principio de interdependencia entre los derechos humanos y el ambiente.”

* La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) es una organización no gubernamental fundada en Argentina en 1975. Según su propia web, surgió como una «autoconvocatoria de personas provenientes de los más diversos sectores sociales, políticos, intelectuales, sindicales y religiosos argentinos, en respuesta a la creciente situación de violencia y de quiebra de la vigencia de los más elementales derechos humanos que se escalaba en el país».

La APDH tuvo un rol clave durante y después del terrorismo de Estado, acompañando a víctimas, recopilando denuncias y participando activamente en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Actualmente, continúa trabajando en temas como Memoria, Verdad y Justicia, además de derechos económicos, sociales, ambientales y culturales.