El juez federal Sebastián Casanello le requirió a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que informe y explique en 72 horas la aplicación del protocolo anti-piquetes, que terminó con decenas de heridos por disparos de las fuerzas de seguridad.
Tras declararse competente en la “causa anti-protocolo” que se inició a raíz de la aplicación del protocolo antipiquetes que diseñó el Ministerio de Seguridad de la Nación, el magistrado pidió explicaciones respecto del procedimiento que precedió a la emisión de este protocolo que ya se aplicó en marchas como la de la CGT y la de distintas organizaciones frente al Congreso por el debate de la ley ómnibus.
“Debe informar todos sus antecedentes, remitiendo su hoja de ruta, y los dictámenes jurídicos previos realizados”, apuntó el juez en la causa que caratuló como “hábeas corpus”.
A su vez, deberá informar si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales.
“Corresponderá precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación’ y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos”, remarcó Casanello.
¿Fierro caliente?
La causa responde a la denuncia presentada por la diputada porteña Celeste Fierro (MST en el Frente de Izquierda Unidad).
Luego de dar vuelta como calesita 50 días por 8 juzgados y una cámara, al fin el juez Sebastián Casanello se declaró competente ante nuestra acción judicial para declarar inconstitucional el protocolo represivo de Bullrich. Ahora, la ministra, tiene 72 hs. para informar sobre… pic.twitter.com/XOP9qxHRnS
— Cele Fierro (@Cele_Fierro) February 5, 2024
“Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara, de los fueros electoral, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo, que iniciamos el 18 de diciembre como ‘acción declarativa de inconstitucionalidad’”, apuntó Fierro.
