Justicia federal: EL PROTOCOLO REPRESIVO DE BULLRICH SERÁ OBSERVADO EN LA MARCHA DE JUBILADOS
El magistrado Martín Cormick, dispuso que se controle los efectos del protocolo antipiquete
El plan represivo de Patricia Bullrich será monitoreado durante la próxima marcha de jubilados en la CABA.-
La semana anterior, el CELS, advertía: «El gobierno resucita la narrativa del “golpe de estado” para justificar una represión feroz y una escalada de violencia que empezó ayer con las amenazas de la Ministra Bullrich.» Esta alerta puesta por el Centro de Estudios Legales y Sociales, fue luego acompañado judicialmente por un pedido de medida cautelar para que se declare inconstitucional el protocolo fascista de Patricia Bullrich, normativa bajo la cual se aplican las detenciones arbitrarias, los maltratos, golpes y disparos policiales contra manifestantes de todos los sectores que reclaman por las decisiones políticas del gobierno libertomacrista que hoy rige el país.
La causa contra la normativa represiva, está en pleno proceso por iniciativa de la organización gubernamental, en cuyo sitio digital, informó: » El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, luego de la represión del 12 de marzo, decidió observar de manera presencial la manifestación convocada para el miércoles 19 en el Congreso.»
«El objetivo es monitorear en el lugar la aplicación del Protocolo Antipiquetes (Resolución 943/23) e incorporar de oficio toda prueba que sirva para resolver el planteo de inconstitucionalidad que hicimos distintas organizaciones. En el fallo destacó que los hechos del 12 “no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país”.
Esta decisión es en respuesta al pedido de cautelar que presentamos esta misma semana desde Amnistía Internacional Argentina, el Sipreba y el CELS, ante la incertidumbre de que la represión violenta, que dejó heridos de gravedad y detenciones arbitrarias, pueda repetirse. En la presentación pedimos especialmente que se proteja la integridad y el trabajo de las personas que desarrollan tareas periodísticas y la difusión de información de lo que ocurre durante las protestas.
También pedimos al juzgado que le ordene al Ministerio de Seguridad respetar y garantizar el derecho a la vida, a la integridad, la salud y la libertad de expresión de quienes participan de una protesta.
En diciembre de 2023 presentamos un amparo colectivo contra el protocolo impulsado por Patricia Bullrich, que criminaliza la protesta social. El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. También contiene disposiciones que les permiten recabar información que luego utilizan para criminalizar, perseguir y estigmatizar.
El protocolo amenaza derechos garantizados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales sobre derechos humanos, como el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, de petición y de reunión. Desde que se puso en marcha se redujo el espacio cívico y tenemos menos libertades.» Concluyen desde el CELS.
