El informe que reprodujo el programa «Jujuy Investiga» sobre denuncias que pesan contra el fiscal general, Alejandro Ficoseco, y tres miembros del Tribunal de Cuentas género un hecho de trascendencia que fue interpretado como un claro intento de intimidación al periodismo por parte del poder político.
Luego de la emisión, el fiscal de Investigaciones Complejas, Marcelo Cuellar, se dirigió a las autoridades del canal y le solicitó «bajo apercibimiento» la nómina completa del personal que realiza «Jujuy Investiga», dando un plazo de 24 horas para brindar la información.
En la provincia norteña, señalan al titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, el encargado de motorizar el oficio con el fin de amedrentar al equipo de periodistas y recuerdan que la máxima autoridad de los fiscales, es un hombre cercano al gobernador Gerardo Morales.
Tal es así que en Jujuy lo definen como un «funcionario político» a pesar de integrar el Poder Judicial. Lello Sánchez fue clave a la hora de empujar los procesamientos y detención de Milagro Sala como también a la familia Fellner; además de acumular denuncias de funcionarios de la propia justicia y del Colegio de Abogados de la provincia.
En consecuencia, distintas entidades gremiales, judiciales y periodísticas repudiaron la acción de la fiscalía a la que calificaron como una maniobra que apunta a amedrentar el trabajo periodístico y a cercenar los derechos a la información y el libre ejercicio del periodismo.
Por su parte, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina que nuclea a fiscales y procuradores de todo el país, emitió un duro comunicado «ante el atentado contra la libertad de prensa sufrido por el programa ‘Jujuy Investiga».
En el mismo, repudia el accionar de la fiscalía y se compromete a «someter a tratamiento del pleno la situación del fiscal de la acusación» promoviendo la expulsión del letrado «de esta Asociación comprometida con la democracia y el régimen republicano» a la vez que considera «preocupante el grave condicionamiento al que se somete a la justicia -en Jujuy- y ahora se ataque la libertad de prensa».
En el mismo sentido se expresó el colectivo de Periodistas Unidxs Autoconvocadxs de Jujuy (PUAJ), quienes a través de su cuenta de Twitter recordaron que «el tratamiento informativo de los hechos de la realidad y las opiniones que puedan verterse en el marco del ejercicio periodístico no deben ni pueden ser objeto de represalias, presiones e intimidaciones por parte del Poder Judicial», y agregaron que:
«Los tres poderes del Estado tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de todos los ciudadanos: el derecho al ejercicio del periodismo, el derecho a la libre expresión y también el derecho de la población a estar informada».
Asimismo, se expresó la Asociación de Periodismo Digital (APD) que está integrada por los portales «Qué Pasa Salta» y «Qué Pasa Jujuy», entre otros medios. Desde la APD cuestionaron el accionar judicial y reclamaron que se garanticen las condiciones y derechos para ejercer el periodismo libremente.
Fuente: LPO
