La prensa de Tucumán dio a conocer hoy la disposición de la Corte Suprema de Justicia de esa provincia que emitió la nueva escala salarial del sector. Un juez de primera instancia ganará un salario básico 192.161, sin contemplar su antigüedad ni el plus por título (que lo elevaría a un mínimo de $237.000, sin contemplar otros ítems).
En los medios digitales se viralizó el detalle del aumento que favorece, por ejemplo al vocal de la Corte que pasará a percibir por lo menos $288.000; mientras que un empleado de ordenanza cobrará $34.677. Los relatores de corte, quienes ingresan a ese cargo por designación directa sin rendir concurso,
cobrarán $155.307 de básico, más el plus por título, por sus tareas de redactar borradores de sentencia. Quienes se ubiquen en este lugar, además, no tienen responsabilidad alguna sobre estos fallos, y tampoco podrán ser sometidos a juicio político.
En comparación, los nuevos ingresos mensuales de algunos de los magistrados tucumanos son superiores a los $268.056 que cobra el Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Los datos fueron revelados este lunes en un artículo de la versión impresa de La Gaceta que lleva la firma de Irene Benito.
A estos montos se podrán agregar otros ítems en cada caso particular, además de que en su mayoría estarán
exentos del pago de Impuesto a las Ganancias (solamente deben pagar aquellos que ingresaron en 2017), contrariamente a lo expresado por artículo 16 de la Constitución Nacional, que pregona que
«la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas».
Cabe remarcar que el Poder Judicial cuenta con una planta compuesta por 4274 cargos y una partida presupuestaria de $5300 millones, superior a la que manejan, por ejemplo, la municipalidad de San Miguel de Tucumán y la Universidad Nacional de Tucumán, de la que dependen 13 facultades con sus 70 mil alumnos, más de 10 mil docentes y 5 mil empleados.
La actualización de los sueldos del Poder Judicial pone nuevamente en el tapete un sistema ineficaz que puede demorar años en entregar una sentencia. «Este modelo virtualmente agotado, es el principal obstáculo que tenemos los abogados para ejercer libre y eficazmente nuestra profesión, que está sumida en el desprestigio y la precarización», había señalado el presidente del Colegio de Abogados de Tucumán(CAT), Marcelo Billone, al momento de asumir su mandato, una situación que, a su parecer, no cambió en el transcurso del tiempo.
Fuente: el tucumano
