La Corte Suprema ordenó a un juzgado de instrucción porteño que inicie una investigación contra el intendente de Vicente López, Jorge Macri, por una presunta estafa en la venta de un aserradero en la provincia de Corrientes.
El máximo tribunal dispuso que la causa tramite ante el juzgado número 37, a cargo de la jueza Silvia Ramond, a raíz de la denuncia formulada por el empresario Felipe Luis Domínguez.
Según se desprende de la causa, Domínguez –como apoderado de una empresa extranjera- denunció que “habría sido defraudado al arrendarle un aserradero a Agromadera S.A., ubicado en la provincia de Corrientes”, vinculado con el primo del presidente de la Nación.
La empresa extranjera “observó las instalaciones y comenzó las conversaciones con quienes se encontraban encargados del lugar”, y obtuvo una promesa de “solucionar una serie de inconvenientes que tendrían las maquinarias”.
Finalmente se firmó el contrato de arrendamiento en Vicente López, “sin que luego pudiera llevar a cabo sus objetivos industriales pues el equipamiento estaba en mal estado, lo que le produjo al locatario un importante perjuicio económico”, explica la documentación, a la que accedió Tiempo.
Domínguez denunció, además, que la empresa arrendataria vinculada con Macri “tampoco le había mencionado que se encontraba en concurso preventivo y que sobre el inmueble pesaban inhibiciones”.
La denuncia quedó empantanada en una “cuestión de competencia” entre la justicia de la Capital Federal y la de Vicente López, pero la Corte, siguiendo un dictamen del procurador adjunto Eduardo Casal, determinó la intervención de la jueza Ramond.
Hasta ahora, “no sólo se prescindió de un concreto encuadre jurídico, sino que tampoco se realizó una exigua descripción de acontecimientos perfectamente definidos, que permitiera ensayar una hipótesis delictiva concreta”.
La denuncia lleva un año virtualmente paralizada. “Solo a partir de la profundización de la pesquisa es posible subsanar los defectos indicados y esclarecer los aspectos que comprende la denuncia, cuya multiplicidad de circunstancias podría dar lugar a considerar distintas hipótesis fácticas”, recomendó la Corte, al suscribir el dictamen fiscal.
El fallo fue firmado por unanimidad por los cinco jueces del máximo tribunal.
