
El INTI está “vaciado y militarizado”, denuncian los trabajadores
Pese a la orden judicial para frenar el desmantelamiento, el Poder Ejecutivo está llevando adelante movimientos alarmantes e implementando un estado de “militarización” en la sede central del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Al respecto, la Asamblea Multisectorial del INTI publicó un comunicado acusando al Gobierno nacional de “violar la ley y avanzar en el vaciamiento del organismo”. El texto advierte que la conducción de Miguel Romero, bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio, tiene como objetivo imponer “una centralización del Instituto rechazada por la Justicia, el Congreso y los propios trabajadores”.

Cuestionan, a su vez, el cierre de sedes regionales y la suspensión de las becas y de las convocatorias de nuevos profesionales, situación que vulnera la ley de creación del INTI y paraliza las líneas fundamentales de investigación.
“MILITARIZACIÓN”
La Asamblea Multisectorial del INTI también puso el foco en el estado de “militarización” en las instalaciones del Parque Tecnológico Miguelete, en General San Martín. Este lunes, personal de Gendarmería se apersonó para custodiar el sitio, en lugar de los efectivos de la Policía Federal que históricamente ejercían ese rol.
“Pusieron domos con radio de escucha en lugares que no son cercos perimetrales del INTI –que tiene muchas hectáreas- sino en zonas como el quincho, donde se hacen las asambleas, o en los diferentes locales gremiales. Con un sistema de identificación facial. Estamos prácticamente militarizados”, indicaron desde el Consejo Directivo de ATE Capital a Tiempo Argentino.

“En el macrismo lo hacían con seguridad privada y ahora con Gendarmería, con la excusa de los robos, pero que siempre ocurren de noche”, relataron.
Además, la semana pasada se implementó un recambio de gerentes y subgerentes de áreas de apoyo: “Empezaron a poner gente ‘de ellos’, algo que no habían hecho hasta ahora. Unas 50 personas”.
LA PALABRA DE LA JUSTICIA
En julio el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2 aceptó una medida cautelar y la magistrada Martina Forns sostuvo había “circunstancias graves y objetivas” que justificaban “el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”.
Meses después, en septiembre, pese a esa orden judicial, la Asamblea Multisectorial denunció que el Gobierno Nacional estaba violando la Ley fundamental del organismo, para luego centralizarlo. “Nosotros siempre comunicamos a la comunidad que la misión del Instituto es garantizar la calidad de las mediciones, cuidar la seguridad y la vida de la población argentina. Como así también, contribuir en el fortalecimiento de las economías regionales a partir del desarrollo de valor agregado. Por eso rechazaron el decreto de centralización del Instituto, hoy el Gobierno Nacional pretende burlarse de las y los legisladores porque continúa vaciando al INTI”, apuntó en su momento Giselle Santana, miembro de la Asamblea Multisectorial.





