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Inquilinos presentan protocolo para mudanzas por violencia de género
Organizaciones del sector elevaron la propuesta al Ejecutivo Nacional
La organización de inquilinos nacional, presentó al jefe de gabinete Santiago Cafiero y a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, un protocolo que organiza de forma paulatina y con recaudos sanitarios una estrategia de mudanzas para situaciones de violencia de género y riesgos de salud.
Desde la Federación de Inquilinos, aclararon que «hay que ser muy cautelosos con lo que se permite, porque el Mercado Inmobiliario quiere que se habiliten las mudanzas a mansalva, para que quede nulo el cumplimiento del Decreto 320, y empezar a desalojar de forma ilegal a millones de inquilinos. Las inmobiliarias y los propietarios presionan para que aquellos que no pueden pagar el alquiler se vayan a casa de familiares o a la calle».
Sólo en Capital Federal, hay 40 mil mudanzas potenciales. Si se permiten todas juntas, sería un desastre desde el punto de vista sanitario», expresaron desde la Federación de Inquilinos Nacional. Y agregaron: «el mismo problema ocurre en provincias como Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Chaco, y Provincia de Buenos Aires, en donde la situación de contagio es realmente complicada».
De todas formas, la organización que nuclea a los inquilinos presentó un protocolo para permitir mudanzas en donde peligra la vida de personas (sobre todo violencia de género), o hay cuestiones de salud.
Ley de alquileres, el otro reclamo
«Lo que queremos que quede claro, es que el Estado debe controlar que se cumpla el Decreto 320, porque muchas inmobiliarias quieren que se libere las mudanzas, para poder desalojar a familias, o poder funcionar para seguir cobrando en negro los alquileres. Es urgente poner en marcha un plan para desendeudar a los inquilinos, extender el decreto por 24 meses y que el Congreso Nacional vote la ley de alquileres frenada en el senado», señaló el presidente de la Federación, Gervasio Muñoz.
“Necesitamos un organismo del Estado que controle. A pesar que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación ha manifestado públicamente que no pueden cobrarse 2 alquileres y que existen artículos del Código Civil (Art. Nº 955, Nº 956, Nº 1.203 y Nº 1.091) en donde se encuentran soluciones a la mayoría de los conflictos, se presiona a los inquilinos a mudarse, por lo que la falta de una institución pública que tenga un poder de policía para cumplir estas disposiciones crea una salida que nos perjudica y le es funcional a los intereses de las Inmobiliarias.”
