Imputan a los tres jueces de la Corte que beneficiaron a los genocidas con el 2X1
Marijuan avaló la denuncia de Marcelo Parrilli contra Highton de Nolasco, Rosatti y Rosenkrantz. El delito es prevaricato y para que avance la causa debe demostrarse la malicia de los magistrados contra la ley.
El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó por presunto prevaricato a los tres jueces de la Corte Suprema que votaron a favor de la aplicación del «2 x 1» a un represor de la última dictadura, al requerir que se abra una denuncia penal para que se investigue si fallaron contra la ley.
El funcionario del Ministerio Público dictaminó que el fallo de la Corte «podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos».
«Esta parte formula el correspondiente requerimiento de instrucción impulsando la acción penal en orden a la presunta comisión de delito de acción pública que se desprende de los hechos denunciados» en torno a la figura de prevaricato, que castiga al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley.
Marijuan añadió: «Conforme a los términos de la denuncia del doctor Marcelo Parrilli resultan imputados en autos los señores jueces de la Corte Suprema de la Nación Dra. Elena Inés Highton de Nolasco, Dr. Horacio Daniel Rosatti y Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz».
El fiscal planteó en su dictamen que Parrilli, también ex legislador porteño, mencionó «el modo en que fueron designados inicialmente dos de los Ministros de la Corte», en referencia al decreto del presidente Mauricio Macri que quiso nombrar jueces a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz a través de decreto.
También recordó la legislación internacional acogida en las leyes de Argentina que dispone que los delitos de lesa humanidad «no pueden ser objeto de amnistía indulto o conmutación de pena bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga».
«Este acusador público considera que la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar de nuestro país», redondeó.
En el dictamen de seis carillas, Marijuan solicitó poner en conocimiento de los jueces de la Corte mencionados «la existencia de este legajo, conforme a lo establecido 73 y 104 del Código Procesal Penal» a los fines de «evitar cualquier tipo de afectación a los derechos y garantías con los cuales cuenta cualquier persona imputada en un proceso penal».
También pidió que se incorpore a la causa copia del fallo de la Corte dictado la semana pasada y el de la Cámara Federal de Casación Penal de 2013, donde se le negaba la aplicación del «dos por uno» a Luis Muiña, el condenado en la causa por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el Hospital Posadas y sobre cuyo caso ahora falló la Corte.
Y añadió que se incluya en las diligencias «toda otra medida que Vuestra Señoría considere de utilidad para el avance de la pesquisa».
El dictamen del fiscal fue elevado al juez federal Daniel Rafecas para que se abra una investigación penal tras la denuncia radicada por Parrilli el lunes.
Esa denuncia recayó en el juzgado federal de Rafecas bajo el número 5900/2017 y apuntó a Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco, que avalaron la aplicación del «2 x 1» a Muiña, condenado a 13 años de prisión por la represión de Estado en el Hospital Posadas al comienzo de la última dictadura militar.
«Con el respeto que la investidura de los Señores Magistrados me merecen y no escapando al suscripto que los hechos aquí develados podrían ser considerados una cuestión de puro derecho, he de solicitar que se ponga en conocimiento a los dres. Highton, Rosatti y Rosenkrantz de la existencia del legajo» en su contra, indicó el fiscal.
También recordó el fiscal que Parrilli «vinculó los alcances de ese pronunciamiento (de la Corte) con ciertas declaraciones que se habrían hecho públicas por parte de diferentes integrantes del Poder Ejecutivo».
Parrilli sostuvo en su denuncia que los jueces que avalaron la aplicación del beneficio en el cómputo de la pena para el caso de un condenado por violaciones a los derechos humanos habrían cometido el delito de «prevaricato», es decir dictar sentencias contrarias a la ley.
La objeción apuntó al concepto que permite aplicar el beneficio para un condenado por un hecho ocurrido antes de la vigencia de la ley, quien -además- ingresó en prisión preventiva con posterioridad a su derogación.
