El gobierno de Macri insiste con dotar de privilegios a represores
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, aseguró que se trata de una decisión política.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación impulsa el beneficio de la prisión domiciliaria para los acusados de crímenes de lesa humanidad mayores de 70 años. En una entrevista con el diario La Nación, el secretario Claudio Avruj consideró que tanto él como el Gobierno entienden que los procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad mayores de 70 años deben acceder al beneficio.
Hasta ahora la detención domiciliaria es un beneficio al que accede una persona condenada a prisión por cualquier delito que, además de tener 70 años, tiene problemas de salud por los que no puede ser atendida en los centros de salud de las unidades penitenciarias.
“Hay muchos militares que están detenidos que hoy tienen más de 70 u 80 años. Muchos tienen condena y otros no. ¿Hay alguna idea de cambio de estatus para esos detenidos?”, le preguntaron a Avruj. “Es una decisión plenamente de la Justicia –dijo el secretario–, donde el Estado no va a ejercer una presión sobre eso. Nosotros estamos porque se cumplan los juicios (…) Después, el tema de la edad: yo creo que el tema de la excarcelación de la gente de más de 80 años o de más de 70 tiene que ser igualitaria para todos. Y si la Justicia lo considera para todos, habrá que aceptarlo”.
El periodista le preguntó: “¿Usted, en lo personal, piensa que los mayores de 70 deben ir a prisión domiciliaria?”. Avruj precisó: “Yo considero que sí, porque tiene que ver esto con un respeto al derecho y a la justicia”. Y cuando le preguntó: “¿Esta posición es suya o la comparte con el Gobierno?” El secretario señaló: “Es del Gobierno”, consignó Página/12.
En Argentina, los responsables de crímenes de lesa humanidad están siendo juzgados con las garantías del debido proceso. Por eso, el problema de las declaraciones de Avruj no es sólo lo que dicen, sino lo que no dicen. A fines de 2014, el CELS publicó un informe que ya daba cuenta del elevado número de acusados y condenados en crímenes de lesa humanidad con prisión domiciliaria frente al resto de los imputados por otros delitos.
