Genocidas S.A. La ruta del dinero que financia el proyecto de impunidad de los condenados de la dictadura

El choque entre Villarruel y Milei surge por sus diferencias respecto a la política con los genocidas.

“Es guita, no es un tema ideológico, acá hay mucha guita en juego y compromisos adquiridos durante la campaña que no se están cumpliendo y por eso hay mucho nerviosismo y tensión entre el Presidente y su Vice”.

La fuente es categórica y no deja lugar a dudas: un sector del oficialismo se comprometió durante la campaña de La Libertad Avanza a garantizar la liberación de los 128 militares condenados por delitos de lesa humanidad que aún permanecen detenidos en unidades penitenciarias federales de la Argentina. Y lo hizo frente a un grupo de siniestros personajes que le garantizaron a cambio financiamiento para sus actividades políticas.

“Las reuniones se vienen realizando desde hace mucho tiempo y comenzaron en la base naval de Zárate, donde Victoria Villarruel concurría puntualmente para recibir las bajadas de línea de Alfredo Astiz. De los encuentros también participaban el biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, y Jorge Tigre Acosta, con un operador externo que hoy nuevamente está en los primeros planos de la estructura de inteligencia de la Argentina: Juan Bautista Tata Yofre”, agrega el informante.

El choque entre Villarruel y Milei surge por sus diferencias respecto a la política con los genocidas.

El mentor político de la Vicepresidenta e ideólogo de la organización que esta semana promovió un encuentro en el Senado para impulsar los “juicios contra los Montoneros” es otro de los jugadores de este macabro rompecabezas. Además de haber participado del encuentro con los diputados libertarios que visitaron dos veces el penal de Ezeiza, Alberto González es el nexo directo de Villarruel con el Ángel Rubio.

González comparte detención con Astiz desde hace más de 20 años. Pasaron juntos por la base naval de Zárate, por Marcos Paz y ahora conviven en el penal de Ezeiza. Antes estuvieron juntos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): el condenado a perpetua por la desaparición de la adolescente sueca Dagmar Hagelin –entre otras personas– era uno de los cerebros de la inteligencia naval y González comandaba “el sótano”, el lugar más terrible del centro de detención, donde ocurrían las mayores vejaciones.

Es que, aunque parezca distante en el tiempo, esta historia de represión, tortura, muerte y negocios espurios se remonta a los tiempos en los que estos personajes eran los verdaderos dueños de la vida y la muerte de todo aquel a quien la dictadura considerara enemigo. Y el cuartel más importante de aquel ejército sombrío fue, sin lugar a dudas, la ESMA.

Alfredo Astiz solía reunirse con Villarruel en la base naval de Zárate.

Grupos de tareas (y chorros)

Marcelo Camilo Hernández y Conrado Gómez se sorprendieron con el estruendo. El 10 de enero de 1977 estaban en el departamento de la Avenida Santa Fe 1713, que funcionaba como oficina y vivienda del abogado y contador Gómez, cuando una patota liderada por el Tigre Acosta bajó la puerta a patadas y entró a los gritos. Los sujetaron, les inyectaron Pentonaval y se los llevaron adormecidos en el baúl de un auto.

Cuatro días después y luego de varias sesiones de tortura, Hernández confesó la dirección de su casa. Viajó dentro del baúl de un Falcon con los ojos vendados y grilletes en los pies junto a sus torturadores, para facilitarles la tarea y mostrarles, dentro del hogar donde vivía con su esposa y su bebé recién nacido, el lugar en el que guardaba dinero y escrituras de sus propiedades. Se llevaron alrededor de un millón de dólares entre efectivo y papeles de plazos fijos en unos cuantos bolsos.

Los operativos que hicieron que el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA llegara hasta Hernández y Gómez habían empezado cuatro días antes, cuando un secuestrado bajo tormentos les dio algunas pistas que podrían llevarlos al botín del secuestro de los hermanos Born, aparentemente depositado en Europa.

Gómez no pertenecía a la organización, aunque solía prestar la oficina a algunos de sus miembros. Luego de su secuestro, la patota aprovechó y se llevó de allí cosas que nada tenían que ver ni con Montoneros ni, mucho menos, con algún tipo de combate contra el terrorismo.

En un camión cargaron 130 millones moneda nacional (unos 400.000 dólares actuales), documentos de la sociedad comercial Cerro Largo S.A.C.I.A., dueña de unas 26 hectáreas en la localidad mendocina de Chacras de Coria, papeles de caballos pura sangre alojados en Paso de los Libres, una colección de 700 libros, todos los muebles del estudio jurídico y de la vivienda de Gómez que funcionaba en el mismo departamento, escritos, expedientes, documentos, un aparato de teléfono, máquinas de escribir, calculadoras, ropa, artículos de baño, una máquina de afeitar, juegos de sábanas y toallas, planchas y la rapiña: el contenido de las alacenas de la cocina y de la heladera, y hasta el café, té y yerba mate de la oficina. Finalmente, también el auto estacionado en el garaje.

En 2001, Hernández le contó al juez Claudio Bonadío: “Creo que debe haber sido el primer operativo en el que encontraron, además del típico botín de guerra, mucho dinero, el auto y todos los muebles. Recuerdo haber escuchado que no sabían qué hacer con la plata, si la blanqueaban o no. Eso los hizo discutir entre ellos. Evidentemente era mucha plata. Los tenía muy ocupados una caja fuerte muy pesada, querían abrirla. Recuerdo haber visto después de mucho tiempo en el playón de autos de la ESMA el auto de Conrado Gómez, que era un Fairlane bordó o marrón, y el mío, un Peugeot 404 que estaba a mi nombre y que se lo dieron a un tipo que era contador o escribano”.

El 11 de enero de 1977 secuestraron a Horacio Mario Palma, presidente de Cerro Largo S.A.C.I.A. Al día siguiente desaparecieron Victorio Cerutti, de 76 años, industrial vitivinícola y principal accionista de Cerro Largo; y a Omar Masera Picolini, yerno de Cerutti.

Jorge Radice

Para esa fecha el saqueo era tan grande que los criminales de la ESMA decidieron organizarse. Desde marzo del ‘76 habían almacenado los objetos robados a los secuestrados en un sector del predio al que llamaron El Pañol, al que luego sumaron el Pañol Grande. El Pañol chico era un pequeño cuarto ubicado en el tercer piso del edificio, cerca del ingreso a Capucha, donde los represores acumulaban pilas y pilas de ropas, zapatos y carteras.

El Pañol Grande era un espacio más amplio donde almacenaban muebles, heladeras, tocadiscos, máquinas fotográficas, ventiladores, alfombras, estufas, bicicletas, bibliotecas, lavarropas, vajilla y juguetes, clasificados al detalle, robados de las casas de los secuestrados que fueron asesinando en los vuelos de la muerte.

Pero en el verano de 1977 habían empezado a acumular otro tipo de bienes: escrituras de casas, traspasos de empresas tras sesiones de tortura, y tal cantidad de autos que precisaron un taller mecánico propio para la puesta a punto de los rodados saqueados, que luego usaban ellos o regalaban a esposas y amantes.

Así es como surge Will-Ri S.A. Una red de empresas y doscientos palos verdes

Will-Ri S.A. es el apócope de Francisco Williams y Juan Héctor Ríos, dos personas inexistentes a quienes se les dio entidad con documentos falsos elaborados en la Pecera de la ESMA, una oficina en donde habían puesto a trabajar elaborando informes y documentos falsificados a algunos detenidos. Williams y Ríos eran, en realidad, Jorge Radice y Francis William Whamond, alias Duque, dos de los más feroces integrantes de la patota del 3.3.2. De la papelería se ocupaba el escribano de confianza de Massera: Ariel Sosa Moliné. En los ‘80, previendo la llegada de la democracia, las acciones de Will-Ri S.A. fueron “adquiridas” por una nueva empresa perteneciente al hijo del ex Almirante Cero y a su hermano, Carlos Massera.

Radice, que es contador, se encargaba de la caja negra, por lo que este salto cualitativo era obvio. La sede de Will-Ri, por si quedaba alguna duda de la complicidad de todos, quedaba en la avenida Cerrito 1136, sede legal del Partido para la Democracia Social creado por Massera para su proyecto político.

Will-Ri también abrió oficinas en la provincia de Mendoza para administrar la venta de los campos de Chacras de Coria robados a Palma y Cerruti. Lotearon esos campos y crearon allí uno de los primeros countries de la provincia, y a las calles las bautizaron con nombres como Honor, Patria y Avenida de la Felicidad, el mismo nombre con el que llamaban al pasillo que conducía a las salas de torturas del sótano de la ESMA.

American Data S.A., una de las empresas de Vildoza destinadas a blanquear fondos provenientes de la apropiación ilegal de bienes.

Si la sociedad Will-Ri estaba a nombre de Radice y Whamond, de los negocios participaban todos los integrantes de la patota. A algunos los reconoceremos por ser fatalmente famosos, pero a otros también porque son los nombres de genocidas presos en Campo de Mayo y Ezeiza que en estos meses recibieron la visita de los diputados de La Libertad Avanza.

La lista incluye a Massera, Acosta, Radice (alias Gabriel y Ruger) Rubén Jacinto Chamorro (Delfín), Jorge Vildoza (Gastón), Whamond (Pablo y Duque), Alejandro Spinelli (Felipe Pagés), Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías (Rata, Martín y Trueno), Alberto González Menotti (Gato), Ricardo Cavallo (Sérpico), Jorge Enrique Perrén, Carlos José Pazo, Adolfo Donda (Palito, Gerónimo y Chiche) y Alfredo Astiz (Rubio y Gustavo Niño).

También participaron civiles: la contadora Norma Berta Radice colaboró con su hermano desde 1979. Marcelo Camilo Hernández, bajo tortura, tuvo que entregarles un poder general de administración a los hermanos Radice, quienes con ese documento transfirieron todas las propiedades a su nombre o a nombre de otros a represores y sus familiares, quienes a su vez las compraban y vendían entre sí para que se perdiera el hilo.

Otros civiles fueron el cordobés Miguel Ángel Egea (El Colorado), que trabajó como secretario privado del interventor de la dictadura en Córdoba, el represor Raúl Lacabanne, y su esposa norteamericana Bárbara Franz, hija de un alto funcionario de la CIA.

Crearon diferentes sociedades para administrar de forma directa los bienes despojados a las víctimas. Fueron las llamadas “inmobiliarias”, como la de Warnes 350 de Vicente López; la de Ciudad de La Paz 1034 o la de Jaramillo 3083. En todas se obligó a trabajar a los mismos cautivos de ESMA, en una suerte de “libertad vigilada”.

También tenían otras empresas como Sidercforma S.A., un servicio integral de decoración, reformas y construcción, con sede en Pringles 1282, piso 6°, cuya función era completar la oferta cuando vendían una propiedad; vale destacar que ese departamento pertenecía a Nélida Haydée Rizzo, una secuestrada. Sidercforma tenía una sucursal en Munro, más precisamente en Estado de Israel 2207, propiedad de otro detenido-desaparecido.

En Besares 2019, propiedad que pusieron a nombre del padre de Radice, funcionó Chroma S.A, dedicada a la producción cinematográfica y de publicidad. “Sobre la Navidad de 1977 me llevan a trabajar afuera de la ESMA a una casa en la calle Besares, a 15 cuadras de la ESMA”, dijo Silvia Labayru en su declaración durante el juicio oral ESMA II. “Llevan a un grupo de secuestrados también. Se estaban haciendo obras para convertir el lugar en un estudio de grabación, invirtieron mucho dinero, compraron muchas cámaras, nos llevaron a secuestrados, algunos hacían función de albañiles. El que estaba a cargo era el capitán Pazo, que junto con Acosta y Vildoza tenían el máximo grado del área ejecutiva, por debajo de Chamorro. Las obras de esa casa tenían por objeto hacer filmaciones sobre lo bella que era la Argentina y lo humano que era el gobierno militar. Una persona secuestrada estaba a cargo del audio, otros trabajaban como obreros de construcción, cuatro o cinco. A mí me llevaron para hacer de secretaria, pero mi función consistía en llevar los papeles de esa casa, que era robada a un secuestrado. En ese momento no lo sabía, pero estoy segura de que está relacionada con Chacras de Coria”.

Si la mayoría de las empresas son del rubro inmobiliario, el negocio del juego tampoco les resulta ajeno. London Clubs S.A., a nombre de Cavallo, tiene ese fin. Jorge Vildoza, supuestamente muerto en Sudáfrica, bajo el seudónimo de Sedano y con un documento falso creó American Data S.A., con sede en Repetto al 3300 del partido de Vicente López, también dedicada a los juegos de azar y que en la actualidad dirigen sus hijos. A nombre de Vildoza también está la inmobiliaria Artescmos S.A., en Tres Sargentos al 1500 de Martínez.

El conglomerado de empresas creadas por la dupla Radice y el matrimonio Egea-Franz comprende también Aviar Navarro S.A., Tex-Mon S.A.I.C.F., Seal Lock S.A., Martiel S.A., Sately S.A., Fundación Foro de las Américas, Business Advisor S.A., Talsud S.A., y Oro 2881 S.A.

La coincidencia de todas estas empresas, además de sus integrantes pertenecientes a la patota de ESMA, es que están registradas en la misma dirección: Santa María de Oro 2881, una antigua casona palermitana que fue demolida en 2021.

Acosta, además, tuvo su propio astillero, Astilsur, con el que defraudó al Estado por 32 millones de dólares que recibió para construir y exportar 16 barcazas que jamás se hicieron.

Directivo de Astilsur fue también Jorge Radice, lo que demuestra la trama constante construida por los genocidas. Junto a Radice también tuvo Astilleros Río Bravo S.A., con instalaciones de casi 5.000 metros cuadrados ubicadas en Rivas 175 en la Isla Maciel de Avellaneda. Tendría participación en la empresa Eximport Funds, que dirige su hija María Elena Acosta y que tiene la misma apoderada legal que el astillero Río Bravo.

Francis Whamond, además de ser parte de Will-Ri, se dedicó a los caballos de carrera. Los veinte caballos que pertenecieron al contador Gómez y que fue buscar con personal de la Marina hasta Paso de los Libres, los inscribió a su nombre y a nombre de Massera en los registros del Jockey Club, y los hicieron correr por años en los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata.

Alejandro Spinelli, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Alberto González Menotti, Jorge Enrique Perrén, Adolfo Donda y Ricardo Cavallo se dedicaron al usufructo de Chacras de Coria: los viñedos, la bodega y la estancia que lotearon y pertenecía a Cerro Largo S.A., la empresa de Cerruti que, por entonces, tenía una valuación de 16 millones de dólares.

Empresas y cuentas offshore aún vigentes

Sólo los hermanos Radice y el matrimonio de Egea y Franz constituyeron catorce personas jurídicas en cuatro jurisdicciones: la Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Panamá.

Long Regent S.A. (a través de Long Regent Holdings LLC, Adela Cía. de Inversiones y Puerto Margarita S.A.) fue creada en 1998 como inmobiliaria, luego de un largo entramado de sociedades del mismo rubro; London Clubs S.A. (a través de London Clubs Investments LLC) tiene por objeto la explotación de salas de juego y además de Radice, Egea y Franz está integrada por Ricardo Cavallo; Forestando Delta S.A. (a través de Forestando Delta Investments Corp.); Martiel S.A. (a través de Adela Cía. de Inversiones, Puerto Margarita S.A y Fedycor S.A) constituyen el alambique de transnacionalización de las propiedades incautadas.

Según los Panamá Papers, además, Miguel Ángel Egea y Bárbara Franz tienen una cuenta en el banco suizo Espírito Santo: la número 103.845, a nombre de la empresa Walkermill Management.

A nombre de Ricardo Miguel Cavallo existió una sociedad offshore registrada en Orlando, Florida, con el nombre de Mari USA LLC, vigente hasta 2009, con la posibilidad de algún traspaso de titularidad o nombre luego de su detención. Jorge Acosta registró ocho sociedades en distintos lugares de Estados Unidos (Florida, California, Michigan y Connecticut), que posiblemente pasaron luego a otros titulares.

A nombre del hijo de Vildoza, llamado Jorge Ernesto Vildoza y también ex marino, existe una sociedad de nombre Maitreya S.A., con domicilio en República Dominicana, registrada el 30 de septiembre de 2010 y dedicada al negocio de las máquinas tragamonedas de los casinos, actualmente vigente.

Curiosamente, tres de las empresas que están a nombre de Bárbara Franz (Long Regent Holdings LLC, Lexington Equity Holdings INC y London Clubs Investments LLC, con dirección en 14681 de Biscayne Blvd. de Miami) revalidaron su registro en abril de 2024, simultáneamente a que Javier Olivera Ravasi –el cura sedevacantista responsable del armado para avanzar en las nuevas leyes de impunidad– pusiera en marcha el plan para lograr la libertad de los genocidas presos. Egea, el creador del alambique de empresas offshore de los ex ESMA, era muy amigo del cura Aníbal Fosbery, de la agrupación FASTA. ¿Quién es uno de los discípulos de Fosbery? Casualmente el mismísimo Olivera Ravasi

La investigación de Data Clave encontró una tercera empresa perteneciente a Bárbara Franz que no solo está vigente sino que fue renovada con la misma fecha de certificación que las otras dos: 2 de abril de 2024. Se trata de LEXINGTON EQUITY HOLDINGS, INC., que tiene la misma dirección de las otras dos y también está activa.

La diversificación de rubros viene con el Tigre Acosta. Gracias a picanear a un niño frente a su padre, para que cante, logró apropiarse de 1.200.000 dólares, que fue parte del rescate que la empresa Bunge y Born pagó por el secuestro de los hermanos Born, y que estaban depositados en una cuenta en Ginebra. Por lo que, ya en Europa, abrió una cuenta en ese mismo banco para hacer el traspaso a sus arcas. La justicia Suiza confirmó que Acosta tiene aún dos cuentas en bancos de ese país.

Astiz fue quien junto con Vildoza y Acosta se encargó de abrir cuentas en Sudáfrica y en Ginebra, donde aún deben estar depositados buena parte de los 200 millones de dólares que, se calcula, el grupo de genocidas robó a detenidos-desaparecidos entre 1976 y 1980 en la ESMA. Esos “octogenarios” integrantes de las Fuerzas Armadas aún aguardan el cumplimiento de una promesa que nunca llega.

La conexión Ravasi

A raíz de una serie de posteos realizados por la diputada Lourdes Arrieta luego de haber renunciado al bloque de La Libertad Avanza, este portal publicó el entramado de empresas offshore ligadas a la Orden de San Elías, que solo integran sus dos miembros fundadores: Olivera Ravasi y su socio Federico Highton.

A pesar de ser una asociación religiosa que imparte –según su página web– cursos de capacitación teológica y catequesis, no está asentada en el Registro de Cultos. Tampoco se sabe qué diócesis controla esos contenidos, ni tiene directorio constitutivo, ni balances presentados.

Sin embargo, está registrada en Georgia, Estados Unidos, un paraíso fiscal, como corporación empresarial y orden religiosa bajo el nombre Order of Saint Elijah, Inc., con el número de registro 20204623. La fecha del mismo es el 10 de junio de 2020, en plena pandemia, y está vigente hasta 2025. Presentaron actualizaciones todos los años desde su inicio, por lo que, aunque no tiene balances, está en plena actividad.

No es la única empresa offshore en la que aparece el sacerdote. Junto a su hermano, Martín Olivera Ravasi, un pediatra antiaborto muy querido y respetado en Neuquén, donde reside y trabaja, registró Palupa Properties LLC., con dirección en el 200 de Crandom Boulevard de Key Biscayne, una fastuosa casa que aparece también como la dirección de los hermanos Olivera Ravasi en Miami.

FUENTE: * Artículo publicado en el portal Data Clave.