Todo es incertidumbre por estas horas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), creado en 1957 para asistir a la industria nacional impulsando la innovación y la transferencia de tecnología, y que además es referente en Metrología, la ciencia de las mediciones, de fundamental importancia para calibrar instrumentos y hacer posible el comercio local e internacional, entre otras cosas.
“El INTI no figura en la Ley Bases, no se lo menciona; es decir, que no está exento de ser privatizado o disuelto. No quedó entre los organismos excluidos de ese riesgo, por lo menos en la versión aprobada este martes en Diputados –comenta un destacado investigador del organismo–. Incluso hubo acercamientos con algunos legisladores para que se lo protegiera, pero sin respuesta”.
En efecto, la norma que se encuentra en discusión en el Parlamento establece que “se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada (…), la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos”.
En el mismo artículo se excluye de esas facultades a las universidades nacionales, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan. También se establece que no se podrá disponer la disolución del Conicet, el ANLIS-Malbrán; la Anmat; el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa); el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Al INTI no se lo incluye entre esas excepciones. Si bien todavía no hubo despidos, como los contratos temporarios se renovaron el 31 de diciembre hasta el 30 de junio, el personal que trabaja bajo ese régimen teme que a mitad de año se produzcan cientos. “Las inversiones para proyectos están paralizadas, porque no hay recursos para equipamiento y ni siquiera para los proyectos que habían sido aprobados –comentan–. También corren rumores de que se podrían cerrar sedes del interior”.
En el INTI trabajan unos 3000 investigadores, ingenieros y técnicos altamente especializados. Unos 2400 pertenecen a la planta permanente, unos 300 se encuentran bajo el régimen de contrato de trabajo, y unos 250 son monotributistas. Estos últimos son los que estarían en mayor riesgo. Desde el primero de enero ya se fueron 90 personas, entre jubilados y jóvenes con contratos temporarios que tienen temor de que no se los renueven y la oportunidad de emigrar a otros ámbitos.
No sería la primera vez que este ente autárquico crítico para el desarrollo de una industria nacional es objeto de medidas devastadoras. Durante la década del noventa, perdió más de la mitad de su planta y debió justificar su propia utilidad. Una comisión de 30 personas tuvo que ir al congreso a defenderlo porque les dijeron que la institución estaba «en terapia intensiva» y que tenían horas para definir si seguía existiendo o se eliminaba. Sobrevivió, pero a duras penas. En 2018, en medio de denuncias del personal por desmanejos del presupuesto, se despidió a más de 250 empleados.
Con 52 centros de investigación y desarrollo en todo el país, el INTI tiene casi uno por sector industrial: alimentos, plástico, textiles, caucho, materiales para la construcción, metalmecánica, electrónica, lácteos. Recibe ingresos por sus propios emprendimientos, pero además presta una infinidad de servicios de control de calidad y de seguridad. Además, realiza, reproduce y mantiene los patrones nacionales de medida, lo que contribuye a asegurar la calidad en las mediciones relacionadas con el cuidado del ambiente, la salud, los alimentos, la seguridad pública, la equidad en el comercio y la calidad de la producción industrial.
Para desarrollar sus tareas, 80% de las cuales están destinadas a las PyMES, cuenta con laboratorios e instrumental que en algunos casos es único en la región. Además, dispone de plantas piloto para diferentes industrias. La última, inaugurada en agosto del año pasado gracias a una inversión de más de 2,5 millones de dólares, iba a permitir desarrollar insumos de alto costo para la industria farmacéutica y la salud pública que hasta ahora se importan.
La “Planta Piloto de Ingredientes Farmacéuticos Activos” permite el desarrollo, escalado y optimización de los procesos de síntesis química para la producción de IFAs, ingrediente principal de un medicamento, cuyo mercado tiene un tamaño global estimado de 22 mil millones de dólares.
«Dejando al INTI expuesto a las decisiones del Poder Ejecutivo, sin intervención del Poder Legislavo a pair de la aprobación de este proyecto de ley, el desarrollo industrial de nuestro país se erosiona –afirma el documento que hicieron llegar a Diputados–. Nuestras pymes quedan más expuestas a las empresas que importan bienes que podrían no estar certificados, a costa de la salud y la seguridad de las personas; las empresas podrían contaminar sin control del Estado; los ensayos y certificaciones que hoy hace el INTI podrían pasar a manos privadas; se podría permitir la comercialización de productos importados de baja calidad y con riesgo para la salud (juguetes, pilas, lámparas, entre otros); se podría dar rienda suelta a los que hacen uso fraudulento de instrumentos y equipos (por ejemplo, surtidores, balanzas o controladores fiscales); se facilitaría el ingreso de productos importados que hoy INTI ayuda a desarrollar en el país o asiste para que los fabricantes nacionales sean más competitivos, entre otras consecuencias que vemos con preocupación un gran grupo de profesionales de esta institución, que creemos en el desarrollo industrial y productivo federal y apoyamos a nuestra industria nacional como servidores públicos».
“El INTI tiene el ADN de la Argentina industrial –advierte el físico Diego Hurtado, estudioso de la historia de la ciencia local, ex Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia y vicepresidente ad honorem de la CNEA–. Ahora, como ocurrió en otros momentos, se aterroriza a personal hipercalificado con la amenaza de despidos”.
En medio de una situación oscura para todo el sistema científico y tecnológico, se cierne también sobre ellos el temor de que el organismo abandone su misión, y se pierda conocimiento y capacidades técnicas que luego será muy difícil recuperar.
Fuente: El Destape
