Fútbol para Todos: juicio a ex funcionarios, dirigentes y empresarios por administración fraudulenta agravada

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó  el juicio a 14 personas -ex funcionarios nacionales, dirigentes del futbol argentino y empresarios- por incumplimiento de los fines del contrato en el programa televisivo “Fútbol Para Todos».

En aquel entonces dependiente de Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación, y por maniobras de desvíos de fondos del Estado Nacional a cuevas financieras, mediante maniobras que se habrían dado entre agosto de 2009 y diciembre de 2015.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal general Miguel Ángel Osorio y la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA,) Andrea Garmendia Orueta. En tanto, la instrucción de la causa estuvo a cargo del titular a Fiscalía Federal Nº3 porteña, a cargo de Eduardo Taiano.

En el caso se encuentran acusados los exjefes de gabinete de ministros de la Nación, Aníbal Fernández y Milton Capitanich; el excoordinador del programa, Gabriel Mariotto; los exdirectivos de la Asociación de Futbol Argentino Luis Segura (expresidente), Miguel Ángel Silva (exsecretario general) y Rubén Manuel Raposo (exadministrador financiero); los exdirectivos de Futbolistas Argentinos Agremiados Carlos Alberto Pandolfi (extesosero), Raúl Pagano (exgerente financiero), Sergio Raúl Marchi (exsecretario general), Norberto Francisco Monteleone (exgerente general); el expresidente de la firma Iveco, Natale Antonio Rigano; y los directivos de las entidades crediticias Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Amigal Limitada y Grupo Climafin, Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dávola. También se encontraban acusados los exdirectivos de la AFA Rafael Armando Savino y José Lemme, quienes fallecieron.

Los acusados llegaron a juicio por el delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública -Segura y Fernández en calidad de autores y el resto en calidad de participes necesarios-, a excepción de Capitanich, quien está imputado por el delito de violación de los deberes de funcionario público en calidad de autor.

El tribunal, integrado por Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünbeg, dio inicio de la audiencia minutos antes de la 10.00 de este lunes en la sala AMIA de los tribunales federales de la calle Comodoro Py 2002. Dio lectura de la acusación fiscal y abrió la instancia a planteos preliminares, momento en el que la defensa solicitó una nulidad parcial de la acusación que fue contestada por la fiscalía tras un cuarto intermedio.

Al contestar el traslado, el fiscal Osorio fundamentó que el requerimiento de elevación a juicio cumplió con los requisitos del artículo 347 del Código Procesal Penal de la Nación, por contar con una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos imputados, la calificación legal y la exposición de los motivos en los que se fundó la parte acusadora. Posteriormente, el presidente del tribunal informó que la resolución se dará a conocer en la próxima audiencia del 1º de julio.

Los acusados llegaron a juicio por administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública -Luis Segura y Aníbal Fernández en calidad de autores y el resto en calidad de participes necesarios-, a excepción de Capitanich, quien está imputado por violación de los deberes de funcionario público en calidad de autor.

La acusación

Según detalló la fiscalía de instrucción en la acusación, el contrato asociativo entre la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación y la AFA tenía como objetivos asegurar el acceso libre y gratuito de los partidos por televisión abierta a la población y el fortalecimiento económico de los clubes. El requerimiento de elevación a juicio indicó que este último aspecto -tal como surgió de la investigación- no sólo no se verificó, sino que, por el contrario los respectivos pasivos de los clubes se incrementaron sustancialmente, sin que en ese marco siquiera se haya observado la cancelación de la deuda que mantenían con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La acusación remarcó que hubo incumplimiento relativo a cláusulas en las cuales la AFA se encontraba obligada a hacer auditorias en los clubes para fiscalizar el cumplimiento estatutario, por lo que las entidades deportivas debían, entre diversas acciones, llevar la contabilidad de cuentas patrimoniales de ingresos y egresos específicas para la actividad del fútbol profesional e invertir en obras de utilidad deportiva o cultural el remanente líquido que obtuvieran del fútbol, entre otros deberes.

La fiscalía señaló además a los imputados por maniobras fraudulentas de desvíos de fondos públicos mediante el cobro de cheques, a través de la AFA y mediante otras entidades. «En síntesis, y si bien la operatoria de descuento de cheques de pago diferido resulta legal, lo cierto es que se ha producido un desvío hacia las arcas de las mencionadas entidades de dinero, extremo que significó un daño al patrimonio público y, por otro lado, un escenario de fortalecimiento de las finanzas de sus empresas». Según la acusación, los pagos de la AFA a los clubes se hacían por montos cuyo total no ingresaba totalmente a las entidades deportivas, sino que había un descuento sobre ellos realizado por los acusados. La diferencia entre el monto emitido en la orden de pago y el recibido por los clubes fue destinada a entidades crediticias.

La acusación abordó también maniobras fraudulentas en seis contratos de sponsoreo o naming suscriptos entre la AFA, la Jefatura de Gabinete de ministros y la empresa “Iveco Argentina SA” desde febrero de 2010. Según se indicó en la pieza acusatoria leída en la apertura del debate, a lo largo de los años de duración del contrato de sponsoreo la AFA recibió aproximadamente 86 millones de pesos a cambio de los derechos otorgados a IVECO Argentina S.A. En relación a los convenios con la empresa automotriz, la fiscalía indicó que la Auditoría General de la Nación cuestionó la falta de fundamentos para arribar a los precios fijados, la ausencia de motivos sobre las necesidades que llevaron a optar por la entrega de camiones en forma de pago y la omisión de mecanismos propios de las contrataciones públicas.

El requerimiento de elevación a juiico añadió que “ello ocurrió sin sujetarse a la normativa legal ni licitación alguna, recibiendo como parte de la contraprestación pagos en especie sin que se hallara acreditada la necesidad previa de ello y sin que guardaran los conceptos facturados y los segundos publicitarios contenidos en el acuerdo con los cuadros tarifarios y/o paquetes tarifarios del Programa”.

Por otro lado, la fiscalía sostuvo, en relación a las irregularidades sobre los ingresos generados por el programa, que desde el ejercicio de 2010 se dejaron de percibir entradas por venta de espacios publicitarios durante las transmisiones y que luego esos espacios fueron exclusivamente destinados a la publicidad oficial, sin que fuera posible conocer las razones tenidas en cuenta por el organismo para este cambio, “habida cuenta de la inexistencia de una decisión o acto administrativo fundado que dé razón a ello y legitime lo decidido”.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo además que se produjeron incumplimientos a los procedimientos de contratación pública establecidos por el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional y el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, situación que -sostuvo- se verifica en el propio contrato fechado el 20 de agosto de 2009, que dio origen al programa.