Fresneda lanzó convocatoria para evitar la demolición de la UP1
El secretario de Derechos Humanos de la Nación convocó a una mesa de diálogo, para evitar la demolición de la Unidad Penitenciaria N°1 de Córdoba. En el mes de diciembre del año 2014 se señalizó, por su funcionamiento durante la última dictadura cívico militar.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, convocó a una mesa de diálogo con autoridades de esa provincia, la Comisión de Familiares de UP1, la Comisión Provincial de la Memoria, organismos de Derechos Humanos y la Mesa de Trabajo Barrio San Martín, para trazar líneas de acción que eviten la demolición de la Unidad Penitenciaria N°1 de Córdoba.
A través de un comunicado de prensa de esa secretaría, entre los convocados por Fresneda también se encuentran el gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota, y el juez federal interviniente.
En ese sentido, informaron que «se buscará resolver cuál será el destino del establecimiento carcelario más antiguo de la provincia en el que se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar y que en el mes de mayo fue cerrado por el gobierno provincia».
Se buscará resolver cuál será el destino del establecimiento carcelario más antiguo de la provincia en el que se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar y que en el mes de mayo fue cerrado por el gobierno provincia
Se trata de la unidad penal que pasó a integrar el engranaje del plan sistemático de terror y exterminio ejecutado por la última dictadura que, en la provincia de Córdoba, dependió del entonces general Luciano Benjamín Menéndez.
En diciembre de 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba condenó a 23 militares y policías responsables por los crímenes de lesa humanidad vinculados con esta unidad penitenciaria. Un total de 16 represores recibieron penas de prisión perpetua, entre ellos el propio Menéndez y el dictador y ex presidente de facto, Jorge Rafael Videla.
La UP1 fue también utilizada para el alojamiento de detenidos por razones políticas luego del golpe de Estado de 1955 y durante los primeros años de la década del ’60, con la implementación del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) entre 1958 y 1963, que suspendió las garantías constitucionales y posibilitó el encarcelamiento ilegal y la tortura de militantes políticos, sindicales y estudiantiles, a través de decretos del Poder Ejecutivo y consejos militares de guerra.
En el mes de diciembre del año 2014, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Red Federal de Sitios de Memoria, señalizó la Unidad Penitenciaria N°1 en la Ciudad de Córdoba, por su funcionamiento durante la última dictadura cívico militar.
