Primero fueron las declaraciones del presidente del Consejo de Procuradores Fiscales de Argentina, Mario Bongianino: «Hoy Jujuy tiene un sistema acusatorio donde los fiscales investigan, esto no sucedía al cometerse los hechos, por eso esta causa es un pretexto para tratar de apartar del cargo al fiscal general Alejandro Ficoseco, siendo su fin la persecución política»Le siguieron las definiciones del propio conjunto judicial del mundo, poniendo en evidencia el trasfondo fascista que tiene el gobierno norteño, al impedir que la Justicia investigue los delitos cometidos en Jujuy. En el contexto del 24° Congreso Anual de la Asociación Internacional de Fiscales que congregó también al Consejo de Procuradores Generales, Fiscales Generales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal manifestaron preocupación por el avance del juicio político contra el Fiscal General Alejandro Ficoseco; en consecuencia, catalogaron esta actitud del oficialismo macrista en esa provincia como una “clara persecución política contra el mencionado magistrado”
Asimismo establecieron que “la situación institucional del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Jujuy, donde se pretende someter a juicio político al señor Fiscal General Alejandro Ficoseco” para lo que interpretaron que “la insistencia en darle curso al proceso de juicio político, pese a haberse puesto de manifiesto su impertinencia y haberse desestimado previamente dos de las tres causales invocadas, sumado a la clara inconsistencia de la tercera, ponen de manifiesto la clara persecución política contra el mencionado magistrado y el uso espurio de la institución mencionada, que pone en crisis la independencia funcional que reclaman los pactos internacionales contra la corrupción y el crimen organizado firmados por la República Argentina y el régimen republicano de gobierno”.
En el documento que rubricaron los estamentos judiciales del mundo, alertaron: “cuando la Constitución provincial asegura la continuidad del Fiscal General, lo hace claramente con la finalidad de que trascienda los cambios gubernamentales y las coyunturales mayorías parlamentarias, por lo que el uso de tales mayorías sin sustento legal y constitucional, directamente afecta el sistema constitucional de Jujuy”.
Además, los funcionarios judiciales mostraron en su mensaje que el desde el sector afectado: “se insta a las autoridades legislativas de la Provincia de Jujuy a cesar que el curso del referido juicio político, en tanto carece totalmente de fundamentos jurídica y fácticamente serios”.
Mario Bongianino, explicó que durante el Congreso decidieron de modo unánime “emprender todas las acciones jurídicas posibles tanto a nivel provincial, nacional e internacional, además de reuniones (que ya se están realizando) con diversos referentes políticos nacionales”.
Las medidas judiciales alcanzarían hasta el propio Ministerio Público de la Acusación (MPA)conducido por el Fiscal Sergio Lello Sánchez, sobre quien pesa varias denuncias por el desempeño frente a esa dependencia.
