Finalizó la consulta previa a comunidades indígenas sobre el plan de acceso al agua
Las comunidades hicieron sus aportes y sugerencias y prestaron su conformidad con el plan.
Durante seis talleres participativos, la Unidad Ejecutora de la sentencia Lhaka Honhat presentó las propuestas de obras y acciones para garantizar el acceso al agua y para la delimitación del territorio comunitario.
Miembros de más de 150 comunidades indígenas de Santa Victoria Este, Salta, participaron entre el 7 y el 10 de mayo de un proceso de consulta previa, libre e informada respecto del plan de obras y acciones de acceso al agua y de delimitación y demarcación del territorio, presentado por la Unidad Ejecutora de la Sentencia Lhaka Honhat.
Durante seis talleres participativos, con el apoyo de mapas, material gráfico traducido y con la presencia de intérpretes simultáneos en idiomas originarios, la Unidad Ejecutora, coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, transmitió las propuestas a los caciques y miembros de las comunidades, quienes intercambiaron opiniones, hicieron aportes a los proyectos originales y finalmente acordaron con la propuesta.
El titular de la Unidad Ejecutora de la sentencia Lhaka Honhat, Nicolás Rapetti, señaló: “fue un hecho político de suma importancia; en estos días se cristalizó el trabajo de muchos meses en los que desde varios ministerios de Nación estuvimos construyendo esta propuesta, con una participación activa de Lhaka Honhat, para empezar a dar cumplimiento al fallo de la Corte IDH”.
Durante estas jornadas se presentaron los primeros dos ejes del plan que se encuentra en elaboración: “Esta propuesta, que cuenta con el aval de la Provincia de Salta y del Municipio de Santa Victoria, ahora fue sometida a consulta de las comunidades. Se trata de un paso indispensable para asegurar que las obras propuestas respondan a las necesidades en territorio pero además sienta un precedente muy importante en una metodología de trabajo centralizada, que tiene en cuenta de manera contundente la opinión de las comunidades, que son quienes finalmente van a utilizar las obras», agregó.
El eje Agua, presentado en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, consiste en la construcción de 26 pozos de 200 metros de profundidad, distribuidos estratégicamente en distintos puntos del territorio, redes de distribución desde los pozos a los hogares y más de 800 cisternas de recolección de agua de lluvia.
El eje Territorio propone crear y financiar un equipo técnico de 12 personas (de las cuales 4 serán indígenas y criollas) para trabajar en la delimitación y demarcación del territorio indígena, que es la principal exigencia de los pueblos originarios de la zona. El Estado debe garantizar las condiciones para que los criollos liberen las tierras que pertenecen a las comunidades y otorgarles así un título único.
Todas estas acciones formarán parte del plan integral de cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, que ordenó al Estado argentino abordar la situación territorial y socioeconómica de las comunidades nucleadas en la Asociación Lhaka Honhat.
De los talleres participó Oscar Minteguía, titular de la Unidad de Integración Interjurisdiccional de la Obra Pública del Ministerio de Obras Públicas, que financiará la totalidad de las obras vinculadas al acceso al agua.
Finalmente, por la tarde del viernes, la Unidad Ejecutora mantuvo una reunión informativa en la sede de la Organización de las Familias Criollas (OFC), con multitudinaria concurrencia de las familias campesinas de Santa Victoria Este, quienes también se verán beneficiadas por las acciones concernientes al agua y el territorio.
El próximo paso es la presentación de estos dos ejes ante la Corte Interamericana de DDHH, con la aprobación explícita de los peticionarios, para que de esta forma el Estado pueda comenzar rápidamente con las obras.
El caso Lhaka Honhat
El reclamo por la entrega de un título único para todas las comunidades indígenas respecto de las tierras que ocupan ancestralmente llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el acompañamiento del CELS, en 1998.
En el transcurso de todos esos años, los pobladores originarios y criollos se organizaron políticamente y llevaron adelante trascendentales negociaciones sobre el territorio de 400 mil hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14, con la destacada participación del recientemente fallecido coordinador de Lhaka Honhat, Francisco Pérez.
En 2018, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó al Estado argentino ejecutar aquellos acuerdos, particularmente, delimitar, demarcar y otorgar los títulos de propiedad para las comunidades, y generar las condiciones para garantizar la relocalización de las familias criollas.
