La Asociación Civil Acción para el Desarrollo y la Igualdad (ADI) es una organización sin fines de lucro que trabaja territorialmente en la Provincia de Bs As con poblaciones social y económicamente vulnerables.
Se encuentra adherida a la RATT Internacional (Red Nacional alto al Trafico y la Trata), y es representante legal de RATT JU del Mercosur por medio de la responsable Rocio Olguin (corresponde al área joven de la RATT Internacional).
Actualmente, integra la Oficina Provincial de la Lucha Contra la Trata de Personas, dependiente de la Subsecretaria de Acceso a la Justicia, Gobierno de la Provincia de BsAs. Como la ONG mejor puntuada en orden de mérito del trabajo para prevenir trata de la provincia del periodo 2019 al 2021.
Su dirigencia, decidió acompañar un proyecto legislativo que expone la utilización de mujeres, inculpadas por delitos del narco -denominadas en la jerga- como «perejiles» Sin ser las verdaderas cabecillas de las redes que operan dentro y fuera del país.
En la carta intención que apoya a la propuesta parlamentaria, la asociación -ADI- manifiesta: «Convencidas de que la trata de personas y el tráfico de personas en Argentina es un flagelo que somete a miles y miles de mujeres en nuestro país, resulta necesario hacerle frente mediante políticas públicas idóneas para solucionar la problemática de fondo.
La mujer como objeto delictivo
Uno de los pasos fundamentales en la lucha contra la trata de personas es identificar los grupos de riesgos como tales y no disfrazarlos de delincuentes a fin de llenar estadísticas y crear en la sociedad la ilusión de que “algo se hace”. Esta situación sucede todos los días en nuestro país a raíz de la persecución por microtráfico a mujeres víctimas de trata de personas a causa de la red de narcotraficantes, quienes se valen de sus cuerpos en un total aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad»
Consecuentemente, explican: «Son estas mujeres y no los narcotraficantes quienes constituyen el blanco predilecto de la persecución penal. Son los famosos y famosas llamadas y llamados “perejiles”, que en su mayoría son mujeres, sostenes de su familia, con hijos y sin posibilidades económicas, aún más vulnerables en la era macrista que endeudó el país en una deuda impagable como lo marca el propio FMI. Por ende, son mujeres, víctimas de coerción, victimas del capital, víctimas de la desigualdad social, del hambre, victimas del estado y sus mentiras de lucha contra el narcotráfico, son mujeres presas hasta con sus propios hijos dentro de las cárceles, son víctimas de trata de persona por la red de narcotráfico cuidada por el anterior gobierno»
En este sentido, la ADI, decidió apoyar la presentación de un proyecto legislativo, cuya autoría le pertenece al Diputado de la Nación, Juan Ameri. Concluyen desde esta organización civil que el apoyo legislativo surge «porque pone al desnudo la operación de la mentira de la “lucha contra el narcotráfico”. La vinculación de la explotación sexual con el narcotráfico es inseparable» tal como lo escribe en su misiva enviada al Congreso.
Contra la trata de personas
Isabel Soria dirige hace poco más de una década la Fundación VOLVIENDO A CASA, dedicada a la lucha contra la trata de personas. «La Fundación “VOLVIENDO A CASA” puede dar testimonio de la situación de trata de personas que habilita la aplicación de la ley 23.737 al direccionar de manera exclusiva y excluyente la persecución y castigo penal a mujeres con carga de familia, empobrecidas y sin instrucción alguna. Basta recorrer las cárceles para advertir tal situación» comentó a nuestro diario.
«Como se desprende de los fundamentos del proyecto de ley que se menciona, no puede tolerarse en un Estado de Derecho que se precie de democrático la utilización de cientos de miles de mujeres como “moneda de cambio para simular políticas públicas” a través de su encarcelamiento injusto de ellas y sus hijos e hijas» dice Soria.
La cárcel para las víctimas
«Encarcelamientos que en manera alguna contribuyen a bajar las tasas de narcomenudeo sino todo lo contrario, ya que el diseño de esta ley es menos riguroso para quienes cuentan con la logística y el dinero para realizar operativos a gran escala de venta y distribución de estupefacientes» explica la dirigenta social.
«Los funcionarios nacionales y provinciales desfilaron por cuanto programa de televisión y radio estuviera a su alcance para mostrarse orgullosos de la cantidad de condenas que habían logrado a causa del “menudeo”, relacionando falazmente un dato cuantitativo y de forma aislada con un supuesto “éxito en la lucha contra el microtráfico de estupefacientes”.
Si el Estado tuviera la voluntad real de combatir el flagelo del narcotráfico empezaría por perseguir a quienes se encuentran en los niveles más altos en la cadena de mando de las redes del crimen organizado» insistió Soria.
La Fundación Volviendo a Casa no es ajena a la violencia extrema que desde el Estado se somete a las mujeres vulnerabilizadas que resultan captadas por estas redes criminales, ya que es parte de sus objetivos colaborar a mejorar el bienestar de la comunidad, en especial el de los sectores de escasos recursos y de vulnerabilidad social, mediante la generación de proyectos sociales y servicios en general.
Por esa razón es que desde nuestro lugar instamos a los funcionarios de turno que por ocasión de sus funciones deban intervenir en estos casos, tengan a bien advertir la situación real de las mujeres que resulten víctimas de este flagelo.
