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«ESCUELA DE YOGA DE BSAS» 17 personas acusadas de trata, lavado y asociación ilícita

Irán a juicio oral según lo decidió el juez Ariel Lijo.

“No se trata ni de filosofía, ni de yoga, ni de literatura. Se trata de cómo se organizó y se llevó adelante un sistema a través del cual se obtuvieron cuantiosas sumas económicas a partir de la explotación sexual de mujeres en Argentina y en Estados Unidos”, apuntó la fiscalía a cargo de la causa.

En línea con el pedido realizado por la Fiscalía Federal N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Carlos Stornelli, y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, el juez federal porteño Ariel Lijo elevó a juicio el primer tramo de la causa que investiga el accionar de 17 personas acusadas de los delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos de integrar desde la organización criminal internacional que funcionó bajo la fachada de «Escuela de Yoga Buenos Aires» (EYBA).

Según la investigación, Juan Percowicz era el jefe de esta organización mientras que Susana María Barneix, Marcela Alejandra Sorkin, Susana Mendelievich, Gustavo Aníbal Rena, Mario Alberto Leonardo, María Del Carmen Giorgi, Georgina Ivonne Hirschfeld, Marcela Arguello, Daniel Gustavo Fryd Trepat, Daniel Eloy Aguilar, Luis Mario Romero, Alicia Arata, Horacio Sebastián Vesce, Silvia Herrero, Federico David Sisrro y Ruth Viviana London eran miembros.

La organización habría funcionado al menos desde 2004 hasta el 12 de agosto de 2022, cuando su actividad fue desbaratada a través de 48 allanamientos. De acuerdo a la investigación, contaría con un patrimonio de, al menos, 50 millones de dólares, con cuentas radicadas en Estados Unidos.

El 19 de septiembre de 2022 el juez Lijo procesó a 19 imputados y en noviembre de ese mismo año la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó parcialmente el procesamiento de 17 miembros de la organización.

Calificación legal

Para el juez Lijo, en el caso quedó demostrado que Percowicz, Sorkin, Barneix, London, Mendelievich, Leonardo, Rena, Hirschfeld, Arguello, Giorgi, Aguilar, Arata, Herrero, Fryd Trepat, Sisrro, Vesce y Romero conformaron una asociación ilícita para cometer diversos hechos ilícitos cuya única finalidad era obtener rédito económico a través de distintos planes delictivos.

Explicó que en base a la prueba reunida se pudo verificar la existencia del acuerdo permanente de voluntades entre los imputados para cometer distintos hechos delictivos, así como también y el aporte que habrían realizado para la comisión de diversos delitos por parte de la organización. «Como se ha visto se trata de diversas conductas que se enmarcan en una estructura destinada, al menos, a explotar sexualmente a personas, cuyas ganancias dinerarias serían posteriormente dotadas de apariencia lícita», indicó.

Con respecto al delito de trata de personas agravado por haber sido cometido mediante coerción, con más de tres víctimas involucradas, con la intervención de 17 personas y por haberse consumado la explotación sexual de las víctimas, el juez señaló a Percowicz, Mendelievich, Arguello, Arata, Romero como autores. Por su parte, consideró Sorkin, Hirschfeld, Trepat Fryd, Vesce y Herrero como partícipes necesarios.

A su vez, Percowicz, Sorkin, Barneix, Rena, Leonardo, Aguilar y Sisrro fueron señalados como responsables del delito de «lavado de activos», al intervenir como coautores en la conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria, empleada para convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud.

«En definitiva, se acreditó que la organización canalizaba los fondos obtenidos ilícitamente como producto de la explotación sexual de los “alumnos” a través de diversas operaciones de compraventa de inmuebles. Además, como se ha visto, para lograr ocultar el origen ilícito de esos fondos recurrían a mecanismos jurídicos para dotarlos de apariencia lícita», explicó.

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El auto de elevación a juicio

Para el juez Lijo, la organización logró montar una estructura económica basada principalmente en las ganancias obtenidas a partir de la explotación sexual de, por lo menos, siete mujeres. Esta estructura les permitía mantener abultados gastos, inversiones, compras y viajes, y luego, en una segunda etapa, funcionaba para ingresar el dinero ilícito obtenido en el sistema legal y blanquear los fondos. En esa línea, el juez destacó el “detallado análisis” realizado por el MPF en su requerimiento de elevación a juicio para explicar y valorar el hecho imputado con detalle.

Con relación a los planteos de las defensas, sostuvo: “el hecho aquí investigado no constituye acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a terceros, ni tiene que ver con la exteriorización de sus creencias o convicciones religiosas o espirituales. Se trata de delitos penales correctamente delimitados y detallados”.

Agregó que, en todo caso, “lo que se busca es poder determinar si, dentro de esa estructura, existen personas que llevan adelante conductas prohibidas por la norma penal que trascienden las acciones privadas”. “En ese sentido, debo resaltar que no se menciona ni se analiza, en ninguna línea del requerimiento de elevación a juicio, ningún contenido que se pueda entender como una ‘persecución ideológica’”, subrayó.

Para Lijo, en el expediente hay una extensa evidencia recolectada y analizada que demuestra que en la organización “existió una amplia actividad sexual comercial” de la que fueron víctimas, al menos, siete mujeres, más allá del hecho de que todas lo hayan negado. “Esas aseveraciones chocan de frente con el resto de la prueba recogida”, sintetizó.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, para llevar adelante la explotación, los responsables confeccionaban un listado de “clientes” de elevado poder económico y de intermediarios que trabajaban en hoteles y bares exclusivos. A estos se les pagaba una comisión en caso de que se concretara la explotación

El funcionamiento de la organización

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público Fiscal, la organización funcionaba de manera vertical en jerarquías que iban del 4 al 7. Mientras que el número 4 significaba “el ser humano filosóficamente equilibrado», el 5 simbolizaba “el genio”; el 6, “el santo” y el 7, “el ángel”. En la cúspide estaba el líder, a quien llamaban “el ángel”, “maestro” o “papi”. Varios testigos declararon que, cuando llegaba al edificio donde funcionaba la secta, “era como si llegara el mismísimo dios» y que «todos acudían a él, había abrazos, besos, toqueteos”.

Sin embargo, la proclamada “evolución” -el ascenso en las numeraciones de la organización- para convertirse en “ángel” era la puesta en escena del verdadero objetivo de los imputados: que la organización alcance un billón de dólares a través de las las víctimas, que eran quienes debían recaudarlo. En esa línea, los fiscales señalaron en su escrito que “evolución” estaba asociada al cumplimiento de la «tarea que se les daba», que no era otra que «la obsesión por el dinero”, tal como lo exponía el líder de la organización.

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, para alcanzar este objetivo millonario, el responsable principal de maniobra y el resto de los imputados construyeron “una organización jerárquica” con división de funciones y control de los objetivos propuestos. “Lo que declamaban como objetivo colectivo era un objetivo individual. Las víctimas prostituidas con personas millonarias culminaron endeudadas o en ‘rojo’ con la organización. Quienes sí se enriquecieron fueron los líderes de esta organización”, aseguraron los fiscales.

Explotación sexual y el perfil de los clientes

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La información recabada hasta esta instancia da cuenta de que la principal fuente de ingresos de esta organización era la explotación sexual de sus víctimas, a quienes los imputados las denominaban “plantitas”. Todas ellas integraban una “trinchera” que denominaban “Botánico” y a la que el líder de la organización definió como la “máquina generadora de dinero”

Según el expediente, entre 2020 y 2021, la organización tenía alrededor de 28 mujeres que eran explotadas sexualmente en el país y en el extranjero, fundamentalmente en las ciudades de Buenos Aires, Nueva York, Chicago, Las Vegas y Londres.

Para llevar adelante la explotación, los responsables confeccionaban un listado de “clientes” de elevado poder económico y de intermediarios que trabajaban en hoteles y bares exclusivos. A estos se les pagaba una comisión en caso de que se concretara la explotación. Los “clientes” eran extranjeros que, entre otras cosas, venían a Argentina practicar la pesca y la caza. A este listado de clientes e intermediarios lo denominaban “mailing” y lo llevaban adelante en las oficinas de BA Group -una supuesta empresa de “coacheo”- ubicadas en Bulnes 1455, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otra forma que asumía la explotación sexual era convertir a las víctimas en esclavas de empresarios con patrimonios millonarios. Dentro del enorme caudal de documentos secuestrados durante los allanamientos, se halló una carpeta en el domicilio del líder de la organización titulada “Trinchera CC Botánico, Departamento NOVIOS”, en la cual se pudo identificar una “ficha de datos” de ciertos varones, en su mayoría extranjeros, a los que los líderes de la EYBA ponía como “objetivo”. El denominador común de los identificados era su alto patrimonio.

En la carpeta figura el registro de apodos/sobrenombre, perfil (en donde se informa edad, fecha de cumpleaños, signo astrológico, religión, lugar de residencia, estado civil, si tiene hijos o no, actividad a la que se dedica, gustos personales, etc.), patrimonio estimado, relaciones establecidas con EYBA, de quién es “novio”, desde cuándo, etcétera. La información da cuenta de registros desde, por lo menos, los inicios de 2006.

Además, cada ficha tenía un apartado denominado “tratativas económicas” en el que se describían los “aportes” realizados a la organización tanto en joyas como en dólares por parte de los “novios”. Para las víctimas, ser “novias” era, según palabras del líder, ser “esclavas”. “La función nuestra es ser no esposas. Cómo nos sale la cola de la esposa. Nosotros tenemos una postura profesional muy definida, nosotros somos el antídoto de la esposa, para que la esposa no lo mate», era el mensaje que trasmitían desde la organización a las víctimas de acuerdo a la investigación.

En ese sentido, se pudo comprobar que el líder hacía foco en el tema: “Yo soy el que tiene los destinos de ustedes en mis manos, no los Novios. Ellos para ustedes son una tarea”. Además, según consta en el expediente, la “exclusividad” de los “clientes” con alguna de estas mujeres tenía un costo aparte que podía rondar entre los 350.000 y 500.000 dólares anuales. A estos “clientes” la organización también les ofrecía estar con varias víctimas.

El rol de Percowicz

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De acuerdo con lo sostenido por el Ministerio Público, esta explotación, sostenida durante décadas, generó cuestionamientos, estrés y cansancio por parte de las víctimas. Algunas de ellas incluso se refirieron al líder, de acuerdo con la evidencia reunida en el caso, como un “gran estafador” y “proxeneta”.

La investigación también reflejó cómo la organización trabajaba con las críticas o cuestionamientos que hacían las víctimas. En la jerga de la organización, a estas la denominaban con el eufemismo “yoes bajos” y les decían que eran “sus voces internas las que no nos permiten crecer” porque ponían en duda lo ordenado por Percowicz. Si había críticas al líder o la “Escuela”, significaba que la persona estaba cediendo a sus “yoes bajos” y eso iba a retrasar su evolución y el ascenso en las jerarquías de la organización.

Vinculado con estas críticas, se encontró un memo de una reunión de Percowicz con otros líderes, donde baja la siguiente línea a quienes lo secundan: “Para todos: ver de ir a comer a lugares económicos. Bajar el perfil, porque las plantitas sienten que es con su dinero que hacemos gastos”.

En el requerimiento, también se estableció que dentro de la organización había un fondo de dinero denominado “banquito”, que habría sido utilizado para distintos fines, como sufragar gastos dentro de la “Escuela” o efectuar préstamos a sus miembros, lo que implicaba la generación de deudas internas para los “alumnos”.

La clínica ilegal “del sueño”

La organización también contaba con un establecimiento que funcionaba bajo la facha de una clínica -sin la debida autorización correspondiente- y que se denominaba “CMI Abasto”, ubicada en Guardia Vieja 4072, donde se realizaban las llamadas “curas de sueño”. Allí, según los elementos recabados, se suministraban medicamentos para dormir, fundamentalmente psicofármacos, a las personas durante varios días y se las despertaba solamente para comer, pues el objetivo declamado era que “descansaran” correctamente.

Sin embargo, de acuerdo con lo planteado por el MPF, estos procedimientos eran utilizados por los miembros de la organización para disciplinar a las víctimas o bien para tranquilizar a quienes se encontraban «alterados» o deprimidos. En cualquiera de los casos ese tratamiento debía ser costeado por la persona a la que se imponía el “tratamiento”.

Allí intervenían una bioquímica, un psicólogo y un psiquiatra. En los registros de las presuntas “sesiones de terapia”, las víctimas reflejaban “el cansancio y la angustia” por tener que cumplir con el objetivo económico fijado y porque sólo así podrían lograr la tan ansiada “evolución”.

Varias de estas anotaciones dan cuenta de imposibilidades de dormir sino es con el consumo de medicamentos; dolores corporales y agotamientos, todo ello vinculado a la situación de explotación sexual a la cual eran sometidas. Incluso se detectaron anotaciones que dan cuenta que una de las víctimas llegó a plantear que pensaba en suicidarse. En esas anotaciones también aparecen menciones a la violencia física que una de las imputadas ejercía sobre varias de sus víctimas.

Los representantes del MPF sostienen que, para poder explotar sexualmente a las víctimas, el líder de la organización y el resto de lo imputados construyeron, por un lado, un discurso que jerarquizaba el acatamiento a la “tarea impuesta para alcanzar la evolución” y, por el otro, diseñaron un mecanismo que consistía en persuadir, medicar y dormir a las víctimas, “todo en miras a sostener su situación de explotación”.

En esta clínica ilegal, además, realizaban supuestos tratamientos contra las adicciones a ciudadanos norteamericanos. Para esto, las familias debían abonar importantes sumas en dólares. Sin embargo, según consta en la presentación, “estos tratamientos no encuentran un sustento en la medicina o la psicología, ni se corresponden con la normativa vigente en materia de salud mental”. Estas actividades ilícitas eran otra fuente de financiamiento de la organización criminal.

En esa línea, los fiscales aseguraron que el lugar donde funcionaba esta falsa clínica no contaba con la correspondiente autorización legal para funcionar como tal, ni con los profesionales habilitados para cumplir las funciones que allí se desarrollaban. “Las dos unidades funcionales de dicho domicilio que se encontraban habilitadas como ‘consultorios profesionales’ sólo sirvieron como fachada”, señalaron.

Lavado de activos y criminalidad económica 

Por otro lado, a través de la documentación contable de la organización, se pudo establecer que en todos estos años lograron acumular un patrimonio de 50 millones de dólares conformado, entre otras cosas, por alrededor de 15 millones de dólares depositados en cuentas bancarias en el extranjero. Además, durante los allanamientos, fueron secuestrados más de un millón de dólares en domicilios vinculados a los tres responsables de la organización. Según los fiscales, esas personas no pueden justificar esos montos de acuerdo con el patrimonio y la actividad declarada ante la AFIP.

En el requerimiento, también se estableció que dentro de la organización había un fondo de dinero denominado “banquito”, que habría sido utilizado para distintos fines, como sufragar gastos dentro de la “Escuela” o efectuar préstamos a sus miembros, lo que implicaba la generación de deudas internas para los “alumnos”.

Este “banquito” estaba a cargo de los responsables de área administración, también denominados “leonos” -porque respondían a una de las imputadas apodada “la leona”-. Desde allí tomaban las decisiones económicas del patrimonio de cada persona y de la organización en su conjunto. Se trataba de dinero que tenían depositados fundamentalmente en cuentas en el extranjero. Los fiscales consideraron que se trataba de “una financiera clandestina, ilegal y por fuera de todo control estatal, que manejaba un volumen dinerario equivalente a los veinte millones de dólares”.

Conforme la evidencia secuestrada, se pudo corroborar “la existencia de una contabilidad pública y otra secreta, la primera accesible para todas las personas que integran la organización, y la segunda solo para quienes ‘la comandaban’”.

Por otra parte, la organización contaría con un estudio jurídico que brindaba asesoramiento legal e impositivo para procurar que las operaciones de la organización no fueran detectadas por los organismos estatales de control y lograr el blanqueo de fondos ilícitos. El manejo contable estaba a cargo de tres de los imputados, quienes se reunían a principio de cada mes a realizar el cierre del balance económico, trasladar el dinero recaudado y pagar los sueldos.

Respecto de las maniobras utilizadas para el blanqueo de dinero, se encontró documentación en ese estudio jurídico que da cuenta de la utilización de contratos de mutuo que tendrían el propósito de dar apariencia lícita a los fondos empleados para la compra de bienes muebles e inmuebles. En efecto, las víctimas realizaban poderes generales de disposición y administración de su dinero a nombre de los imputados. Además, este estudio intervenía, conjuntamente con el “área administración”, en el manejo del dinero de las víctimas e incluso intervenía en la forma legal que adoptaba el beneficio económico derivado de la explotación”.

Incluso se llegó a detectar el interés del Percowicz por adquirir, con quienes lo secundaban, un inmueble en la ciudad de Las Vegas, proyecto por el que él invertiría 500 mil dólares. En paralelo, adquirió un vehículo de alta gama y comenzó las tratativas para adquirir la casa en el country donde residía, todo esto -conforme sostienen los fiscales en su requerimiento de elevación a juicio- con el dinero proveniente de la explotación sexual de las víctimas o “alumnas”, en la jerga de la organización. Además, según los representantes del MPF, una buena parte del dinero “lo tenían atesorado en departamentos vinculados a las tres personas que comandaban la organización».

El control del patrimonio de las víctimas era, incluso, “posterior a su muerte”. Durante la investigación, se halló una planificación de testamentos para evitar que el patrimonio de las personas culminara en poder de los herederos forzosos, conforme la normativa vigente. Según los fiscales, este documento da cuenta de que, “más allá de quién figure circunstancialmente en cada caso [testamento], la decisión final sobre qué se hace con ese inmueble la tomaban el líder de la organización y otros dos imputados y que el dinero producido debía depositarse en el ‘banquito’”.

Como conclusión, los fiscales consideraron que en esta causa “no se trata ni de filosofía, ni de yoga, ni de literatura. Se trata de cómo se organizó y se llevó adelante un sistema a través del cual se obtuvieron cuantiosas sumas económicas a partir de la explotación sexual de mujeres en Argentina y en Estados Unidos”. Además, señalaron que la organización posteriormente realizó otras maniobras ilícitas.

“La Escuela de Yoga de Buenos Aires fue el vehículo que encontraron el líder y quienes lo secundaban para, a través de la explotación de sus víctimas y la puesta en marcha de distintos negocios ilícitos, lograr su propósito de constituirse en millonarios”, concluyeron.

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