En San Pedro, se sospecha de persecución política dentro del municipio
El municipio de San Pedro fue denunciado por «acoso y persecución laboral» en el Ministerio de Trabajo contra una cajera del área Rentas, recientemente suspendida por 60 días sin goce de haberes de su cargo bajo sospecha de haber participado en un faltante de alrededor de 167 mil pesos de las arcas municipales.
Se trata de un caso que salió a la luz cuando un vecino no pudo hacer un trámite porque no aparecía acreditado su pago. A raíz de su queja, se descubrió que ese comprobante había sido anulado. Y, cuando empezaron a ahondar en el asunto, llegaron a la conclusión que la anulación de comprobantes de pago por parte de los contribuyentes era una práctica regular; hecho por el cual se le inició un sumario a la empleada en cuestión.
La mujer negó en todos sus términos las acusaciones durante el presumario, y ahora, mediante su abogado, Mauricio Gugger, hizo ejercicio de su derecho a la defensa en el proceso de investigación en marcha.
Según informó el letrado a La Agenda de los Medios, recurrieron el sumario mediante un recurso jerárquico que debe resolver el intendente Cecilio Salazar y fueron al Ministerio de Trabajo para denunciar «acoso y persecución laboral» por razones políticas.
«El hecho no es claro. Estamos apuntando a que se debe a una persecución que se está dando en el ámbito de la municipalidad, no es la única persona», dijo Gugger, quien señaló que su clienta «ha militado en el Frente para la Victoria en la campaña anterior».
Gugger aseguró que la empleada fue «apretada» antes del sumario.
Gugger aseguró que la empleada fue «apretada» antes del sumario. «Fue llamada un día por funcionarios municipales que le indicaron que debía renunciar o que se comería una denuncia penal, porque había un faltante de dinero que no nos han podido demostrar en las reuniones previas a la formación del sumario», señaló.
«Los elementos que tiene el gobierno no le indican que ha sido esta trabajadora, que fue ella. La acusación es que hay anulación de recibos, que notaron una falta en el área donde ella trabaja, que no es la única. Ella no sospecha de ninguna compañera y sostiene que no hubo faltante de dinero», explicó el abogado.
«Creemos que tiene que ver con una cuestión política. No es la única que trabaja en el área pero es la única persona a la que se suspendió», se quejó Gugger y añadió: «no es el único caso que tenemos en el estudio en el que se hayan perseguido trabajadores porque hayan tenido una rencilla con funcionarios o porque hayan particpado en alguna campaña o estén identificados con otro color político».
No es la única que trabaja en el área pero es la única persona a la que se suspendió
En síntonía, fuentes cercanas a la mujer aseguraron al Semanario La Opinión que hubo “una camita”. Afirmaron que ella sería incapaz de cometer semejante acto y, como prueba, indicaron que ella no contaría con respaldo sindical y su nivel de vida no condeciría con la de alguien que se llevó 33.400 pesos por mes extra desde enero a mayo.
Hasta el momento rige el debido mantenimiento del principio de inocencia, pero si la encuentran responsable del hecho, habrá despido y denuncia penal.
