Desde el 1° de enero al 31 de agosto de 2024, se produjeron 174 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 3 lesbicidios, 2 trans-travesticidios y 15 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.
Los datos más relevantes son que 212 hijas /hijos quedaron sin madre, el 55 % son menores de edad; el 56 % de los agresores eran parejas o exparejas. Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (60 % fueron asesinadas en su hogar). Y si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Chaco y Córdoba.
Estas cifras, que no son solo números, no interpelan en absoluto a un Estado que, en agosto, tal como lo viene haciendo desde diciembre, anunció una nueva medida que atenta contra la seguridad de mujeres y diversidades en situación de violencia. El Decreto 755/2024, publicado en el Boletín Oficial, modifica el Programa Acompañar (2020) único que otorgaba un salario mínimo, vital y móvil a víctimas de violencia de genero para ayudarlas a salir de esa situación sin la necesidad de exponerse presentando una denuncia. Ahora no solo es obligatorio presentarla, sino que el periodo de asistencia monetaria se limitó a 3 meses en vez de 6, prácticamente no hubo incorporaciones al programa en lo que va del año y tampoco se habría realizado pago alguno: ni a los ya otorgados, ni a los nuevos.
Esperábamos que la exposición del Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, aclarara las dudas sobre quien se ocupará de las mujeres y diversidades, tanto en temas de violencia de género como en otras áreas, pero nada de eso sucedió. Sus retrogradas expresiones, que ya fueron altamente difundidas junto con nuestro comunicado sobre las mismas, solo dejan preocupación.
Es momento de exigirle que, de una vez por todas, su ministerio responda nuestros reclamos:
– Que se determine un organismo rector de políticas públicas para dar cumplimiento a la “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones” (ley 26.485), que se detalle dentro del presupuesto nacional los recursos destinados a políticas de género, que se presente un “Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres” contemplado en la misma ley.
– Fortalecimiento de la Línea única para la atención y asesoramiento en casos de violencia de género nacional (Línea 144), hoy casi desmantelada.
– Pleno funcionamiento el “Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia” (Plan ENIA).
– Cumplimiento efectivo de la ley de, “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas” (ley 26.842).
– Cumplimiento efectivo de la ley del “Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género” (ley 27.210) para garantizar el acceso a la justicia con patrocinios jurídicos gratuitos.
– Cumplimiento de la “Ley Micaela” de Capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (Ley 27.499).
– Cumplimiento de la “Ley de Reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género” (Ley 27.452) RENNYA, más conocida como “Ley Brisa”.
Es claro que nos encontramos ante la realidad de un Poder Ejecutivo que no considera urgentes las políticas públicas hacia la erradicación de las violencias sexistas. Durante su exposición en ningún momento expresó la línea de acción para Prevenir, asistir y erradicar la violencia. NOS SIGUEN MATANDO, los índices no descienden y la desprotección es ABSOLUTA.
Exigimos al Estado argentino respeto por los derechos humanos, cumplimiento de las leyes nacionales y convenios internacionales y, especialmente, la restitución de la institucionalidad a los organismos encargados de la evaluación y ejecución de políticas públicas para la erradicación de las violencias contra mujeres y diversidades en cada ámbito donde desarrollen sus vidas. Por más que insista en la igualdad, la violencia de género existe y se profundiza cada vez más llegando, en muchos casos, a su expresión más extrema: el femicidio. Es un tema de derechos humanos y no de inseguridad.
Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio.
Por Ellas Siempre.
Información adicional
27 víctimas habían realizado denuncia.
9 femicidas tenía dictada medida cautelar de prevención.
9 femicidas perteneciente o ex fuerza de seguridad.
15 víctimas tenían indicio de abuso sexual.
2 víctimas en presunción de prostitución o trata.
3 víctimas estaban embarazadas.
3 lesbicidios.
2 trans/travesticidios.
9 víctimas eran migrantes.
0 víctimas de pueblos originarios.
24 femicidas se suicidaron.
12 víctimas en contexto de narcocriminalidad.
15 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
