Empresarios PYMES acompañan la denuncia penal contra Bossio y Massot
Preocupados por los riesgos que implica la negociación que desde el Gobierno nacional se está llevando adelante con los fondos buitre y que cuenta con la complicidad de funcionarios y legisladores, la Central de Entidades Empresarias Nacional (CEEN) acompaña la presentación judicial que realizará la Asociación Civil Instituto Arturo Sampay -integrada por Eduardo Barcesat, Francisco Cholvis y Arñistides Corti- quienes harán efectiva una denuncia penal por defraudación, traición a la patria y violación de los deberes de funcionario público, entre otros.
Asimismo, la CEEN convoca a todos los ciudadanos y organizaciones sociales que quieran adherir y acompañar la presentación. El encuentro será el lunes a las 13:00 en el hall de planta baja de Comodoro Py 2002.
“Es imprescindible que todos los argentinos tomen conciencia de la gravedad de esta situación, porque si se cierra el acuerdo tal como está planteado, no sólo se afectará el presente sino el futuro de las próximas generaciones”, señaló Francisco Dos Reis, presidente de la CEEN.
Al respecto, el también titular de la Asociación Latinoamericana de Pymes (ALAMPYME) advirtió que “no se puede volver al pasado de esta manera”. “Ya sabemos lo que implican estos acuerdos, no podemos permitir que se avance una vez más sobre nuestros derechos ciudadanos y sobre la soberanía. Tenemos que actuar y el momento es ahora”, sentenció Dos Reis.
Ya sabemos lo que implican estos acuerdos, no podemos permitir que se avance una vez más sobre nuestros derechos ciudadanos y sobre la soberanía. Tenemos que actuar y el momento es ahora
La denuncia penal será contra todos los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, encabezados por el presidente Mauricio Macri, y contra todo senador y/o diputado nacional, que tenga autoría o participación, penalmente responsable, en la delictiva negociación con los “fondos buitres”, que se intenta aprobar a instancias del Juez Municipal Thomas Griesa.
La acción penal ya cuenta con la adhesión de otros organismos representativos de los juristas y de organizaciones sociales encabezadas por la CEEN y califica al obrar de los denunciados como “traición a la patria” (art. 215, inc. 1°, C. Penal), en concurso con “defraudación especial”, (art. 173, inc. 7°, C. Penal) y “violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” (art. 248 del C. Penal), solicitando la aplicación del máximo de la pena privativa de libertad que resulta del concurso delictivo, y la pena accesoria de inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargo o función pública.
Se califica, asimismo, al obrar de los autores y partícipes penalmente responsables, como “infames traidores a la Patria” (art. 29, C.N.) y se los responsabiliza por el quiebre al art. 36 de la C.N. (deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional).
Por la misma presentación se pide al Juez que disponga suspender la comisión del obrar delictivo hasta tanto recaiga sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, tal como lo establece el art. 29 del Código Penal.
En la presentación se hace un extenso y profundo análisis de las disposiciones constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos, así como de leyes de la Nación que invisten calidad de orden e interés público.
La presentación es acompañada por un documento de economistas que acredita que la negociación impulsada por el actual Gobierno nacional comporta convocar a restablecer la deuda externa argentina reestructurada, lo que llevaría al endeudamiento de nuestro pueblo a la cifra de 384.000 millones de dólares estadounidenses, hipotecando generaciones de argentinos y poniendo en riesgo de entrega a nuestros recursos y riquezas naturales.
Asimismo, se acompaña un documento pastoral que resume los postulados esenciales de las encíclicas y pronunciamientos internacionales del Papa Francisco.
