Empresa de seguridad Murata empuja a la muerte a trabajador con enfermedades de base
Miguel Ángel Olmedo tenía 64 años, era hipertenso y sufría problemas cardíacos. A pesar de esta situación, y después de cumplir una licencia de 14 días que le descontaron de su salario, no solo fue obligado a seguir trabajando, sino que fue trasladado a una zona con alta propagación del virus. El 12 de mayo comenzaron los primeros síntomas y el 28 de mayo murió por covid-19.
Por Claudio Siniscalco
El caso de Miguel Olmedo es otra crónica de una muerte anunciada. Todo sucedió como podía esperarse que suceda: pertenecía a un grupo de riesgo, fue obligado a trabajar, fue enviado a un foco de alto contagio, se enfermó y finalmente murió. Pero «esta actitud criminal no es nueva», denuncian desde el sindicato que agrupa a los custodios, que coincide con la familia de Olmedo en responsabilizar a Murata S.A. por esta pérdida evitable.
Miguel Ángel Olmedo vivía en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, en el sur del Gran Buenos Aires. Nidia, su hija mayor, nos cuenta cómo se fueron dando los hechos. «Él empezó con sus vacaciones de 21 días -ya venía trabajando hace ocho años con esta empresa-, entre el 9 y el 30 de marzo». El 20 de marzo comienza la cuarentena, «pero él estaba tranquilo porque seguía con sus vacaciones».
Finalizado su período de vacaciones, y teniendo en cuenta su edad (64 años) y sus afecciones (hipertensión y síndrome coronario), Olmedo solicita una licencia, que Murata S.A. le concede por el término de 14 días, hasta el 13 de abril, «con la condición de que después vuelva a trabajar». Ese día Olmedo se comunica con la empresa pero le dicen que se tome franco porque no sabían dónde lo iban a mandar. Lo mismo sucede el día 14 y recién el 15 «lo mandan a la Villa 31, hasta el 12 de mayo, cuando presentó los síntomas».
En el video se observa a Yamil González, gerente de Murata S.A., que algunos sostienen que se fugó
Aquí radica una de las cuestiones en apariencia inexplicables de esta tragedia: ¿Por qué motivo trasladan a Olmedo a un «objetivo» de alto riesgo de contagio? Su hija lo sintetiza así: «Cuando volvió a trabajar lo castigaron cambiándolo de lugar, lo mandaron del Cementerio de Recoleta a la Villa 31″. A Olmedo le faltaban tres meses para jubilarse y por eso quería cumplir con la empresa. Además estaba presionado «desde el bolsillo, porque le habían descontado los días de licencia, y también porque en la empresa le decían que era un trabajo esencial». El hostigamiento por parte de Murata S.A. desembocó en la muerte del trabajador, en las primeras horas del 28 de mayo.
«La irresponsabilidad de MURATA mata, contagia y propaga el coronavirus»
El Sindicato de Custodios SUTCA emitió un comunicado en el que denuncia «la conducta especulativa tendiente solo a conservar o acrecentar sus ganancias de la empresa de seguridad privada MURATA. Dentro del personal están provocando decenas de contagios, con la trágica y evitable muerte de Miguel Olmedo. El deliberado encubrimiento de casos puede traer consecuencias impredecibles».
El comunicado gremial agrega que «esta actitud criminal no es nueva. Ya en el comienzo de la pandemia, el 20 de marzo se realizó una medida de fuerza en la estación Retiro del Ferrocarril San Martín exigiendo el cumplimiento de protocolos de prevención y la entrega de insumos de protección. Lejos de escuchar los legítimos reclamos, a 7 trabajadores se les impidió el ingreso a sus puestos de trabajo en los días posteriores y se los amenazó con despidos. Para abortar la organización de los trabajadores, son sacados de sus puestos y distribuidos en otros«.
«Estos mismos trabajadores usaban como vestuario y comedor un container que a la vez se utilizaba como módulo para recibir a pasajeros con síntomas de Coronavirus. En Campana sucedió exactamente lo mismo. Había dos conformados positivos y cinco sospechosos. No hicieron nada, hasta que Cristian Choque se descompensó mientras trabajaba y debió ser internado», añade el texto.
«Es histórica la impunidad con que se maneja MURATA, elenco estable de todas las ganadoras de las licitaciones habidas y por haber dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Fuerte aportante en las campañas políticas de Mauricio Macri. Debido a la alta rotación de su personal, que puede pasar de un servicio a otro y de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia y viceversa, esto puede traer consecuencias impredecibles. JUSTICIA POR MIGUEL».
Aportes millonarios al PRO
Desde su página web, Murata se jacta de contar con más de 2 mil clientes, aunque seguramente no todos tienen la misma importancia para la empresa. Según publica Tiempo Argentino en julio de 2018, «el escándalo de los aportes truchos en las campañas de Cambiemos empezó a salpicar también las elecciones en la Ciudad. Empleados de empresas contratistas de la Ciudad y de Nación figuran como aportantes en las campañas presidencial de 2015 y legislativa de 2017«.
En un artículo titulado «Murata SA, la prestadora del Estado sospechada de poner la plata de los aportes truchos en la Ciudad», el periódico agrega que «las firmas que se reparten el negocio de la seguridad privada estuvieron entre las más generosas: aportaron dinero y datos personales de sus empleados que, se sospecha, habrían sido utilizados para justificar contribuciones en negro».
«Una de las personas que se repite en diferentes campañas es Brenda Erika Ossa, quien figura con un aporte de $ 95 mil para las Primarias de 2015, otros $ 30 mil para las presidenciales y con una donación de $ 16.500 para la campaña porteña de Elisa Carrió. Más de 140 mil pesos de contribuciones en tres campañas. La propia Osso aclaró al diario Perfil que nunca realizó esas donaciones. «La empresa usó mis datos para justificar aportes», aclaró desde España, donde reside ahora. Y agregó: «Entiendo que con otros compañeros de la firma hicieron lo mismo».
«La firma en cuestión es Murata SA. Fundada en 1991, la compañía lleva una década bajo control de Roberto Raglewski, ex jefe del Departamento de Operaciones Federales de la Policía Federal hasta que, en 2004, pidió su retiro en medio de un escándalo de corrupción».
Agrega la nota que «Raglewski también integró el directorio de Yusion SRL, otra compañía de seguridad que aportó dinero y media docena de empleados a la listas de aportantes PRO. Según los registros, empleados de las dos firmas relacionadas con Raglewski y de otras dos firmas colegas (Briefing Security-Impes y Verini Security SA) aportaron a la fórmula Macri-Michetti unos $ 875 mil, y al menos 500 mil pesos en la elección legislativa de 2017«.
Es obvio que todos esos aportes no son a cambio de nada. «La empresa fue beneficiada en noviembre de 2015, cinco días antes de dejar la Jefatura del Gobierno porteño, con contratos por 4400 millones de pesos por cuatro años de «servicios de seguridad y custodia». Sólo para Murata, el contrato porteño implicó un incremento del 600% en su facturación. Y a eso se le sumaron nuevas contrataciones extendidas por Nación, donde además de ejercer tareas de custodia opera como fuerza de choque para amedrentar a trabajadores estatales, como ocurrió en el INTI», concluye el artículo.
Maltrato laboral, codicia sin límites, desidia, aprietes, negocios sucios y aportes truchos. Un sistema mafioso que provoca muertes como la de Miguel Olmedo. Por su familia y por el bien de todos los argentinos, ya va siendo hora de que la Justicia comience a poner luz ante tanta oscuridad.
