El Renatea incorporó de 150 mil trabajadores rurales que se encontraban en negro
“Nosotros no somos de los que creemos que el Estado debe ser débíl -todo lo contrario- estamos convencidos de que tiene que tener una fuerte presencia a lo largo y ancho del país”, enfatizó el ministro, y agregó que “a partir del 25 de mayo de 2003 se tomaron decisiones en las que se dio una vuelta de página en relación a lo que son los derechos de los trabajadores, eso implicó el combate al trabajo no registrado, al trabajo forzoso y al trabajo infantil”.
En ese sentido, Tomada subrayó la importancia de ser el primer país en América Latina en haber declarado “que el trabajo infantil es un delito” a la vez que destacó que a través del trabajo que realiza el RENATEA “se han incluído 150 mil trabajadores rurales a la seguridad social”.
Por su lado, el director General de RENATEA, Guillermo Martini, precisó que “hoy se entregaron 71 camionetas que se distribuirán entre 25 delegaciones de todo el país” y agregó que a ese equipamiento se sumarán “seis oficinas móviles preparadas para realizar los trabajos de registración y fiscalización en el territorio”.
Martini recordó que “el organismo tiene como objetivo principal la registración de los trabajadores rurales como puerta de entrada a los derechos consagrados por la ley”.
A su vez, el titular del RENATEA precisó que “durante los dos últimos años se han otorgado 232 mil libretas de trabajo” y agregó que “se han hecho mas de mil fiscalizaciones en las que se detectaron casi 20 mil trabajadores que estaban trabajando en forma irregular o semirregular”.
También indicó que se encontraron “80 casos de trabajo infantil y 180 de gente sometida a presunción de trata de personas o reducción a servidumbre”.
Según declaró Martini, existen «hasta el momento 5 presos efectivos por estas situaciones» y explicó que trabajan “a través de un convenio con el Ministerio de Justicia y la fiscalía de Estado” y que “cada vez que detectamos situaciones de trata nos convertimos en denunciantes y aportamos todas las pruebas al poder judicial para que actúe”, tras lo cual aclaró que “además de las cinco personas presas hay otros muchos procesados, y depende la velocidad en que actúe la justicia para que se resuelva su situación”.