El operativo de Hotesur fue pagado con fondos de la Ciudad de Buenos Aires
El operativo dispuesto por el juez Claudio Bonadio en Santa Cruz en el marco de la causa Hotesur y en los que participaron agentes de la Policía Metropolitana se realizó con fondos de la Ciudad de Buenos Aires por un costo de $ 10 millones.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pagó con fondos de los contribuyentes el operativo que la Policía Metropolitana realizó en Río Gallegos en el marco de la causa Hotesur por disposición del juez federal Claudio Bonadio. La pesquisa que tenía por finalidad obtener información sobre la empresa inmobiliaria de Máximo Kirchner fue realizada por medio centenar de efectivos de la fuerza creada por Mauricio Macri que no tiene alcance federal. El financiamiento de toda esa logística que se desarrolló durante seis días fue afrontado enteramente por las arcas porteñas en lugar de recurrir a la partida dispuesta para esos tramites prevista en el propio sistema judicial y de seguridad federal. En total se gastaron 10 millones de pesos.
El juez Bonadio dejó el procedimiento en manos de la Metropolitana y no requirió los fondos del Poder Judicial. Esta es una táctica habitual en la mayoría de los jueces federales que dejan los aspectos logísticos en manos de las fuerzas que utilizan. A nivel nacional solo pueden ser tres: la Policía Federal, la Gendarmeria y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El accionar de una fuerza de naturaleza municipal en un procedimiento federal abre interrogantes sobre las nociones en materia de seguridad que ofrece uno de los principales candidatos a la presidencia.
La operación de reserva de traslados y alojamiento se realizó mediante la agencia de turismo «Furlong Fox» firma de referencia en materia viajes corporativos y organización de encuentros y seminarios. Anoche, fuentes judiciales negaban en forma terminante que Bonadio haya solicitado pedido alguno para financiar el operativo del caso Hotesur. En realidad, debe decirse, aún si lo hubiera hecho, la posibilidad de que ese requerimiento sea aceptado es nula.
La de ayer fue una madrugada de inquietud en el entorno del jefe de gobierno porque ya es casi seguro que en las próximas horas será denunciado por malversar fondos de los contribuyentes porteños.
Cincuenta policías que deberían custodiar las calles de la Capital se encontraban realizando operaciones en Santa Cruz. Sencillamente inaudito en términos de gestión eficiente y transparencia institucional. La onda expansiva de ese vendaval, en plena campaña, incluirá al ministro de Justicia Guillermo Montenegro, al jefe de la Metropolitana Horacio Jiménez y al subjefe Ricardo Pédase.
Los efectivos de la Metropolitana viajaron en micro 2500 kilómetros. Fueron dos días de ida y otros dos de regreso. En Río Gallegos se alojaron en el hotel El Comercio. Allí debieron alquilar vehículos (autos y camionetas). Todas las gestiones del viaje se hicieron con Furlong Fox. Intervinieron, tal cual se desprende de comunicaciones por correo electrónico, la gerente Susana Germana y la ejecutiva de cuentas María Marcela Blanco.
Esta disposición del gobierno de Macri se constituye en un contexto en el cual el propio Poder Judicial discute cómo ser más eficiente. Una cuestión que aparece en reiterados discursos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti que tampoco recibió ningún tipo de consulta o información sobre una maniobra claramente signada por la ilegalidad y enmarcada en una campaña sucia que solo tiene por finalidad lograr algún tipo de injerencia en la arena electoral.
El hecho de que el Gobierno porteño haya pagado el desplazamiento de los efectivos de la Metropolitana, encierra una serie de irregularidades. Si un juez federal o nacional tiene que realizar un procedimiento en otra jurisdicción que requiera de gastos, debe pedir fondos al Administrador General del Poder Judicial, que es un órgano del Consejo de la Magistratura de la Nación.
El Administrador General es quien administra el Presupuesto del Poder Judicial, de acuerdo a la ley de creación, Nº 24.937, y por lo tanto dispone de las sumas requeridas por los Juzgados para esta clase de situaciones especiales.
El Consejo de la Magistratura tiene un reglamento de viáticos, en donde están tabulados expresamente los montos diarios que corresponden asignar a los funcionarios judiciales que se trasladan a otra jurisdicción, de acuerdo a la distancia y la jerarquía de los funcionarios.
Sólo se otorgan viáticos a funcionarios judiciales. El Consejo de la Magistratura no solventa gastos o viáticos de las fuerzas de seguridad que acompañan a los funcionarios judiciales.
Para casos de urgencia, en los que no es posible gestionar con carácter previo los viáticos, los funcionarios judiciales realizan el procedimiento y luego presentan la rendición de cuentas requiriendo la restitución de las sumas de dinero correspondientes.
En este caso, el juez Claudio Bonadio no solicitó estos gastos. Entonces, se produce la primera irregularidad porque no se sabe con qué fondos viajaron los funcionarios judiciales.
Las fuerzas de seguridad que concurren en auxilio de la Justicia destinan recursos y movilizan a su tropa. Es decir, es la propia fuerza con sus recursos la que debe pagar el traslado, y no un Ejecutivo como lo hizo el Gobierno porteño de Mauricio Macri.
En este caso hay un desplazamiento irregular ya que la Metropolitana no tiene dentro de sus funciones la potestad de intervenir en Santa Cruz. Además el gasto salió de la administración central del Gobierno porteño, es decir un gasto irregular que podría configurar el delito de malversación de fondos públicos.
