El Gobierno busca liberar el triple play y compartir el uso de las redes

El Gobierno nacional presentó un proyecto de ley que habilitará a las empresas de telefonía a prestar servicios de televisión por cable. Las llamadas “telcos” deberán separar sus unidades de negocios y tener contabilidades separadas y estarán limitadas por las mismas condiciones que exige la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El proyecto, además permitir el Triple Play, buscará conseguir una mejora en la calidad de los servicios de telecomunicación, para lo cual declararía de “interés público” a esos servicios (incluída la telefonía móvil) e intentaría favorecer una mejora en la infraestructura para asegurar la calidad del servicio en todo el país.

La presentación de la iniciativa, denominada “Argentina Digital” y que ingresará al Congreso por el Senado, fue realizada ayer por los ministros de Planificación Federal Julio de Vido, de Economía, Axel Kicillof, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich y el secretario de Comunicaciones Norberto Berner. Algunos de los puntos principales del proyecto son:

-Triple Play: las empresas de telefonía podrán brindar servicio de televisión por cable y viceversa. Lo podrán hacer siempre en el marco de los límites que establece la Ley de Medios y, según el texto nuevo, las empresas que operen los tres servicios deberán separar sus unidades de negocios, tener contabilidades separadas y que no incurran en “prácticas anticompetitivas” como “ventas atadas y los subsidios cruzados”. Con un sólo cable un usuario podrá obtener distintos servicios.

-Interés público: el Gobierno busca poder regularizar todos los servicios de comunicación, inclusive la telefonía celular. El Estado fijará un precio de alquiler a las prestadoras de servicio por la utilización de la la infraestructura de red. La intención es “favorecer la actividad de cooperativas y Pymes, quienes no poseen ni el espectro ni la infraestructura propia necesaria para hacerlo”, de acuerdo con el texto oficial.

-Neutralidad de la red: las empresas encargadas de transportar los contenidos “no podrían discriminar precios en función del peso que esos contenidos tienen en el tráfico total de datos”. El Gobierno afirmó que no intentará ningún tipo de regulación en los contenidos.

-Fondo Fiduciario: las empresas prestadoras de servicios de TIC deberán aportar el 1% de sus ingresos para conformar un fondo, administrado por el Estado nacional, que tendrá como objetivo de desarrollar infraestructura para “garantizar el acceso bajo condiciones de calidad y precio justos”. La velocidad de banda ancha promedio en Argentina (6,4MB) es claramente menor a los de países vecinos como Brasil (13,4MB), Chile (16,4MB) y Uruguay (25MB).

-Interconexión: las prestadoras de servicio tendrán “derecho y obligación” de contar con interconexiones mutuas. En los casos de empresas “con poder significativo de mercado” la Autoridad de Aplicación (no hay mayores detalles sobre cómo se conformará) podría tener más injerencia.

-No más “larga distancia”: “dejará de existir el llamado de larga distancia nacional, pagándose el mismo precio por hablar por teléfono en todo el país, desde aparatos fijos”, afirmó Berner.

De cierta forma, este proyecto intenta complementar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al incorporar la posibilidad del Triple Play. Este punto, que estaba previsto en el texto original enviado por la Casa Rosada en 2009, fue descartado durante la discusión de la norma para lograr apoyo político y asegurar su aprobación. La ley, luego de sancionada, quedó con una suerte de “desfasaje” tecnológico. Según los expertos en comunicación, la convergencia entre las empresas TIC y las audiovisuales ya está contemplado en regulaciones de otras partes del mundo, por lo que esta ley actualizaría la legislación sobre esa materia.

Para las telefónicas, el anuncio del Gobierno implica un cambio de las reglas de juego a menos de 48 horas de tener que realizar la oferta económica en la licitación de 4G, al proponer derogar la ley de telecomunicaciones y el decreto que dieron sustento legal al pliego y sobre el cual construyeron la oferta técnica y económica. “Le agrega incertidumbre y claramente pierde valor el 4G, imagino que las empresas van a pensar bien antes de presentarse el viernes”, explicó una fuente.

El Gobierno tiene previsto recaudar un piso de u$s2.000 millones en esa operación, que ya contabiliza para estabilizar el mercado cambiario.

El proyecto, además, termina de redondear una serie de ventajas a Arsat que la posicionan como posible operadora celular con bajo costo e inversión subsidiada. Tendrá asignado un “pedazo” de las frecuencias 4G de cada empresa y la posibilidad de utilizar el fondo fiduciario de $2.500 millones, que se integra con el 1% de la facturación de las empresas.