El FpV pidió que se convoque a los gobernadores por la ley de Coparticipación

Los jefes de los bloques de senadores y de diputados del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto y Héctor Recalde, pidieron al gobierno nacional que convoque a los gobernadores para discutir un nuevo reparto de la ley de Coparticipación, luego del decreto que aumentó los fondos para la ciudad de Buenos Aires.

Recalde y Pichetto mantuvieron una reunión en el Congreso Nacional para analizar el incremento dispuesto a la ciudad de Buenos Aires por decreto. «Mas allá de la inequidad de esta norma y de los cuestionamientos constitucionales», los legisladores pidieron que el gobierno nacional «abra una instancia de diálogo con los gobernadores y el Parlamento, y los convoque para discutir entre todos un verdadero federalismo para la Argentina».

En un comunicado, los jefes de las bancadas expresaron: 

«El bloque de diputados del FpV-PJ, que preside Héctor Recalde, expresa su solidaridad con los trabajadores del Grupo 23, a quienes se les adeudan salarios y sufren la incertidumbre que les produce el ostensible vaciamiento de las empresas del Grupo. Asimismo, el bloque manifiesta su repudio a las prácticas empresariales llevadas a cabo por sus propietarios, Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.

El sostenimiento del empleo y la constante mejora en las condiciones de trabajo constituyen ejes vertebradores de la política del FpV, y han guiado sus medidas cuando estuvo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Es por ello que los diputados que integramos este bloque nos comprometemos a intentar viabilizar la solución al problema que los trabajadores del Grupo nos manifestaron en la reunión que mantuvimos el 19 de enero, y llamamos a que todos los actores sociales involucrados asuman la situación con la mayor de las responsabilidades.

Cuestionaron que esa medida beneficia exclusivamente al distrito que mayor ingreso público por habitante capta.

Se encuentran en juego fuentes de trabajo y el posible cierre de medios de comunicación que aportan voces distintas al concierto que los oligopolios mediáticos acuerdan que se oiga, por lo que a la preocupación urgente respecto de los puestos de trabajo se añade la preocupación respecto al perjuicio que el cierre de estos medios podría infringir al derecho a la información de la ciudadanía. Y cuando se viola el derecho a la información, se atenta contra la libertad de los ciudadanos.

Los jefes de las bancadas se mostraron «unidos en este reclamo» y anticiparon que «trabajarán en conjunto para lograr que una nueva y más justa Ley de Coparticipación Federal se discuta en el Congreso de la Nación.

En tal contexto es que pedimos al Poder Ejecutivo Nacional que con suma urgencia instrumente las herramientas que tiene a su alcance, muchas de ellas creadas durante el gobierno del FpV, para combatir el desempleo y la situación que produce en los trabajadores la falta de pagos del salario, a fin de garantizar los puestos de trabajo, la percepción de haberes por parte de los trabajadores y la pluralidad de voces que implica la existencia de diversidad de medios con distinta línea editorial», concluyó.

Pichetto y Recalde coincidieron en que la decisión tomada por decreto «beneficia exclusivamente al distrito que mayor ingreso público por habitante capta y uno de los tiene mayores ingresos per cápita del país, en detrimento del conjunto de las provincias». La posibilidad de una reforma de una ley de Coparticipación requiere el aval de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y sus respectivas legislaturas.

A la conferencia asistieron representantes de provincias que reclaman «una mejor coparticipación», como Río Negro, Catamarca, Formosa, Santa Cruz, Entre Ríos, Tucumán, San Juan, Misiones y Chaco (provincias gobernadas por el FPV-PJ); además de Chubut y La Pampa, (en manos del peronismo disidente).

Además, en la conferencia de prensa, los diputados reclamaron la liberación de la dirigente de Tupac Amarú, Milagro Sala, se solidarizaron con los trabajadores del Grupo 23 de medios y cuestionaron la ‘Ley de derribo’ al considerar que «virtualmente, se trata de la implementación de la pena de muerte».