El FMI exige que el Estado reduzca hasta 80 mil millones en subsidios a servicios y transportes públicos y $60 mil millones en obras públicas
En los próximos meses, cuando comience a debatirse el borrador del Presupuesto 2019, tendrá lugar una batalla de dimensiones en el Congreso Nacional. Por exigencia del Fondo Monetario Internacional, el Estado Nacional deberá ajustar el 0,4% del PBI el próximo año, lo que supone una poda de $70 a $80 mil millones destinados a subsidios en tarifas de luz, agua, gas y transporte público. De aprobarse esta exigencia del FMI, los argentinos sufrirán un golpe al bolsillo peor aún peor que el actual. Además, el Fondo impone una reduccción del 0,6% en obras públicas, lo que supone unos $60 mil millones actuales. Decenas de miles de puestos de trabajo están en riesgo.
Lejos del cinismo con el que funcionarios nacionales afirmaban que el FMI «cambió», de a poco se van conociendo las exigencias del organismo multilateral de crédito para el desembolso de los u$s 50 mil millones anunciados por el (súper) ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, la semana pasada.
En este sentido, vuelvan las revisiones del FMI sobre nuestra economía nacional de manera trimestral, y entre otros aspectos en los que exigen que el Estado achique el denominado «Gasto Público» (jubilaciones, empleados estatales, recortes en Salud y Educación públicas, etc.) se conoció que además, el organismo que preside Christine Lagarde impone al gobierno del empresario-presidente Mauricio Macri, un recorte del 0,4% del PBI para 2019, que equivalen entre $70 y $ 80 mil millones, actualmente destinados a seguís subsidiando en algo las tarifas de luz, agua y gas y el transporte público de pasajeros.
Por exigencia del FMI, el Gobierno Nacional deberá recortar unos $60.000 mil millones en obras públicas
Otro de los puntos que ya levantan presión en distintos espacios, es el refereido al recorte del 0,6% del PBI para el 2019 (unos $60 mil millones de hoy. Habrá que ver cuanto representará según el Presupuesto 2019)
Por este motivo, desde Casa Rosada están desesperados por concretar uno de los peores negociados que crearon para privatizar la función del Estado: los PPP (Participación Público Privada) con los cuales no sólo terceriza la obra pública, sino que precariza el trabajo, puesto que las condiciones laborales en el marco de este proyecto son completamente regresivas para los trabajadores.
El Gobierno espera contar con unos u$S 20 mil millones de inversiones hasta el 2020, a través de los PPP, condición que hasta el momento se ve dificultada.
