El “etnocidio, genocidio y ecocidio”

La delegación del Parlasur participó del encuentro realizado por la Universidad Americana de Asunción para abordar la temática de los “Desalojos de Comunidades Indígenas y Campesinas del Paraguay”.

Las audiencias ocurrieron el 23 y 24 de agosto en un marco de diversas actividades en territorio paraguayo. La Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur se reunió con organismos públicos relacionados con la cuestión indígena, campesina y la tierra, a la vez que se hicieron recorridas por comunidades desalojadas en el interior paraguayo.
La delegación del Parlasur estuvo compuesta por la argentina Elena Corregido, Presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos; el paraguayo Ricardo Canese; el argentino Gastón Harispe y la uruguaya Betiana Díaz.

La participación en la Audiencia Pública del martes fue a aula llena, de dirigentes de las ocupaciones y colonias, organismos de Derechos Humanos y estudiantes. Más de 20 dirigentes campesinos e indígenas encontraron en el recinto oídos a sus preocupaciones; representantes de la ONU, del Ministerio Público Fiscal, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), de organismos públicos relacionados con la cuestión indígena INDI y de la tierra INDERT
El representante de la ONU, Xavier Mena, realizo su participación de manera virtual aportando valiosa información estadística: En los últimos años se realizaron 84 desalojos forzosos, 351 protestas, 33 choques y ataques armados, 23 protestas violentas, 14 muertes violentas, 104 heridos y 348 detenidos, según los registros de ACNUDH (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) sobre 493 eventos monitoreados. Afirmó que “Hay un aumento del tipo e intensidad de los acontecimientos” especialmente los de desalojos forzosos.
El Secretario General de CODEHUPY, Dante Leguizamón, destacó también el aumento de los desalojos a la vez que aumenta la pobreza y la desigualdad en la sociedad en general, pero especialmente el aumento de la pobreza indígena y campesina. Cuestionó la falta de presencia del Estado. Dijo que el 6% de la tierra está en manos de pequeños productores, mientras que el 2,6 % (grandes terratenientes) posee el 85,5 % de la superficie. Consideró que quedan despojos de la reforma agraria llevada adelante años atrás, y que el modelo de producción vigente, extractivista e intensivo, confronta con los de los campesinos y los ancestrales. Aportó un número de 125 campesinos caídos, más elevado que la ONU y citó el informe Yopojue. Como varios expositores, denunció el papel de “jueces y fiscales” que promueven los desalojos, cuestión que se agravó con la Ley Zabala Riera, que favorece la prisión preventiva de los que luchan por la tierra. La definición de “tierra mal habida” es lo que rige en parte las disputas. La generación de títulos ilegales o dobles que estudios jurídicos de especuladores y latifundistas desplazan a comunidades que son violadas en sus derechos ancestrales.

Las voces de los Pueblos Orginarios

Indígenas y campesinos relataron sus casos. María Luisa de Articulación de Pueblos Indígenas, del Pueblo Ache, denunció un “etnocidio, genocidio y ecocidio”. Dijo que el Estado no actúa. “traigo preocupación”, “situaciones de miedo que traen problemas en la psicología y violaciones”. Denunció que las transnacionales están interesadas en la tierra y que la situación va a empeorar. “mi clan ya no tiene tierra”.
Mariano Jara, del Departamento Concepción perteneciente a la Diocesis local, dice que el gobierno anunció emprendimientos que afectarán a las comunidades: pasteras y frigoríficos. Los sojeros menonitas los acosan permanentemente y los quieren desplazar de las tierras.
Isidoro, Ava Guaraní paranaense y Mario Rivarola, Mbya Guaraní, también denunciaron a los menonitas, que son un grupo religioso anglicano conservador con apoyo del gobierno. También denunciaron a los “brasiguayos”, grupo de brasileros descendiente de blancos europeos, latifundistas, que se mudaron a Paraguay y que están en en tierras de frontera. Varios también denunciaron a funcionarios, entre ellos a Mario Vega, ex funcionario del INDERT que es abogado de los terratenientes.
Todos se solidarizaron con los presos de una comunidad Kaapoti que fue desplazada recientemente y que tiene 17 presos.
Marta, de la comunidad Ava Guaraní de Canindeyú, comunidad 3 de julio, Rosa Toledo de San Pedro, Liberación también hablaron. Esta última denunció la instalación de una fábrica “alcoholera”, las plantaciones de eucaliptus (que secan los humedales) y de soja. Los pesticidas, aduce la disertante, trajeron en 3 años leucemia, canceres y otras enfermedades. “traen violación del derecho a la vivienda, tierra, salud, alimentación, agua potable, educación, justicia, vida espiritual y ancestralidad”, dijo.
Julio Martínez, Mbya Guaraní, dijo que en las tierras de la represa Itaipú la promesa de devolver las tierras a las comunidades indígenas no se cumplió nunca y que los Ava Guaraníes paranaenses fueron estafados. Ernesto Benítez es campesino, defensor de los Derechos Humanos y denunció haber sido torturado. Dijo que el Estado paraguayo es un “Estado oligárquico”. Que los latifundistas robaron 6 millones de hectáreas y que “sin territorio no hay vida” para los pueblos indígenas y campesinos.
Yudith Rolón, representante del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), dijo que “estamos en la urgencia del territorio” y que esa situación no los deja avanzar en proyectos productivos. Que los desalojos son “con aparato policial” y que acompañan las medidas cautelares para el reingreso de las comunidades como en el caso de Guapo’i. En Caapotí hubo desalojos y 17 indígenas detenidos en Ciudad del Este. La representante estatal sostiene que el alquiler de tierras genera ocupaciones, porque quien sea que las alquila con título precario o “título superpuesto” genera que el inquilino, generalmente de empresas o latifundistas fuertes, luego no se vaya.

El Estado ausente

La Dra Analía Ferreyra del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) sostuvo que “la reforma agraria de 1992 establece que los beneficiarios son las comunidades indígenas” y que 132 mil hectáreas fueron tituladas a favor de las comunidades originarias y que se impulsaron 132 sistemas de agua y distribución, pero que en 2021 se hicieron solo 5 sistemas y que este año otros 5 están en proceso de licitación. También se impulsan proyectos de piscicultura, se reparten semillas y capacitaciones. Un dato importante es que “la base de datos de catastro no está completa” por lo que se generan títulos superpuestos.
Ernesto Vicioso, de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, dijo que hay hechos de desalojos donde el Ministerio Público Fiscal no tiene participación, a la vez que se defendió diciendo que “si hay juicios sobre la tierra, el fiscal no hace procedimientos”.
Una dirigenta indígena, al finalizar la jornada y luego de la intervención de Vicioso, dijo que “estamos tocando el nido de avispas” y que “todo desalojo es violento”. También sostuvo que muchos desalojos son realizados por bandas armadas de grupos civiles que trabajan bajo el amparo del aparato judicial.
REUNIONES CON INDI e INDERT

Posteriormente a la audiencia de la Universidad Americana, la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur se reunió con el Presidente del INDI, Omar Alexander Pico Insfrán, quien asumió hace unos meses y que se mostró con voluntad de colaborar con el informe de la Comisión sobre la situación de los desalojos y a colaborar en los temas que fueron expresados en la audiencia, muchos de los cuales conocía. Ricardo Canese, parlamentario paraguayo, le extendió un estudio publicado sobre la situación de los Ava Guaraníes paranaenses que denucnian haber sido estafados por el Estado por las tierras que no les devolvieron luego de que se inundaran con la represa Corpus Itaipú.
También se realizó un encuentro con la Presidenta del INDERT, Magister Abogada Gail Gonzalez Yaluff, donde también las autoridades públicas sostuvieron problemas presupuestarios pero a la vez, voluntad para resolver los problemas que aparecen permanentemente. El problema de la información catastral y los títulos superpuestos siguió siendo uno de los temas principales.
RECORRIDA POR EL INTERIOR PARAGUAYO

Recorriendo el territorio

La segunda jornada, el miércoles 24, inició a las 5.30 horas de la mañana cuando la delegación del ParlaSur se dirigió en un microbus a visitar dos comunidades. La primera, una colonia campesina llamada Comunidad 1 de Marzo, que queda en distrito de Yvyrarovana, de departamento de Canindeyú, distante a casi 5 horas de Asunción y a una hora de la frontera con Brasil. 400 familias que poblaron una “tierra malhabida” y que habiendo repartido 10 hectáreas por familia, explotan en armonía con el medioambiente preservando los montes, tendiendo el sistema eléctrico autogestionariamente, abren los caminos y construyen sus casas con los materiales que van procurando. El establecimiento escolar para cientos de niños es una delegación de escuelas de la región. Llevan 3 desalojos a lo largo de 10 años, pero resisten el intento permanente de bandas parapoliciales armadas de los sojeros y terratenientes que los asedian en zonas aisladas de la extensión del territorio. La asamblea se realizó con mucha participación de líderes campesinos del establecimiento y mujeres que desarrollaron el proceso de “empoderamiento” a partir de la lucha y el trabajo. En el encuentro con el Parlasur, denunciaron los abusos constantes, los procesamientos actuales y detenciones pasadas, a la vez que están alertas por la marcha del expediente judicial que supone más pedidos de desalojos y detenciones por parte del Poder Judicial.
En la colonia Hugua po’i, Municipio Raul Arcenio Oviedo, Departamento de Caaguazú, la comunidad Mbya Guaraní allí residente recibió a la delegación bajo unos árboles en medio de un calor característico. Las carpas naranjas y los ranchos de nylon negro distribuidos hasta una colina y un monte en el horizonte, muestran la violencia de los últimos desalojos, donde la policía pasó con máquinas sobre las viviendas precarias de las familias indígenas. Estas “tierras ancestrales” eran tierras malhabidas que grupos presuntamente sojeros quieren quedarse, decía el líder comunitario, mientras muchas mujeres con decenas de niños y niñas, algunas amamantando, escuchaban atentamente, entremezcladas con varones que asentían cada vez que se decía que esas tierras les pertenece y que prometían resistir. El intercambio con las Parlamentarias y los Parlamentarios fue muy fructífero y pidieron ayuda en el expediente judicial, al que se dijo, adosarán el informe de ambos días de análisis sobre la situación de la lucha por la tierra y los desalojos que crecen.
Un niño fallecido en el desalojo es uno de los tristes saldos humanos, ambientales, económicos, culturales y sociales en general de los desalojos forzosos a comunidades indígenas. La bandera paraguaya en la puerta y de los movimientos sociales que apoyan las luchas, flanquean el ingreso.

Desalojos: El resultado de la avaricia

El parlamentario Gastón Harispe, de Argentina, Jefe de Bloque del Frente de Todos del Parlasur, sostuvo que “la expansión de un modelo extractivista en toda la región, acrecienta la voracidad de los grupos económicos que procuran ampliar su producción y ganancias con más tierras, las que son algunas veces quitadas a campesinos e indígenas, que migran a las ciudades. La falta de atención de los Estados a los problemas de la ruralidad pobre como educación, salud, caminos, electricidad, internet entre otros, genera migraciones. Estos procesos son alentados con violencia por las oligarquías financieras locales en connivencia con los aparatos judiciales. La commodityzación de la vida social y económica hace que los que no producen soja, eucaliptus o algo para exportar, sean descartados de la sociedad y desplazados de los medios de producción como la tierra”. Por último, sostuvo que “La solidaridad de los movimientos campesinos, los movimientos sociales y el desarrollo de la economía de abajo y solidaria es el único remedio ante la fuerza brutal del capital. Debe haber una forma de organización donde convivan todos los sistemas, sin que uno, el del comercio exterior, someta al otro, el de la producción de alimentos y el buen vivir”.