Al frente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña viene desobedeciendo fallos judiciales con total impunidad desde hace años, cerrando salas, grados, cursos y escuelas enteras. Esta vez, la movilización de los estudiantes evitó un nuevo atropello.
En plena pandemia, durante la noche del sábado 25 de julio, la ministra organizó la mudanza clandestina del mobiliario y herramientas de la Escuela Taller del Casco Histórico de la calle Brasil al 200, una escuela de formación en artes y oficios orientada a la conservación y restauración de bienes culturales de valor patrimonial y a la producción de objetos de elaboración artesanal.
La escuela está judicializada porque la quieren demoler y los estudiantes vienen resistiendo este atropello. El terreno es codiciado por emprendedores inmobiliarios. Pero la ministra tuvo mala suerte. Una vecina vio el operativo y llamó a los estudiantes, que se presentaron con denuncia policial y pararon el vaciamiento del edificio.
Otros antecedentes
No es la primera vez que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intenta estas maniobras a escondidas de las comunidades educativas. Recordemos que hace un año Horacio Rodríguez Larreta intentó lo mismo cuando toda la comunidad estaba luchando por No al Cierre del Jardín del Hospital Ramos Mejia. Aplicando la misma modalidad, llegaron camiones a vaciar el edificio en medio de un proceso judicial.
Funcionarios que bailan y festejan en plena pandemia dentro del edificio del Ministerio. Una ministra que opera sigilosamente por las noches y desconoce la autoridad de los jueces, como lo hace cuando le ordenan otorgar vacante a los niños en lista de espera. O cuando se niega a otorgar alimentos suficientes y saludables, o dispositivos que garanticen la conectividad.
Reiteradas muestras de la insensibilidad social y la impunidad de una gestión que desconoce las necesidades de las familias porteñas y se burla de la justicia. Un gobierno que privatiza permanentemente espacios públicos, que pretende poner en venta incluso escuelas ubicadas en edificios con valor histórico para convertirlas en negocios inmobiliarios en vez de protegerlas.
A los 25 mil niños sin vacante, se sumarán miles más que no podrán seguir pagando las cuotas de escuelas privadas debido a la crisis económica. Pero el gobierno de Larreta, lejos de intentar prevenir el colapso del sistema de educación público, se dedica a cerrar escuelas y venderlas a espaldas de la gente.
